Los gobiernos de España y México acordaron hoy que entre en vigencia un nuevo tratado de extradición, seis semanas después de la fecha prevista, tras superar discrepancias sobre su retroactividad.
En un comuninado, la Cancillería mexicana informó que delegados de los dos países acordaron que el tratado "no resultará aplicable a los procedimientos de extradición que hayan sido resueltos con anterioridad a su entrada en vigor".
El instrumento, firmado en junio de 1995, no pudo entrar en vigencia el mes pasado, como se había planeado, pues el gobierno de José María Aznar pedía que tenga un carácter netamente retroactivo, medida que México se negaba a aceptar.
Tras las negociaciones, ambos países lograron convenir que la expulsión no se aplicará a personas ya juzgadas previamente en procesos de extradición o que hayan conseguido asilo por parte de una de las partes.
Según políticos locales, el tratado fue creado "especialmente" para detener a personas vinculadas al grupo separatista vasco ETA que estarían viviendo en México.
El tratado, negociado originalmente con el gobierno español de Felipe González, modifica uno vigente desde 1989 e incluye nuevas causas de extradición como deudas al fisco y señala que el terrorismo no puede ser considerado un delito político.
Informes extraoficiales indican que en México viven entre 120 y 200 simpatizantes de ETA, la mayoría de los cuales no tendrían vínculos con las acciones militares que lleva a cabo ese grupo en España.
A raíz de la firma del nuevo convenio, dos vascos fueron expulsados de México con el argumento de que no tenían sus documentos migratorios en regla. Uno más espera, luego de haber sido detenido, que se le otorgue asilo. (FIN/IPS/dc/dg/ip/96)
