En un nuevo golpe a las relaciones entre Estados Unidos y Europa, el presidente Bill Clinton parece dispuesto a sancionar un proyecto de ley que impone sanciones a las empresas extranjeras que inviertan en la industria de hidrocarburos de Libia e Irán.
"Esta medida presionará económicamente a Libia e Irán, y el presidente cree que está plenamente justificada", declaró este miércoles el portavoz de la Casa Blanca, Mike McCurry.
La declaración de McCurry se produjo menos de 24 horas después de la aprobación unánime de la versión del Senado en la Cámara de Representantes, mucho más dura que la aprobada por la misma cámara a comienzos de este año.
Los analistas señalan que la explosión la semana pasada del vuelo 800 de la compañía TWA frente a Nueva York, donde murieron 228 personas, jugó un papel importante a favor de la aprobación de la ley. En general se cree que la explosión fue consecuencia de un atentado terrorista de extremistas islámicos.
Se prevé que la Unión Europea (UE), que se reunirá esta semana en Bruselas para discutir una respuesta continental, reaccionará aún más enérgicamente que respecto de la ley Helms-Burton ante este nuevo caso de aplicación extraterritorial de la legislación estadounidense.
La ley Helms-Burton prevé sanciones para aquellas empresas extranjeras que comercien con propiedades de ciudadanos estadounidenses confiscadas por el gobierno de Cuba luego de 1959.
"La Unión Europea está considerando medidas de represalia para defender a sus ciudadanos y sus industrias", declaró este martes Hugo Paeman, representante de la Comisión Europea ante Estados Unidos.
"Cualquier intento de imponer políticas unilateralmente bajo la amenaza de sanciones económicas sólo trastorna las relaciones comerciales y de inversión internacionales, sin acercarnos a nuestros objetivos políticos comunes", agregó.
De acuerdo con el proyecto de ley, Clinton debería imponer dos de seis posibles sanciones contra empresas extranjeras que inviertan 40 millones de dólares o más al año en los sectores de energía de Libia o Irán.
La nueva ley también penalizaría a aquellas compañías que violen un embargo comercial limitado de la Organización de las Naciones Unidas contra Trípoli.
Las sanciones optativas para las firmas "infractoras" incluyen la prohibición de sus importaciones o exportaciones, su inegibilidad para los subsidios de exportación de Washington, la imposibilidad de obtener préstamos bancarios estadounidenses superiores a 10 millones de dólares y de comerciar con títulos de valores de Estados Unidos.
Clinton podría suspender la aplicación de estas medidas en casos individuales si ello sirviera al "interés nacional", pero es improbable que lo haga antes de las elecciones de noviembre, por temor a acusaciones republicanas de ser "blando" con el terrorismo. (FIN/IPS/tra-en/jl/yjc/ml/ip-if/96