Cuando se acerca a la mitad el quinquenio que inició en febrero de 1994 el presidente de Venezuela, Rafael Caldera, el desempeño de la economía, la sociedad y la política parece llegar a su curva más baja.
Un programa de ajuste lanzado en abril disparó la inflación, contrajo la demanda, mantuvo la desinversión y el desempleo, y las señales positivas recibidas desde organismos multilaterales de crédito están aún muy distantes de la microeconomía.
Junio fue un "mes negro" en seguridad y derechos humanos, con el espectacular asesinato de un abogado, que según analistas entroniza el trabajo de sicarios en Venezuela, y la ejecución extrajudicial de unos asaltantes por parte de la policía, con evidencias transmitidas al país por televisión.
La vida política sigue restringida a luchas de pasillo y declaraciones de prensa, con desinterés de la ciudadanía, que ubica como la opción número uno en todas las encuestas, como candidata a la presidencia en el lejano 1998, a Irene Sáez, ex Miss Universo y apartidista alcaldesa de un municipio caraqueño.
Los dos episodios políticos más importantes de esta mitad del quinquenio de Caldera giraron en torno a su predecesor y rival histórico, Carlos Andrés Pérez, reflejo de que la conducción del país aún mira más al pasado que al porvenir.
El 30 de mayo, la Corte Suprema de Justicia que pidió separar a Pérez de la presidencia en 1993, y lo juzgó desde 1994, lo condenó a permanecer arrestado en su residencia hasta septiembre por distraer fondos de una partida secreta para una operación de ayuda policial a Nicaragua, cuando gobernó en 1989-1993.
El 3 de julio, el Senado despojó a Pérez de su condición de senador vitalicio (condición que adquieren los ex presidentes), y entonces el político socialdemócrata de 73 años anunció que se lanzará como candidato a senador en los comicios de 1998.
El cuadro, finalmente, se refleja en las encuestas, y la última de la firma Mercanálisis, en ocho ciudades del país, mostró que 79 por ciento de la población considera negativa la gestión del gobierno y 74 por ciento desaprueba al presidente.
Para los sondeos de Mercanálisis se trata de niveles históricos de desaprobación a gobiernos democráticos en trance de intentar una rectificación económica.
Más aún, pese al esfuerzo del gobierno por comunicar que el ajuste permitirá abatir la inflación este semestre (fue de 62,3 por ciento en el primero de 1996) y reanimar la economía en 1997, 55 por ciento de los encuestados por Mercanálisis cree que la situación empeorará en los próximos 12 meses.
Para el ministro de Planificación, Teodoro Petkoff, líder socialista que promueve el plan de ajustes bajo la sombrilla del Fondo Monetario Internacional (FMI), "la gente tiene razones para estar descontenta, pero peor sería sin el programa".
Según Petkoff "comienza a verse luz al final del túnel", con la menor inflación de junio y el anuncio de que el directorio del FMI aprobará el día 12 un acuerdo con Venezuela y un préstamo de contingencia por 1.400 millones de dólares.
El acuerdo con el FMI "es importante, más que por el monto del préstamo, porque nos abre el crédito internacional y atraerá inversiones", dijo el ministro de Hacienda, Luis Matos.
Organismos como la Corporación Andina de Fomento aprueban desembolsos para programas enmarcados en el plan de ajuste denominado Agenda Venezuela, y empresas internacionales de consultoría asumen la organización del proceso de privatizaciones y consideran ineludibles y convenientes las medidas del gobierno.
Pero el ajuste es el segundo en siete años y llega al cabo de 18 años de caída continua en el salario real, sobre un clima donde un promedio entre cifras de organismos oficiales y no gubernamentales ubica la pobreza en 80 por ciento y la crítica o extrema en cerca de 40 por ciento.
De una fuerza laboral de ocho millones de personas, el desempleo abarca entre 12 y 20 por ciento, según hablen el gobierno o los sindicatos, la mitad de quienes trabajan lo hacen en el sector informal, y de la otra mitad el 50 por ciento son trabajadores que devengan el ingreso mínimo.
Caldera, que fue un crítico tenaz del "recetario" y de la "insensibilidad social" del FMI antes de dar un golpe de timón con su programa de abril, todavía es renuente a las medidas más duras requeridas por el programa avalado por el FMI.
Después de leer pancartas contra despidos de trabajadores del aluminio en el sudeste del país, Caldera rechazó un proyecto de Petkoff para reducir la nómina de obreros de la administración pública, informó el diario caraqueño El Nacional.
Por la dura situación, empresarios que producen o comercian alimentos se reparten culpas o buscan acuerdos para bajar sus precios, y los comerciantes piden diferir los nuevos impuestos, con los que el gobierno trata de enjugar el déficit fiscal.
A partir de agosto Venezuela tendrá una de las tasas de impuesto a las ventas más altas del mundo: 16,5 por ciento.
"La gente se ha comportado de manera comprensiva, porque sabe que estamos poniendo las bases de la estabilidad económica", dijo Caldera en un mensaje al país este viernes, 185 aniversario de la independencia.
Según los planificadores oficiales, la inflación se abatirá a fines de 1996 y la economía se recuperará a partir de 1997. Quizá ese repunte anime la sociedad y la vida política venezolana salga de la curva de postración en que se encuentra bajo el gobierno de su octogenario presidente. (FIN/IPS/hm/ag/ip/96
