Dos supuestas hechiceras fueron azotadas en una plaza pública de Ecuador y cinco delincuentes murieron quemados por una multitud que actuó de modo organizado, en dos episodios que, según algunos expertos, fueron consecuencia del descrédito del sistema de justicia.
Para algunos analistas, los actos de violencia registrados en dos comunidades indígenas fueron sólo manifestaciones de barbarie, pero otros los interpretaron como tentativas de superar deficiencias del Poder Judicial.
La justicia ecuatoriana es lenta, corrupta e ineficiente, lo que explica que miles de personas resolvieran actuar por su cuenta, advirtieron varios especialistas.
En presencia de 5.000 indígenas y cámaras de televisión, dos hermanas acusadas de estafar a la población fueron azotadas el domingo en la plaza de Cualhuasig, una localidad quichua situada a 4.300 metros de altura sobre el nivel del mar, en la provincia de Tungurahua.
Ese proceder "no es sino privatizar la justicia y, en cierta medida, ante el actual estado de injusticia, es un progreso, una modernización", comentó el analista social Simón Espinoza, en un editorial del diario Hoy, de Quito.
"Si la justicia ecuatoriana es morosa e injusta, ¿qué otro recurso le queda a una comunidad, a una familia y a una persona sino hacerse justicia por mano propia?", se preguntó Espinoza.
La provincia de Tungurahua se encuentra 140 kilómetros al sur de Quito y es considerada una de las más pobres de Ecuador. Sesenta y dos por ciento de su población es indígena.
El episodio de Cualhuasig fue "el perfecto homenaje a la ineficiencia, estulticia y ausencia de todo valor", manifestó Andrés Carrión, un comentarista de televisión y editoria Ernesto Albán, catedrático de la Universidad Católica de Quito, indicó que el episodio de La Maná es una manifestación de la primera etapa en la historia del castigo: la venganza.
"El derecho penal surge para encauzar la acción de la venganza", señaló Albán, quien exigió el procesamiento judicial de los responsables del linchamiento para "que estos actos no se conviertan en normas de conducta".
Para los indígenas ecuatorianos "existe un divorcio evidente entre los procesos judiciales y la justicia en sí misma", destacó a IPS el antropólogo Alfredo Salazar, profesor de la Universidad Central de Quito.
"El pensamiento indígena y sus normas sociales han sido reprimidos durante siglos por la mentalidad occidental, que ya demostró su ineficiencia", concluyó Salazar. (FIN/IPS/mg/ff/pr/96).
= 07241532 DAP010
