La legalización de los casinos en Venezuela se abría paso con una discusión acelerada en el parlamento, pero la Iglesia Católica logró retrasar la aprobación de esa ley para fines de año, buscando encajar algunas modificaciones.
Proscritos según leyes nacionales, los casinos y salas de juego que se les asemejan proliferaron en los últimos años, al amparo de la autonomía ganada por los municipios, varios de los cuales, en áreas turísticas del litoral Caribe, apadrinaron esos establecimientos.
Sucesivos gobiernos han considerado al turismo como un sector prioritario para el desarrollo y el actual ha buscado agregar atractivos para privatizar la infraestructura hotelero-turística en manos del Estado, 40 por ciento del sector.
Venezuela, visitada en 1995 por 600.000 turistas que dejaron 700 millones de dólares, espera competir con otras plazas del Caribe, agregando la opción del juego de lujo a su oferta paisajística de playas, selvas, llanuras y montañas.
Adicionalmente, el parlamento comenzó a elaborar en 1994 un borrador de ley nacional sobre los casinos, para regularlos, pues ha surgido alrededor de un centenar, con escaso control, y para obtener impuestos distintos a los municipales.
"El proyecto no está destinado a auspiciar la proliferación de casinos", dijo la diputada socialdemócrata Ixora Rojas, de la comisión de turismo del parlamento, "pues las operaciones serán autorizadas en hoteles de cinco estrellas o centros especialmente acondicionados con ese fin".
La explotación de casinos la efectuarán "personas naturales o jurídicas (empresas) con habilidad financiera, integridad y responsabilidad, y evidencias claras sobre honestidad y reputación de empresarios", agregó Rojas.
El parlamento tomó esa iniciativa "no porque sea o no partidario de los casinos sino porque es intérprete de fenómenos sociales", señaló Rojas.
Tras el ingreso del texto al Senado para su sanción definitiva, el día 12 la conferencia de los obispos católicos quebró lanzas en contra de la "cultura del juego" y en favor de "una cultura del trabajo".
"Es un espejismo y una falacia hacer creer que una ley de casinos ayudará a mejorar el nivel de vida de los venezolanos", dijeron los obispos y reclamaron aplazar la ley "para consultar a quienes tienen algo que decir en un asunto tan grave para la calidad de vida moral y espiritual".
También se pronunciaron contra la ley algunos gobernadores regionales y líderes de opinión, pero fue la Iglesia, apoyada en su condición de ser la institución de mayor credibilidad según todas las encuestas, la que detuvo la aprobación por el Senado.
Una reunión entre el alto clero y los jefes del Senado decidió este martes aplazar por lo menos hasta octubre la aprobación de la ley, a fin de introducir correctivos, comenzando por el nombre, que a pedido de la Iglesia sería "Ley de Control de Casinos".
El clero también solicita que la legislación sobre casinos se separe de la referida a salas de bingo y de máquinas traganíqueles.
La mezcla "es un Caballo de Troya para ablandar espíritus y voluntades y poder, en un futuro cercano, ampliar los permisos para cualquier tipo de juego", señaló el influyente arzobispo de la ciudad de Mérida (Andes del suroeste), Baltazar Porras.
Porras criticó facilidades que la ley otorga a los casinos, en comparación a normas que deben cumplir otras empresas, para contratar personal extranjero o pagar como impuesto ocho por ciento de los ingrsos brutos.
"Es insignificante. Y no puede ser que cualquier otro venezolano por comprar un electrodoméstico pague el doble como impuesto al lujo (impuesto a las ventas al mayor)", dijo Porras.
Pero la Iglesia reclama sobre todo por el impacto en la "cultura del juego" de la población. Los 22 millones de venezolanos arriesgan en apuestas legales o clandestinas unos tres millones de dólares diarios, según investigaciones privadas.
Esa cifra representa más de 1.000 millones de dólares anuales, unos tres puntos del Producto Interno Bruto a precios corrientes o los presupuestos de los ministerios de Salud y Defensa juntos.
Los obispos desconfían de la orientación de los casinos hacia jugadores extranjeros hospedados en hoteles de cinco estrellas. "Los que tienen holgados medios de fortuna no van a cambiar los nuevos casinos por los de otros sitios del Caribe", dijo Porras.
Recordó que el texto legal impone como requisito de ingreso al casino sólo el documento nacional de identidad. Si se mantiene "dentro de poco asistiremos al triste espectáculo de ver a gente de escasos recursos dilapidando el pan de sus hijos bajo el fulgor de una ruleta", dijo.
La Iglesia Católica objetó, en esa dirección, que el texto autorice la publicidad de los casinos en radio y televisión. Los senadores "tomaron nota" de la petición pero parecen poco inclinados a satisfacerla.
Aceptando a regañadientes tanto los casinos como su ley, el clero católico optó por la negociación para modificar las normas de la nuva actividad lúdica, y el presidente del parlamento, el socialista Cristóbal Fernández, comentó que el nuevo texto "cuenta ahora con la Iglesia como nuevo aliado". (FIN/IPS/hm/dg/cr-pr/96
