Organizaciones ambientalistas de Ecuador manifestaron hoy su rechazo a la reciente aprobación parlamentaria de una ley para el archipiélago de Galápagos, que consideran inconveniente para la protección y mantenimiento de este patrimonio natural de la humanidad.
"Es necesario que esta ley sea vetada parcialmente por el presidente de la República (Sixto Durán Ballén)", manifestó Luis Carrera, presidente de la Comisión Asesora Ambiental del Congreso, para quien los legisladores "actuaron con apuro sin tomar en cuenta ningún criterio conservacionista".
A sólo unos días de que el nuevo parlamento entre en funciones, el 2 de agosto, el Plenario aprobó la ley del Régimen Socio- Ecológico para Galápagos, promovida por Eduardo Vélez, diputado de esa provincia.
En agosto de 1995 un primer proyecto fue vetado en forma total por Durán Ballén, lo que desató un movimiento de huelga en la provincia insular encabezado por el diputado Vélez.
El texto constitucional, que para entrar en vigencia deberá contar con el visto bueno del Poder Ejecutivo, permite la ampliación y construcción de caminos carreteros en las principales islas que conforman el archipiélago. Así mismo se estima "preferente priorizar la pesca artesanal".
"Es una ley peligrosa, contiene imprecisiones que dan pie a que sea una ley de muchas interpretaciones", sostuvo Gunter Reck, decano de la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad San Franscisco de Quito y ex director de la Fundación Charles Darwin.
Según Reck, "no se excluye que las grandes compañías pesqueras intervengan en la explotación de recursos marítimos ya que sólo se menciona la 'preferencia' de que predomine la pesca artesanal".
De acuerdo a este experto, la nueva ley establece que la explotación de las especies marinas deberá ser regulada por las normas que existen sobre la materia "y no existe ninguna vigente para este tema".
Fundación Natura, una de las organizaciones ambientalistas más importantes de Ecuador, consideró que la ley "destruirá la estructura del Parque Nacional Galápagos", pues los organismos técnicos que lo conforman fueron sustituidos por instituciones políticas.
Uno de los artículos del Régimen para Galápagos, establece que el directorio del Instituto Nacional Galápagos será conformado por políticos locales, en lugar de los representantes de organizaciones no gubernamentales, delegados del Consejo Nacional de Desarrollo y otras entidades públicas y privadas.
Esta ley "no es un instrumento para la conservación sino de lucha para mantener el poder", dijo Teodoro Bustamante, director de Fundación Natura, quien consideró que el futuro del archipiélago "debe trascender la discusión parlamentaria y pasar a formar parte del debate nacional". (FIN/IPS/mg/ag/en/96
