El aparente mutis de la escena política bosnia del lider separatista serbio Radovan Karadzic, logrado a regañadientes gracias a la intervención del enviado de Washington, Richard Hoolbroke, puso orden pero no dió respuestas a los interrogantes que penden sobre esta ex república yugoslava.
Desde que el Acuerdo de Dayton trajo una frágil paz a Bosnia- Herzegovina y la puso en el camino de elecciones y posibles progresos futuros, la cuestión más espinosa fue la posición de Karadzic, demonizado por la comunidad internacional.
Las cláusulas de Dayton resultaron claras. Estipularon que nadie acusado o convicto por el Tribunal de Crímenes de Guerra en la ex Yugoslavia puede ser candidato en una elección o tener un puesto público en Bosnia-Herzegovina.
En audiencias judiciales realizadas este mes, que dieron cuenta de la supuesta participación de Karadzic en crímenes de guerra en Sarajevo, y tambien en atrocidades perpetradas el año pasado en el área de seguridad de la ONU en Srebrenica, el tribunal mantuvo la presión que, en gran medida, excluyó al dirigente de las negociaciones de Dayton.
Sin embargo, el tribunal no pudo ir más lejos. La total remoción de Karadzic de la escena política se convirtió en un imperativo, si es se pretendía mantener el concepto de integración bosnia, sostenido por aspectos del pacto.
Esos aspectos, de todos modos, se vieron desafiados de manera significativa, sobre todo por el reconocimiento de la República Srpska (RS) de Karadzic, cuya partición tambien fue aceptada.
Hasta ahora no se había hecho nada más. Como ocurrió durante la guerra, instrumentos que pudieron ser empleados por la comunidad internacional fueron dejados intencionalmente de lado.
El acuerdo de Dayton brindó suficiente autoridad tanto a la Fuerza de Implementación de la OTAN (IFOR) para efectuar arrestos requeridos por el Tribunal de La Haya, o al representante especial Carl Bildt para imponer sanciones a cualquiera de las partes que se atreva a no cumplir con lo pactado.
No obstante, el fracaso de las autoridades serbias (y croatas) para dar una respuesta a las acusaciones se ha convertido en el mayor obstáculo para la implementación de ambas opciones, que luego fueron rechazadas para que el proceso de Dayton pueda continuar.
Por el contrario, la estrategia de Bildt se trocó en una redefinición del rol de Karadzic. Una confrontación habría arriesgado revigorizar a los bosnios serbios, pero al no cumplir con su responsabilidad de asegurar antes una efectiva remoción de Karadzic, Bildt solo postergó la crisis, mientras comprometió y hasta dividió a su equipo.
A mediados de mayo consiguió arrancarle la firma a Karadzic para que pasara sus poderes formales a su segunda, Biljana Plavsic, debido a la "temporal incapacidad" del mandatario para ejercer sus funciones. Bild creyó que esa treta idiomática habría servido a sus propósitos.
Por el contrario, al aceptar ese arreglo, apareció como condonando la posición dominante de Karadzic como jefe del Partido Demócrata Serbio (SDS) y como titular del comité para seleccionar a los candidatos partidarios en los próximos comicios.
Como respondió el presidente serbio Slobodan Milosevic a un diplomático estadounidense, "Bildt escribió personalmente el documento y Karadzic se limitó a firmarlo. ¿Qué más quiere que hagamos?".
Cuando las críticas a ese arreglo arreciaron, la oficina del representante especial trató sin éxito de establecer si la posición de Karadzic como jefe del partido encuadraba en la noción de "puesto público" proscripta por el acuerdo de Dayton, o si era aceptable porque se trataba de un "puesto técnico".
La reunión estival del Grupo de los Siete (G-7) países más industrializados, relizada en junio en Lyon, Francia, uso un lenguaje más duro que aquel de Dayton y cambió el concepto de "puesto público" por aquel de "función publica", lo cual inhibía al dirigente serbio de realizar actividades políticas.
Sin embargo, la comunidad intertnacional se vió atada de pies y manos para volver a arremeter contra el dirigente porque despues de la firma del acuerdo Bildt-Karadzic, los líderes dijeron que la amenaza de imponer otra vez sanciones había pasado.
La crisis recrudeció luego con las declaraciones de Plavsic y del primer ministro de la RS, Gojro Klickovic, confirmando que Karadzic seguía en el cargo. El propio mandatario hizo un discurso desafiante que fue propalado por la TV bosnio serbia en contravención directa con las disposiciones de Dayton.
Y, si bien Karadzic no fue incluído en las listas electorales del SDS difundidas el 4 de julio, todo indico qwue había encontrado la manera de seguir siendo "el padrino" de la política bosnio serbia.
Tras descartar las sanciones, su única arma, el despacho de Bildt apeló entonces a Washington para salvar la cara y tratar de salir de la crisis.
Como resultado, se produjo el retorno de Holbrooke, el duro negociador que arrastró a las facciones en pugna a Dayton y las hizo firmar un acuerdo que no les gustaba ni querían.
Holbrooke exhumó enseguida la amenaza de sanciones contra Serbia para asegurarse que Milosevic, la última palabra en cuestiones serbias, garantizara la cooperación de Karadzic. No está claro que otras amenazas, ni que concesiones, se pusieron sobre la mesa, pero seguramente el que más se benefició ahora con la partida de Karadzic es Milosevic, quién además se aseguró el control de la RS.
Karadzic sin duda fue la figura crítica en Bosnia-Herzegovina y, gracias al tribunal, la atención sobre su persona proporcionó una base legítima a la legislación internacional.
Sin embargo, la obsesión respecto a Karadzic, que recuerda la demonización estadounidense de una galería de opositores latinoamericanos y del Medio Oriente "condenados a la hoguera", todavía olvida las profundas raíces del extremismo nacionalista en la región, el cual se debe confrontar si se pretende concretar la unificación de Bosnia.
Karadzic no es el único extremista nacionalista en el poder ni tampoco el único acusado de crímenes de guerra que está en libertad.
En lugar de pretender establecer democracia y estabilidad a largo plazo, todo sugiere la necesidad de ratificar el control de los movimientos nacionales gobernantes, para poder permitir a la comunidad internacional de efectuar una retirada oportuna. (FIN/IPS/tra-en/tb/rj/ego/ip).
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