En un hecho considerado histórico, el gobierno y los cuatro principales partidos políticos de México concertaron un paquete de reformas dirigidas a democratizar al país tras 19 meses de negociaciones marcadas por periódicos rompimientos.
Los líderes de los partidos y representantes del presidente Ernesto Zedillo acordaron fijar límites a los gastos de campañas políticas, sacar al Ejecutivo de los órganos electorales, designar senadores bajo el principio de representación proporcional y crear mecanismos de protección de derechos ciudadanos.
La reforma electoral contribuirá a la estabilidad del país, dijeron este viernes portavoces oficiales, mientras varios de los actuales consejeros ciudadanos del Instituto Federal Electoral opinaron que los acuerdos alcanzados constituyen "un extraordinario fenómeno de consenso" que da certidumbre al país.
En México, donde el Partido Revolucionario Institucional (PRI) gobierna ininterrumpidamenten desde 1929, los procesos electorales han sido continuamente cuestionados. Hasta 1988, las elecciones presidenciales eran controladas y avaladas directamente por el Ejecutivo.
La noche del jueves y luego de que circularon versiones de que la reforma fracasaría, la Presidencia convocó a la prensa a la firma del acuerdo.
Zedillo dijo "es un paso decisivo e irreversible en la construcción del pleno desarrollo democrático con que México llegará a un nuevo siglo".
El acuerdo, que el Congreso aprobará en un período extraordinario que iniciará la semana próxima, implica modificaciones a 17 artículos constitucionales y la expedición de 15 normas transitorias referentes a la elección de consejeros ciudadanos y del primer jefe de gobierno de la capital en 1997.
Los compromisos para negociar reformas institucionales fueron firmado en enero de 1995, pero discrepancias políticas, denuncias de fraudes electorales y críticas al manejo oficial de la crisis económica estallada en diciembre de 1994 interrumpieron varias veces las negociaciones.
Finalmente, el acuerdo lo suscribieron autoridades de gobierno y los presidentes del PRI y de los partidos opositores Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT), los únicos con representación en el Congreso federal.
"Esta es la reforma de la transición, de un cambio sustantivo para abandonar todo vestigio de autoritarismo e ingresar a un régimen democrático y plural", señaló Porfirio Muñoz, presidente del PRD, fuerza que en 1988 asegura haber perdido la elección presidencial por un "descarado fraude" a favor del PRI.
Para Santiago Oñate, líder del PRI, los acuerdos suscritos "deben derivar en una nueva práctica política de entendimiento y de diálogo".
Felipe Calderón, dirigente del PAN, primera fuerza de oposición, sostuvo de su parte que los acuerdos para la reforma "representan una esperanza, pero no significa que la transición política haya culminado".
El PRD, el PAN y el PT se retiraron por varios períodos de los diálogos con el PRI y el gobierno, el más largo entre febrero y octubre de 1995.
El analista Jorge Castañeda, autor de varios libros sobre la política mexicana y columnista de medios escritos, opinó que la reforma es positiva, "pero apenas un primer paso", pues quedan por concertar muchos detalles.
El sistema político de México, que años atrás el escritor peruano Mario Vargas Llosa llamó "la dictadura perfecta", parece caminar finalmente hacia una nueva era, sostuvo Castañeda.
El consejero ciudadano del Instituto Federal Electoral José Woldenberg pidió a la población "ponderar muchisímo lo que se logró por ser producto de un consenso entre las principales cuatro fuerzas políticas del país".
Sectores de oposición, encabezados por la guerrilla zapatista del sureño estado de Chiapas, han criticado el proceso de negociación de las reformas, argumentando que corresponde únicamente a la cúpulas de los partidos políticos y no a la sociedad.
A inicios de mes y con apoyo de diputados, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y decenas de organizaciones sociales se reunieron en Chiapas para definir sus propias propuestas de reformas constitucionales y alentar la formación de un frente opositor.
Tras la cita, los diputados recibieron las propuestas pactadas y luego las entregaron al Congreso para su análisis. A diferencia de las reformas acordadas entre los partidos, las demandadas de la guerrilla no tienen consenso en el parlamento.
En lo prinicipal el EZLN y sus seguidores demandan llamar a una Constituyente que dicte una nueva carta magna, aprobar reformas para que el poder electoral esté dirigido por ciudadanos independientes y para que se garantice el llamado periódico a plebiscitos y referendos.
Además se pide reconocer la posibilidad de presentar candidaturas independientes para los cargos de elección popular en base a coaliciones y cambiar el modelo "basado en el neoliberalismo". (FIN/IPS/dc/dg/ip/96)
