Desarticulada en sus mandos intermedios por acusaciones a sus oficiales por violación a derechos humanos, robos y asaltos a bancos , la policía de Honduras se encuentra desprovista ante una ola delictiva difícil de frenar.
"Vamos a quedar sin mandos superiores si persisten las acusaciones contra mis oficiales, en momentos que la delincuencia arrecia y no vemos cómo frenarla", confesó este sábado el coronel Julio César Chávez, comandante general de la policía, una rama de las Fuerzas Armadas.
Asustado por lo que considera una "ola de desprestigio", el militar sostiene que "así como van las cosas, pronto van a terminar con esta policía".
Cinco de los principales comandantes policiales enfrentan procesos judiciales por asesinato, ejecución extrajudicial, violación a derechos humanos y presunta participación en los últimos asaltos y robos a bancos.
De ellos, tres se encuentran prófugos evadiendo una orden de captura por su participación en la desaparición temporal y muerte de dos personas, un hondureño y un nicaragüense, en 1982.
Los otros son los comandantes de la regional policial en San Pedro Sula, en la costa norte, coronel Andrés Urtecho Jeamborde y David Mendoza en Tegucigalpa.
A ambos se les sigue un proceso por asesinato y ejecución extrajudicial de presuntos delincuentes comunes, algunos de ellos ex integrantes de la desaparecida policía secreta, vinculada a la desaparición forzada de personas hace una década.
La fiscalía y grupos humanitarios sospechan que Urtecho tuco relación con la muerte de la defensora pública Marlen Zepeda, hace dos semanas.
Zepeda investigaba los últimos asaltos a bancos, donde resultaron implicados miembros de la policía, y se disponía a defender a uno de sus integrantes, a quien presuntamente querían responsabilizar de los hechos.
Danilo Orellana, portavoz de la policía, sostiene que la muerte de la defensora pública es "algo confusa". "No podemos dedicar todo el cuerpo policial a este caso", señaló.
"Lo que sucede es que estamos siendo embestidos por una ola de delincuencia difícil de atacar porque carecemos de más elementos y presupuesto. Hay una especie de crimen organizado que amerita ser combatido en todos sus frentes", manifestó el portavoz.
De allí que hablara de la necesidad de una aprobación extrapresupuestaria de tres millones de dólares para combatir la violencia y delincuencia, partiendo de que ese organismo apenas cuenta con 5.000 efectivos.
Estos efectivos están divididos en policías de tránsito, seguridad pública y policía rural.
"Resulta duro aceptarlo, pero prácticamente estamos con las manos arriba ante la delincuencia y si siguen las campañas de desprestigio contra la institución, no sé qué va pasar en materia de seguridad", se quejó Orellana.
Analistas políticos insinúna que el clima de inseguridad ciudadana puede ser provocado por los mismos uniformados, en un afán de medir fuerzas y rehusarse a que el cuerpo pase a manos civiles, como está previsto para fines de año.
German Leitzelar, miembro de la Comisión de Traspaso de la Policía, sostiene que hay cuadros dentro de las Fuerzas Armadas que se "resisten a creer que el militarismo está terminando en este país".
"Son grupos peligrosos, dispuestos a no perder su cuota de poder, pero tarde o temprano comprenderán que la historia cambió y estos son otros tiempos", dijo Leitzelar a IPS. (FIN/IPS/tm/dg/ip/96
