El gobierno y los partidos políticos de Nicaragua se enfrentan por el monto de la ayuda financiera el Estado a la campaña para las elecciones del 20 de octubre, y tampoco hay consenso sobre el asunto en el Consejo Supremo Electoral (CSE).
La ley electoral obliga al Estado a conceder apoyo financiera, ya sea en forma de asignación o préstamo, a los partidos y las llamadas asociaciones de suscripción popular (grupos cívicos que presentan candidaturas municipales) que participarán en los comicios.
El presupuesto general de gastos contempla un monto de ayuda a los partidos equivalente a 15 por ciento de los recursos destinados al CSE. Pero las interpretaciones difieren a la hora de traducir ese porcentaje a cantidades absolutas.
"Para mí, el asunto es muy simple. El 15 por ciento deberá salir de los 117 millones de córdobas (más de 13 millones de dólares) que corresponden a los recursos propios" asignados al CSE, dijo a IPS el ministro de Finanzas, Emilio Pereira.
Según la base de cálculo utilizada por Pereira, se deberá entregar unos dos millones de dólares a los partidos y demás grupos que presentan candidatos a las elecciones.
"Si se tomaran recursos del rubro de donaciones, se reduciría sustancialmente el presupuesto" del CSE, y ese organismo se vería obligado a "buscar fondos externos", señaló el ministro.
El CSE dispone de 227 millones de córdobas (algo más de 26 millones de dólares) para organizar los comicios de octubre. Pero 109,6 millones corresponden a donaciones de la comunidad cooperante internacional.
El gobierno y algunos miembros del CSE se oponen a extraer dinero para los partidos de las donaciones, mientras los líderes políticos exigen que el monto destinado a la financiación de la campaña electoral se calcule sobre el total de recursos con que cuenta el Consejo Electoral.
Según el criterio manejado por los partidos, la cantidad a distribuir entre los partidos sería de casi cuatro millones de dólares, en lugar de los dos millones previstos por el ministro de Finanzas.
Representantes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo y del CSE se han reunido varias veces para discutir el caso, pero sin lograr acuerdo.
La cuestión debe estar dilucidada el próximo viernes, ya que la ley obliga al CSE a empezar el sábado a distribuir los fondos electorales a los partidos y asociaciones cívicas participantes en las elecciones.
La presidenta del CSE, Rosa Marina Zelaya, desestimó opiniones que creen ver riesgos para la celebración de elecciones en la polémica en curso. "Hay solución y vamos a encontrarla", aseguró.
Altos funcionarios gubernamentales sugirieron la aprobación de un impuesto extraordinario para financiar a los partidos, pero la iniciativa fue rechazada por el ministro Pereira y por integrantes de la Comisión Económica del parlamento.
Todo parece indicar que se recurrirá a la comunidad cooperante internacional en busca de más recursos, aunque esa vía no tiene el visto bueno de todos los integrantes del CSE.
"En lo personal no soy partidario de sacar recursos de las donaciones, porque creo que la comunidad internacional no tiene por qué financiar las actividades de los partidos", dijo a IPS Roberto Rivas, miembro del CSE.
Los dos millones de dólares que el Ministerio de Finanzas propone distribuir resultan insuficientes para financiar la campaña electoral de 28 partidos políticos y 43 asociaciones de suscripción popular registrados oficialmente.
Los principales partidos se proponen pagar entre 25 y 50 por ciento de sus gastos electorales con la ayuda del Estado. Los grupos que no logren representación en el parlamento o en órganos municipalales deberán devolver esa asistencia en un plazo de cinco años, con un interés de tres por ciento anual.
"Nosotros no esperamos menos de 400.000 dólares. Eso es lo que tenemos calculado en nuestro presupuesto", informó a IPS el ex vicepresidente Sergio Ramírez, candidato a la presidencia por el Movimiento Renovador Sandinista (MRS).
El MRS fue creado en mayo de 1995 por Ramírez y otros disidentes del izquierdista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y cuenta con 20 diputados, sobre 92 integrantes de la Asamblea Nacional.
Mientras, Alfredo César, candidato por la alianza centroderechista UNO 96, aseguró a IPS que su presupuesto de campaña se eleva a unos cuatro millones de dólares, en concepto de publicidad, movilización y apoyo logístico.
Con el financiamiento estatal, César pretende cubrir una cuarta parte de los gastos totales, ya que su alianza está integrada por cuatro partidos legalmente inscriptos y con representación parlamentaria.
"Estamos a las puertas de iniciar oficialmente la campaña electoral", anunciada para el 2 de agosto, "y aún no hemos recibido los fondos estatales. Esto es muy grave", advirtió César. (FIN/IPS/rf/ff/ip/96)
