El parlamento de Venezuela desautorizó un endeudamiento internacional del gobierno, con el que se planeaba iniciar un fondo de recuperación del sistema financiero privado.
El gobierno, por su parte, pactó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) un programa económico de ajustes que incluye el desarrollo de un sistema financiero "sano", a partir de una acelerada recapitalización.
Los bancos que en los próximos meses no cumplan con los programas de capitalización que se comprometan a efectuar serán intervenidos (estatizados), determina el pacto gobierno-FMI divulgado este viernes por el diario económico Reporte.
Según el documento, el plazo -ya iniciado- para reprogramar las deficiencias de capital de los bancos será de 90 días, estableciéndose "medidas de urgencia para evitar pérdidas", y la reacción ante incumplimientos sería intervenir las entidades.
La comisión de finanzas de la Cámara de Diputados -que tomará la decisión definitiva- aprobó por amplia mayoría rebajar de 1.596 a 983 millones de dólares las autorizaciones de endeudamiento externo del gobierno.
La rebaja incluyó desautorizar el crédito de 200 millones de dólares que la Corporación Andina de Fomento -brazo financiero del grupo andino- acordó hace un mes para iniciar el fondo de recuperación bancaria de Venezuela.
Aportes que se negociarían con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, más recursos domésticos, llevarían el nuevo fondo a contar con unos 1.100 millons de dólares, según dijo el ministro de Hacienda Luis Matos.
Esa cifra se asemeja al patrimonio total de la banca comercial, 1.187 millones de dólares al cierre de junio según la firma de consultoría Softline, y al de toda la banca venezolana, 1.380 millones de dólares.
El ministro de Planificación, Teodoro Petkoff, reiteró este viernes que el fondo "no se propone comprar las malas carteras de la banca", sino anticiparse a erogaciones para capitalización de los accionistas de bancos, y "sobre todo a mejorar la capacidad de control de la Superintendencia de Bancos".
Por otra parte, Petkoff dijo que el convenio con el FMI para intervenir bancos que no se recapitalicen según programas específicos "es sólo una precaución, no habrá apresuramiento". "Cruzaremos el puente únicamente cuando lleguemos al río", indicó.
Un directivo de un banco privado, que requirió el anonimato dijo a IPS que "un fondo de capitalización es adecuado, pero el problema está en el cómo, en la definición de objetivos, parámetros y modos de funcionamiento".
Advirtió que "buena parte de la confusión se debe a la riada de declaraciones oficiales contradictorias, pues se comenzó hablando de un fondo para comprar carteras bancarias con problemas o para nuevas modalidades de auxilio financiero".
Luego "se planteó como un fondo de capitalización para bancos que lo requieran, después como soporte de procesos de fusiones entre ancos grandes y chicos y finalmente el superintendente de bancos, Fracisco Debera, confesó que no había claridad acerca del objeto del fondo", dijo el ejecutivo.
En el ánimo de los parlamentarios que desautorizaron el primer crédito para el nuevo fondo privó la ausencia de un diseño y programas específicos para su operación, y también el rechazo a utilizar dinero público para capitalizar la banca privada.
Cuando la banca experimentó la crisis de 1994, con olas de quiebras que alcanzaron a 17 bancos comerciales -de los 47 entonces existentes- el Tesoro Público erogó más de 7.000 millones de dólares en auxiliarlos, pagar a depositantes y sostener con puertas abiertas algunas entidades.
El sector salvado a ese costo -16 puntos del Producto Interno Bruto (PIB)- presenta al cierre de junio 11.700 millones de dólares en activos y 1.380 millones de dólares en patrimonio, para un país de 22 millones de habitantes y un PIB cercano a los 50.000 millones de dólares.
"Es inmoral que nos endeudemos en dólares para apuntalar un sistema financiero que debe apuntalarse a sí mismo", declaró el ex banquero y diputado socialdemócrata Carmelo Lauría.
Según el informe de Softline, los retos del sector son el fortalecimiento patrimonial, sanear las carteras de créditos, retornar a la intermediación crediticia una vez que se restablezcan los equilibrios macroeconómicos, controlar costos y mejorar los sistemas de regulación y supervisión.
Ejecutivos bancarios consultados por IPS agregaron que se requiere un esfuerzo de entes oficiales para diagnosticar y clasificar los bancos, según sus grados de solvencia y necesidades de recapitalización, y sobre todo facilitar la recuperación de la intermediación.
Ello porque mientras la cartera de créditos de la banca comercial se cifró en junio en unos 2.860 millones de dólares, las inversiones en valores sumaron 3.670 millones.
De las inversiones en valores, 3.480 millons de dólares corresponden a papeles públicos, a donde se drenan recursos ausentes de su uso por particulares.
La exigencia combinada de recapitalización acelerada, posposición del fondo de rescate bancario o disminución de sus recursos puede colocar a un segmento de la banca a las puertas de una nueva crisis.
Como paraguas opera la exigencia del FMI para que el país cuente con un sistema financiero efectivo. Según Lauría, los organismos multilaterales buscan concertar nuevos préstamos para que, en el proceso, se les cancelen atrasos de deudas. (FIN/IPS/hm/dg/if/96
