Los empresarios uruguayos crearon una nueva cámara comercial para canalizar inversiones y aumentar las exportaciones, que se mantienen rezagadas frente al volumen de compras en el exterior.
La llamada Cámara Comercial de Inversiones y Tecnología fue inaugurada el fin de semana por empresarios que este mes participaron de un viaje del presidente Julio Sanguinetti a Malasia.
El nuevo grupo gremial se suma a las influyentes Cámaras de Industrias y de Comercio y a la Unión de Exportadores, en una carrera por revertir la crisis que afecta a la industria y a las empresas locales.
Según los últimos datos del Banco Central, el déficit de la balanza comercial llegó a fines de marzo a 816 millones de dólares.
En los 12 meses comprendidos entre abril de 1995 y marzo de 1996, las exportaciones uruguayas alcanzaron a 2.084 millones de dólares, frente a importaciones por 2.900 millones.
Las ventas a Argentina, Brasil y Paraguay, socios de Uruguay en el Mercado Común del Sur (Mercosur) representaron 47 por ciento del total. Brasil adquirió la tercera parte de todos los productos exportados por Uruguay.
La captación de nuevos mercados, en particular en la zona de influencia de los "tigres" asiáticos, se ha convertido en uno de los objetivos del gobiernos uruguayo, que considera a Malasia la puerta de entrada a la Asociación de Naciones del Sudeste de Asia.
Los últimos datos disponibles indican que Uruguay exportó el último año a Malasia por 17 millones de dólares, con un incremento de 400 por ciento desde 1993.
Mientras, las compras de Uruguay a Malasia crecieron de 2,8 millones de dólares en 1993 a 6,1 millones en 1995.
La comitiva de Sanguinetti obtuvo en Kuala Lumpur el compromiso de un grupo malasio de construir en Montevideo una pequeña ciudad satélite con una inversión inicial de 400 millones de dólares.
"En Uruguay no hay impuesto a la renta", dijo el ministro de Economía Luis Mosca ante un grupo de inversionistas malasios, mientras sus asesores explicaban el contenido de un proyecto de ley de fomentar de las inversiones.
Además de la ciudad satélite, empresarios de Malasia también anunciaron que se disponen a construir hoteles y a realizar otro tipo de inversiones.
El objetivo de la Cámara Comercial de Inversiones y Tecnología consiste en conformar un grupo permanente encargado de colaborar con los próximos viajes presidenciales, informó Luis Franco, coordinador de la nueva institución.
"Apuntamos a que continúen las inversiones y el aporte de tecnología, como por ejemplo en el área química, un sector en que Brasil tiene la preminencia" en la región, dijo Franco.
Añadió que existe interés concreto del sector privado de Malasia en invertir en Uruguay mediante la asociación con empresas locales y "atender desde aquí otros países de América Latina".
Las exportaciones se han convertido en uno de los principales puntos de mira de las cámaras de empresarios de Uruguay.
Las empresas que dirigen su producción a los mercados externos señalan el problema del atraso cambiario, que entre 1991 y 1994 determinó un aumento de 100 por ciento de costos en dólares, señaló el vicepresidente de la Unión de Exportadores, Carlos Langwagen.
Langwagen reclamó reducir el peso del Estado sobre el sector privado, porque "no hay perspectivas buenas" en el horizonte.
La infraestructura legal en torno de las exportaciones también preocupa a los empresarios, que solicitan modificaciones de orden legislativo para reactivar la industria.
El gobierno cree que una ley para la promoción de inversiones será uno de esos caminos, ofreciendo al inversor reglas de juego estables y una reducción de costos.
El proyecto faculta al Poder Ejecutivo a financiar el pago de algunos impuestos y a otorgar exoneraciones tributarias, con el objetivo de reducir costos laborales y de otra índole.
Pero este lunes surgió una valla técnica que puede postergar la aprobación parlamentaria de la iniciativa. Un informe del Instituto de Finanzas de la Facultad de Derecho advirtió a los legisladores que el proyecto contiene cláusulas inconstitucionales.
Según los expertos universitarios, el proyecto viola el principio de legalidad en materia tributaria y desconoce el principio de igualdad ante las cargas públicas. (FIN/IPS/rr/ff/if/96
