Los últimos esfuerzos de Estados Unidos por controlar la economía podrían tener el efecto opuesto al esperado, según el nuevo embajador de Cuba en Trinidad y Tobago, Guillermo Batista.
La ley Helms-Burton, que prevé sanciones para quienes mantengan negocios con propiedades o empresas confiscadas por el gobierno comunista de Fidel Castro, podría aislar a Estados Unidos mucho más aún en la comunidad internacional, sostuvo el embajador.
La ley no sólo se pone en contra de Cuba, "sino de la comunidad internacional, las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el empresariado estadounidense", dijo Batista y añadió que, como resultado, quien queda aislado es el propio Estados Unidos y no el país caribeño.
Batista sostuvo que incluso después de la promulgación de la ley crecieron las inversiones directas en Cuba y, por extensión, su país sigue siendo un sitio seguro y viable para los capitales extranjeros.
El vicepresidente de Cuba, Carlos Lage, afirmó recientemente que desde la entrada en vigor de la ley se crearon 25 nuevos emprendimientos conjuntos entre La Habana y otros países. Ahora hay 240 emprendimientos mixtos en la isla.
Un informe de la revista Time del 24 de junio citó la participación de unas 4.000 empresas extranjeras en actividades comerciales en Cuba.
En la lista figuran las alemanas Bayer y Mercedes-Benz, la italiana Bennetton, las británicas Body Shop y Tate and Lyle y la japonesa Mitsubishi, y las empresas de Trinidad y Tobago Neal y Massy and Bermudez.
La ley cuenta con la oposición de aliados tradicionales de Estados Unidos en la Unión Europea (UE), los miembros del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte (TLC), México y Canadá, y otros países indignados por el impacto de la ley, la cual hace a cualquier persona o empresa que "trafique" con bienes confiscados vulnerable a pérdidas económicas.
Asimismo, la ley prohibe a la parte en cuestión el ingreso a Estados Unidos.
La Asociación de Estados Caribeños (AEC) emitió recientemente una declaración haciendo un llamado a Estados Unidos a retirar la ley, y su secretario general, Simon Molina-Durate, dijo que "nadie está dispuesto a aceptar el principio de extraterritorialidad bajo el cual un país puede legislar sobre otro".
La AEC está integrada por 25 estados con costas en el mar Caribe , y 12 dependencias y sus autoridades coloniales.
La Comunidad del Caribe (Caricom) también ha expresado su oposición en el acto. El actual presidente, el primer ministro de Antigua y Barbuda, Lester Bird, dijo que "hay voces en los círculos de derecha en Estados Unidos" que intentan imponer a la región "un nuevo colonialismo".
Canadá, que opera un emprendimiento mixto con la Havana House Cigar and Tobacco, y que ha sido puerto de tránsito para muchos estadounidenses que quieren visitar Cuba, también se opuso a la ley vehementemente.
El canciller canadiense, Arthur Eggleton, dijo a Times que "Estados Unidos no ha hecho otra cosa que utilizar la Helms- Burton para disparar contra sus amigos, en lugar de sus enemigos".
Analistas señalan que la situación ha resultado ser bastante dura para Estados Unidos, pero para los cubanos el camino sigue siendo difícil de negociar. "El bloqueo continúa afectándonos", dijo Batista, y recordó que su país aún debe pagar entre cinco y siete veces más por productos que deben obtenerse de fuentes distantes.
A la vez, observadores ven una apertura, aunque pequeña, en las relaciones de Cuba y Estados Unidos, con continuos buenos informes sobre el resultado del Acuerdo de Inmigración de 1994, que efectivamente puso fin al flujo de "balseros" que llegaban a Estados Unidos desde la isla.
Batista sostiene que Cuba está abierta a nuevos niveles de cooperación con Estados Unidos basados no sólo en el principio del respeto mutuo y a las leyes internacionales.
"Del lado cubano, nunca cerramos las puertas. El Acuerdo de Inmigración es un ejemplo de cómo podemos discutir y alcanzar acuerdos como este, basados en el respeto mutuo", dijo el embajador.
La ley Helms-Burton fue aprobada por el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, el 12 de marzo, y procura reforzar el embargo a Cuba ampliando las sanciones internacionales y planificando el "respaldo a un gobierno de transición que conduzca a un gobierno electo democráticamente en Cuba".
El proyecto de ley fue aprobado tras el derribo de dos aviones civiles estadounidenses por dos aviones cubanos en el límite del espacio aéreo cubano.
La Unión Europea (UE) advirtió sobre medidas de represalia si sus empresas son víctimas de la ley, y México la declaró "ilegal" y contraria a los términos de su participación en el TLC.
Clinton impuso este mes una moratoria a la ejecución del capítulo III de la ley, el cual permite a las empresas estadounidenses llevar a juicio a entidades cubanas o personas involucradas en transacciones y propiedades confiscadas. (FIN/IPS/tra-en/wg/cb/lp/ip/96
