El despliegue de nuevos agentes de Estados Unidos en la frontera con México redujo la inmigración ilegal a California, pero un grupo "vigilante" está inmerso en una batalla legal contra activistas y autoridades de aeropuertos.
El grupo ha realizado "patrullas" del aeropuerto de la ciudad fronteriza de San Diego, y sostiene que sus autoridades ayudan a "exportar" inmigrantes indocumentados a ciudades en el interior de Estados Unidos.
En documentos entregados a la corte, el grupo se autodenomina Patrulla de Ciudadanos de Estados Unidos (U.S. Citizens Patrol) y afirma que sus 400 integrantes sólo supervisan a personal de aeropuertos para asegurarse que revisen la identificación de los pasajeros.
Una corte de condado prohibió temporalmente estas patrullas en el aeropuerto de Lindbergh, tras un enfrentamiento en mayo entre vigilantes y latinos.
El grupo vigilante sostiene que no establece contacto con los viajeros y que las camisas que visten sus miembros "no están diseñadas para simular un uniforme del Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) o la Patrulla de Frontera".
Cuando inició su campaña, unos seis meses atrás, el grupo se autodenominó "Pelotón de Aeropuerto Roger", en nombre de Roger Hedgecock, ex comandante de San Diego que ahora conduce un programa radial derechista.
Pero en abril, el pelotón proclamó en Internet que "pedía identificación a los ilegales" y causaba su "dispersión" en lugar de permitir que abordaran aviones, y presentó una descripción de la "camiseta oficial de la Patrulla de Ciudadanos RH (Roger Hedgecock).
Sarah Mason, fiscal del distrito porturario de San Diego, señaló que funcionarios del aeropuerto se presentaron ante la corte cuando el enfrentamiento de mayo interrumpió las operaciones.
La Federación de Chicanos apoya a las autoridades del aeropuerto en su solicitud de un decreto permanente contra el pelotón, dijeron Mason y Roberta Sistos, abogada de la organización latina.
Win Housley, fundador del pelotón, explicó al periódico USA Today la forma en que identifican a los inmigrantes ilegales. "Están nerviosos. Visten ropa fuera de moda. Cuando hablan entre sí, siempre es en español".
La intervención del gobierno, hasta ahora, sólo parece conformar a quienes se oponen a la inmigración.
El fiscal de San Diego Alan Bersin anunció, durante su participación como invitado en el programa radial de Hedgecock, que "la Patrulla de Ciudadanos solicitó a la policía federal FBI que supervisara la situación".
El FBI, sostuvo Bersin, indicó que "no habían violaciones a la ley federal, tampoco en términos de acosar a la gente dentro del aeropuerto o presentarse como oficiales federales".
En entrevista con IPS, Sistos calificó la investigación del FBI como "muy superficial", y sostuvo que Bersin, quien se educó en los primeros años universitarios con el presidente Bill Clinton y el vicepresidente Al Gore, intenta "definitivamente" aplacar a quienes se oponen a la inmigración.
Bersin destacó asimismo que los agentes del "plan de primavera" del gobierno de Clinton detuvieron, a partir de enero, a 720 inmigrantes ilegales en Lindbergh Field.
En octubre, la fiscal general Janet Reno designó a Bersin el "zar de la frontera", su representante a cargo de coordinar la lucha contra la inmigración y el contrabando.
En enero, Bersin se unió a Reno y la comisionada del INS Doris Meissner, para anunciar el "plan de primavera", consistente en patrullas fronterizas, consideradas por muchos como un gesto orientado a los electores conservadores de California.
En mayo, el gobierno anunció una segunda infusión de personal y equipos al área fronteriza de San Diego.
El tema es una papa caliente política.
El presidente del sindicato de la Patrulla de Frontera, T.J. Bonner, recientemente inició una investigación del INS, acusando a las autoridades de la patrulla de falsificar archivos para inflar los logros de la operación.
El Partido Republicano divulga en televisión propaganda en la cual inmigrantes ilegales huyen perseguidos por agentes del gobierno. Los anuncios urgen a los votantes a "Decirle a Clinton que deje de dar beneficios a los ilegales".
Las imágenes y el tema de la campaña recuerdan la Proposición 187, medida pensada para privar a los inmigrantes indocumentados de servicios sociales, y aprobada por una mayoría de representantes estatales en 1994, aunque luego bloqueada por jueces federales que la declararon inconstitucional.
La intención política permanece viva. El representante de California Elton Gallegly recientemente logró agregar una de las disposiciones claves de la Proposición 187 a la ley federal de inmigración, según la cual los estados podrían excluir de las escuelas públicas a hijos de inmigrantes indocumentados, una medida a la cual Clinton se opone.
Pero si la enmienda sobrevive a la Cámara de Representantes y el Senado, forzando el veto presidencial de la ley de inmigración, los republicanos habrán logrado nuevo combustible para inflamar el debate electoral. (FIN/IPS/tra-en/jh/yjc/lp/pr-ip/96
