Tuvieron que transcurrir casi 170 años de vida política y una explosión de denuncias para que todos los partidos de Uruguay decidieran con urgencia buscar barreras de contención para combatir la corrupción de los gobernantes y los funcionarios.
"El tráfico de influencias, el enriquecimiento indebido, la intervención de funcionarios para facilitar trámites en su beneficio y otros actos de corrupción, no están contemplados en las normas vigentes", advirtió el senador Pablo Mllor, del oficialista Partido Colorado.
Millor coincide con la preocupación de la mayoría de los legisladores frente a las normas vigentes, que constriñen las posibilidades de acción de la justicia, convertida hoy en el eje del debate político.
El Código Penal, de 1934, castiga con sanciones leves a los funcionarios que reciben dinero de particulares por hacer o dejar de hacer actos inherentes a su función, o cuando desempeñan su trabajo con interés privado propio, o incurren en abuso de funciones.
Los juristas señalan que las leyes no permiten castigar hechos como los denunciados en los útimos días, que fueron calificados de "esquema de tráfico de influencias" e involucran a legisladores, ex ministros y otros funcionarios.
Uno de los jueces encargados de la investigación de los hechos dijo a IPS tras pedir reserva de identidad que "los políticos no pueden pretender que el Poder Judicial solucione estas situaciones, cuando omiten legislar para darnos instrumentos legales y aún presupuestales".
La mayoría de los 21 juzgados penales de Montevideo carecen de computadores, el personal es escaso y mal retribuido, las partidas para pagar horas extra son limitados, y los magistrados deben apelar a asesores contables privados porque los oficiales son escasos y están desbordados de trabajo.
Un años atrás, cuando la primera denuncia lanzada afectó a altos funcionarios de la administración de Luis Alberto Lacalle (1990-1995), el actual gobierno de coalición conformado por los dos partidos tradicionales, el Colorado y el Nacional, comenzó a preparar un proyecto anticorrupción que ya está casi definido.
El proyecto caracteriza la corrupción como la obtención indebida de provecho mediante el ejercicio de una función pública.
Sin embargo, el canciller Alvaro Ramos informó este viernes que durante una reunión del Consejo de Ministros se consideró que el actual no es el momento adeucuado para poner la iniciativa a debate, debido al enrarecido clima creado por el cruce de acusaciones de corrupción.
Millor, en cambio, cree que es el momento ideal, porque "cuando uno tiene catarro debe tomar un remedio. Tenemos que dar una señal clara de que los políticos combatimos la corrupción".
Varias encuestas confirman que los uruguayos tienen una "mala imagen" de la elite política, dijo el sociólogo César Aguiar, director de la principal empresa de encustas, Equipos Consultores.
Uruguay fue una isla regional de calma en una región, el cono sur de América, en la que no han faltado escándalos de cohecho y malversación de fondos públicos. Pero ahora, la sociedad "está más atenta y sensible a los fenómenos de corrupción", alertó Aguiar.
Varios proyectos destinados a asegurar la transparencia del sistema político uruguayo han naufragado en los últimos años y el asunto nunca había ocupado el centro del debate político.
Las denuncias conocidas involucra a un poderoso proveedor del Estado, a un banco y a varios dirigentes políticos.
El proveedor, que ha ganado licitaciones por varios millones de dólares, entregó sumas de dinero a funcionarios y legisladores cercanos al nacionalista Lacalle. Algunos entre los políticos señalados argumentaron que se trató de contribuciones a campañas electorales, que ninguna ley prohibe, y todos se declararon ajenos a cualquier irregularidad.
Mientras, el Banco Pan de Azúcar también habría financiado la campaña electoral de 1994 a varios grupos políticos. La privatización del Pan de Azúcar, concedida en marzo de 1994 por el gobierno de Lacalle a una empresa fiduciaria italiana, es investigada por la justicia.
El aporte económico de empresas comerciales o financieras a los partidos políticos no es ilegal ni está reglamentado. Los empresarios consideran normal colaborar con los partidos porque "siempre se hizo".
Aunque ahora, sería necesaria alguna regulación para "evitar algún tipo de juego" (maniobra) irregular, dijo Simón Berkowitz, presidente de la Cámara Mercantil.
En cambio, Ambrosio Bertolotti, presidente de la Cámara de Comercio, no es partidario de la regulación, porque el monto de la colaboración financiera con los partidos debe quedar librado a la voluntad "de cada uno".
Carlos García Arocena, presidente de la Asociación de Bancos aclaró que no censura el aporte empresarial a los partidos, pero puso como ejemplo a Estados Unidos, donde existen "reglas claras a las que se atiene todo el mundo".
Una ley de 1977 sanciona en Estados Unidos cualquier "oferta corrupta", y las empresas estadounidenses radicadas en Uruguay no participan de la financiación de campañas políticas en este país.
Un proyecto de ley que establece restricciones al financiamiento de los partidos y obliga a la transparencia de los aportes se cubre de polvo desde noviembre de 1995 en una gaveta de la Cámara de Diputados. (FIN/IPS/rr/ff/ip)
