La aparición de un supuesto grupo guerrillero en el estado de Guerrero, en circunstancias coincidentes al de otro fundado en los años 60, abrió un nuevo frente de conflicto al gobierno de México, entrampado en un difícil proceso de pacificación con la guerrilla zapatista.
Luego de tres años de especulaciones e informaciones no confirmadas que hablaban de la existencia de una grupo insurgente en Guerrero, sobre las costa del Pacífico, este viernes unos 60 elementos del Ejército Popular Revolucionario (EPR) se presentaron en un acto público y leyeron un manifiesto.
En el documento, el EPR, cuyos miembros se habrían enfrentado este sábado con varios policias, resultando cuatro personas heridas según indicaron estaciones radiales, se declara "alzado en armas" y propone el derrocamiento del gobierno y la instauración de uno "popular".
Como sucedió en enero de 1994, cuando el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) ocupó en el estado de Chiapas poblados y caminos, las autoridades declararon la acción del EPR como acto delictivo y ordenaron que sus miembros sean perseguidos por el Ejército Federal.
El EPR indicó que decidió aparecer en escena tras la matanza de 17 campesinos de una organización opositora de Guerrero en junio de 1995.
En mayo de 1967, Lucio Cabañas, un maestro militante del Partido Comunista, fundó también en Guerrero, luego de una matanza de campesinos, una organización guerrillera conocida como el Partido de los Pobres, que se mantuvo activa hasta 1974, año en que el gobierno logró desarticularla.
Al igual que el Partido de los Pobres, el EPR dice luchar para frenar el despojo de sus tierras que deben surfir los campesinos y acabar con los cacicazgos y las agresiones del Ejército y la policía.
Ubicado a 272 kilómetros de la capital mexicana, Guerrero es, además de un importante centro vacacional donde destaca el puerto de Acapulco, un zona de fuerte presencia indígena y de alta marginalidad. De sus 2,2 millones de habitantes, 76 por ciento vive en áreas rurales.
Informes de Inteligencia Militar dados a conocer en agosto de 1995 por el semanario Proceso,indicaron que las zonas montañosas del estado eran patrulladas desde hace varios meses por militares, pues había evidencia de que ingresaron armas y de que se instalaron campamentos guerrilleros.
En los documentos publicados se señalaba que en junio de 1993 el entonces alcalde de Acapulco Antonio Piza reveló que en las sierras de Guerrero "se había visto gente armada y mucho extranjero centroamericano con experiencia táctica en combate y guerras".
Estudiosos de la guerrilla en México como Carlos Tello indican que mandos del EZLN fueron destacados en 1993 a varios estados de la república, entre ellos Guerrero, para iniciar un proceso de organización de los campesinos.
En septiembre de 1995, Javier Rodríguez, comandante policial en Guerrero, informó a la prensa que se realizaban operativos para detectar a guerrilleros.
"Se supo que desde el mes pasado un grupo de 12 hombres encapuchados andan afiliando a los campesinos a la primera reserva del sureste del EZLN", declaró en aquella ocasión.
El diputado Roberto Campa, del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), pidió este sábado a la población no magnificar el surgimiento del EPR. Se quiere generar un conflicto para impactar a la comunidad nacional e internacional, dijo.
Portavoces de una comisión que media en el diálogo de paz entre el gobierno y el EZLN lamentaron la aparición del nuevo grupo armado y exhortaron a las partes a continuar con sus negociaciones en Chiapas.
Según las agendas concertadas, delegados del EZLN y del gobierno deberán reunirse el 8 de julio para reactivar las negociaciones, suspendidas casi dos meses por la sentencia que un juez dictó contra dos supuestos guerrilleros.
En la nueva cita, el EZLN dijo que planteará se modifique el formato de la negociación para incluir en ella a representantes de la sociedad civil y de los tres poderes del Estado.
Intelectuales y analistas, al igual que el máximo líder visible del EZLN, el subcomandante Marcos, critican al gobierno de presidente Ernesto Zedillo por mantener una supuesta actitud dubitativa en el diálogo.
Así, recordaron que en octubre de 1995 la policía detuvo a Fernando Yáñez, supuesto miembro del EZLN, pese a que estaba vigente una ley que prohibía perseguir a los dirigentes de ese grupo. Tras gestiones de varios diputados y amenazas de la guerrilla, Yañéz fue liberado.
La cadena de supuestas contradicciones oficiales que, según el analista Luis Hernández, va demostrando el gobierno en sus contactos con el EZLN, se habría confirmado con las últimas sentencias a los presuntos guerrilleros y las continuas movilizaciones del Ejército en la selva de Chiapas.
La próxima cita entre el EZLN y el gobierno logró acordarse luego de que un juez revocó en segunda instancia las condenas de seis y 13 años de prisión que se habían dictado contra dos supuestos guerrilleros. (FIN/IPS/dc/dg/ip/96)
