La democratización de la gestión pública es el objetivo común de las experiencias de "poder local" llevadas a cabo en distintos países de América Latina.
Pero por lo demás esas experiencias difieren tanto en su forma como en su alcance y poco tienen que ver unas con otras, incluso las llevadas a cabo en un mismo país bajo la conduccción del mismo partido político.
Así se lo pudo ver durante un seminario sobre "Desarrollo local, democracia y ciudadanía" organizado esta semana en Montevideo por tres organizaciones no gubernamentales (ONG) uruguayas con financiación del Comité Católico contra el Hambre y por el Desarrollo de Francia y la Comisión de la Unión Europea.
En el encuentro, concluido este sábado, se examinaron casos tan disímiles como el de Montevideo o las ciudades brasileñas de Porto Alegre y Río Branco y los de comunas de las capitales de Chile y Perú.
Representantes de ONG destacaron que si en Europa el proceso de descentralización y de emergencia de poderes locales conducido desde hace unos 20 años tiene rasgos que lo hacen relativamente homogéneo, al punto que sus protagonistas tejen redes de cooperación, en América Latina varían grandemente.
La "afirmación de la ciudadanía", en el sentido de asegurar que los ciudadanos hagan suyo el lugar que habitan, puede ser la característica común de todas los procesos de descentralización analizados en el encuentro, según resumió el secretario de cultura de la ciudad brasileña de Río Branco, Antonio Alves.
Pero en esa ciudad, capital del estado amazónico de Acre, cercana a las fronteras con Bolivia y Perú, "más que de afirmación de la ciudadanía habría que hablar de afirmación de la forestanía, de defensa del espacio natural de vida de los habitantes de la zona, que es la floresta", dijo Alves.
"Estamos tratando de construir una ciudad amazónica, a partir de una economía de tipo forestal. En ese marco, asegurar la participación de la gente significa en primer lugar lograr que se reconozca en su medio natural", precisó.
Para ello, la alcaldía de Río Branco intenta revertir el proceso de vaciamiento de la foresta amazónica, fomentando el retorno a esa zona de personas que emigraron hacia Río Branco y no hicieron más que engrosar los cinturones de miseria de esa ciudad sin lograr conseguir un empleo.
"En Río Branco se plantean problemas como la forestación, la reforma agraria, el combate a la desruralización, que nada tienen que ver con los que se dan en otras ciudades del propio Brasil en que tienen lugar procesos de poder local con sentido participativo , como Porto Alegre", destacó Alves.
Fue precisamente el intendente de Porto Alegre quien presentó una de las experiencias más originales de "democracia local" en América Latina, al punto de ser recomendada como "práctica universalizable" por la asamblea mundial de alcaldes reunida en Turquía en junio en ocasión de la conferencia internacional Hábitat II.
La particularidad de ese proceso, iniciado hace siete años, cuando el izquierdista Partido de los Trabajadores asumió el gobierno local, radica en que combina formas de democracia directa y de democracia representativa.
"El control social sobre el Estado" es el principal objetivo del tipo de gestión puesto en práctica en Porto Alegre, un centro urbano de 1.400.000 habitantes esencialmente ocupados en el sector servicios y dotada de un denso tejido de pequeñas y medianas empresas, según señaló Genro.
La ciudad fue dividida en 16 regiones, dotadas de consejos populares electos por los vecinos de la zona.
Cada consejo popular define por orden de prioridades las inversiones que querría realizar en su área y las eleva a un consejo presupuestario de 84 miembros electo en asambleas donde la participación es voluntaria.
Al fin de cada ejercicio anual el consejo presupuestario debe rendir cuentas ante los consejos populares acerca de la utilización de los recursos públicos y el cumplimiento de las inversiones solicitadas por los vecinos de cada una de las 16 zonas.
Un sistema similar, pero con un grado menor del componente de democracia directa y una mayor "partidización", está siendo implementado en Montevideo desde que la coalición de izquierda Frente Amplio accedió al gobierno local, en 1990.
La experiencia descentralizadora, según estimaron ONG presentes en el encuentro, permitió un mayor acercamiento del municipio a la gente, pero "la consulta preceptiva a los concejos vecinales no siempre se cumple", de acuerdo a una evaluación del Centro de Participación Popular, uno de los promotores del seminario.
Miguel Azcueta, alcalde de Villa El Salvador, presentó en Montevideo la experiencia llevada a cabo en esa "comunidad urbana autogestionada" de Lima surgida en 1971 en un área desértica donada por el gobierno peruano de la época.
En esa localidad, que con sus 350.000 habitantes (casi todos pobres y de origen campesino) constituye el quinto centro urbano de Perú, "el principio seguido por las autoridades municipales fue la delegación del poder de decisión a núcleos de gestión constituidos por organizaciones de base", señaló.
Azcueta observó sin embargo que "en los últimos tiempos se ha observado un debilitamiento de las organizaciones sociales", que atribuyó en parte al "individualismo creciente favorecido por la crisis económica" y también a cierta "burocratización" de sus estructuras.
El alcalde peruano subrayó que, como sus pares de las ciudades representadas en el seminario de Montevideo, seguirá promoviendo la "democracia participativa" como forma de "devolverle protagonismo político a la gente" en momentos en que todo confluye para que lo pierda. (FIN/IPS/dg/jc/pr/96
