Reclusos de todo Ecuador exigieron hoy a las autoridades carcelarias la aplicación de una polémica ley de reducción de penas, que fue aprobada recientemente por el parlamento.
Unos 3.000 presos decidieron este lunes la suspensión de todas las labores que cumplen en los centros penitenciarios para presionar a las autoridades.
La medida tuvo lugar en las cabeceras de algunas provincias de la sierra como Imbabura, Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua y Pichincha, en la cual se encuentra Quito.
En Ibarra, capital de la provincia de Imbabura, 115 kilómetros al norte de la capital, 40 presos iniciaron este miércoles una huelga de hambre con el objeto de que "las autoridades cumplan una ley que ha sido aprobada por la mayoría de los legisladores", según un comunicado del comité de huelga.
En mayo el Congreso aprobó la denominada ley "dos por uno", que consiste en contar las noches como un día más de condena.
Sin embargo, el Consejo Nacional de Rehabilitación Social (CNRS), el organismo encargado de ejecutar esta ley en las 33 cárceles de Ecuador, solicitó al Congreso una interpretación exacta del texto constitucional, pues considera inconveniente la aplicación para todos los casos.
La ley contempla la rebaja de penas a los presos que el CNRS considere con buena conducta, sin tomar en consideración el tipo de delito cometido.
"La reducción de penas debería categorizarse al igual que se tipifican los delitos de acuerdo a nociones culturales e históricas", dijo a IPS el jurista Alberto Wray, de la Universidad Católica de Quito.
Según Wray, la ley no soluciona el "grave problema del hacinamiento carcelario", ya que 70 por ciento de los 9.000 presos que hay en las cárceles ecuatorianas "se encuentra sin sentencia" y la misma carece de efecto para las personas que aún se encuentran en etapa procesal.
Según analistas, la ley "dos por uno" incentivará la extendida corrupción dentro de la burocracia carcelaria, ya que algunos reclusos cuentan con los recursos necesarios para pagar informes favorables de conducta.
El gobierno de Estados Unidos manifestó su rechazo a la ley, pues consideró que se verían beneficiados los procesados por delitos de narcotráfico. (FIN/IPS/mg/ag/ip/96
