El gobierno de Estados Unidos informó a Puerto Príncipe que postergará la deportación del paramilitar Emmanuel "Toto" Constant, acusado de violaciones a los derechos humanos en Haití, hasta un momento más "apropiado".
La decisión fue confirmada a IPS por un funcionario del Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos que reclamó reserva sobre su identidad.
Estados Unidos está de acuerdo con que Constant, líder del paramilitar Frente por el Avance y Progreso de Haití (FRAPH), sea juzgado en su país por los abusos de los que se le acusa, y será deportado en un momento "más apropiado, para no importunar el proceso judicial", agregó la fuente.
El funcionario del Departamento de Estado dijo este jueves que la notoriedad que adquirió el caso de Constant podría provocar inestabilidad en Haití.
Constant es "una de las personas más vilipendiadas de Haití" y debería regresar al país caribeño cuando la situación se estabilice, agregó.
El líder paramilitar había sido arrestado por funcionarios del Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos (INS) en diciembre del año pasado en Nueva York a causa de irregularidades en su ingreso al país.
El INS sostuvo esta semana que las leyes sobre migración lo obligaban a liberar a Constant de la cárcel donde estaba confinado en el estado de Maryland, lo que ocurrió el viernes pasado, seis meses después de su arresto.
El líder del FRAPH regresó entonces a Nueva York. Su liberación provocó congoja en grupos humanitarios haitianos.
Activistas de derechos humanos aseguran que Constant y su FRAPH son responsables de asesinatos y abusos sufridos por miles de simpatizantes del ex presidente de Haití Jean-Bertrand Aristide, quien, depuesto por un golpe militar en 1991, retornó al poder en 1994 con respaldo militar de Estados Unidos.
"Constant integra una larga lista de violadores de los derechos humanos que actuaron frecuentemente con la complicidad de Estados Unidos", según Voces de Haití, una grupo de organizaciones del país norteamericano con sede en Washington.
El FRAPH, al que se responsabiliza por más de 3.000 de los 5.000 asesinatos de simpatizantes de Aristide durante los tres años que siguieron a su derrocamiento, fue fundado por Constant en septiembre de 1993 con financiamiento de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA), según Voces de Haití.
Constant huyó de la isla en diciembre de 1994, cuatro meses después de la reposición de Aristide en su cargo. Cinco meses más tarde, fue arrestado por funcionarios del INS luego de que se revocó el visado de turista que empleó para entrar al país, y se le confinó en una cárcel de Maryland.
Un juez del INS dispuso en diciembre la deportación del líder paramilitar, quien evitó su cumplimiento por medios legales. Seis meses más tarde, esta orden no se había ejecutado, por lo cual se solicitó su liberación, de acuerdo con Russ Bergeron, portavoz de la agencia.
Bergeron aseguró que el INS había hecho todo lo posible para implementar la deportación, pero se rehusó a detallar los "factores" que impidieron que se concretara.
El funcionario explicó que el arresto de Constant no habría podido prolongarse más de seis meses si no era acusado por crímenes cometidos en Estados Unidos, de acuerdo con la legislación en materia de migraciones.
La abogada de Constant, Susan Bryant, alegó que su cliente podría querellar al gobierno de Estados Unidos pues entendía que su arresto era inconstitucional. Eso provocó el acuerdo que habilitó la liberación del paramilitar.
Bergeron se negó a confirmar si Constant portaba un brazalete detector, artefacto que permitiría el registro de sus movimientos mientras continúan los procedimientos de deportación. De todos modos, un funcionario del INS dijo que confiaba en que "cuando llegue el momento, él estará disponible".
El Departamento de Estado cavila sobre el futuro de Constant, pero también debe resolver el destino de montañas de documentos pertenecientes al FRAPH de los que se incautaron militares estadounidenses tras la invasión de 1994.
Puerto Príncipe reivindica su propiedad sobre esos papeles, que podrían aportar información valiosa sobre las violaciones a los derechos humanos cometidos por unidades paramilitares luego del golpe militar cometido por el general Raoul Cedras contra Aristide.
Pero tanto los documentos como el testimonio de Constant podrían suministrar a Haití evidencias demasiado comprometedoras sobre el papel cumplido por Washington en la política del país caribeño, en especial sobre los estrechos vínculos del FRAPH y las agencias de inteligencia de Estados Unidos.
El gobierno de Bill Clinton reclama que algunas de las informaciones contenidas en fichas de afiliación a grupos paramilitares, tarjetas de identificación, correspondencia, notas de negocios y pasaportes se mantengan en reserva, porque su difusión causaría inestabilidad política.
El nombre de Constant figura en planillas de pagos de la CIA. Además, la revista Nation, de Nueva York, documentó el año pasado los vínculos que el paramilitar mantuvo con la Agencia de Inteligencia del Departamento de Defensa de Estados Unidos (Pentágono).
Ira Kurzban, asesor del gobierno de Haití, dijo que la liberación del líder del FRAPH "se relaciona probablemente con su trabajo para la comunidad de inteligencia" de Estados Unidos.
"Todo lo que puedo decir es que, a pesar de que el gobierno de Haití suministró todos los documentos necesarios para que se efectuara su deportación, Washington no hizo nada para acceder" a esa solicitud, manifestó Kurzban, quien sostuvo que Puerto Príncipe continuará reclamando la extradición de Constant.
"Mientras Constant continúa libre en Nueva York, el Pentágono continúa negando al gobierno de Haití miles de documentos del FRAPH y del ejército que parecen contener fuertes evidencias" contra el paramilitar y su grupo, declaró Voces de Haití.
Los legisladores del Partido Republicano que se oponen a la figura de Aristide también se pronunciaron contra la devolución de los documentos.
Los republicanos en ambas cámaras del Congreso procuran que las investigaciones dejen de lado las miles de muertes ocurridas durante la dictadura de Cedras y logren, en cambio, aclarar los asesinatos políticos cometidos después de la intervención de Estados Unidos en 1994, según analistas.
El objetivo que persiguen es evitar que Clinton esgrima en este año electoral la operación que permitió el retorno al poder de Aristide y el traspaso de la presidencia al actual mandatario, René Préval, como un triunfo de su política exterior, afirman los observadores.
Los republicanos destacan el asesinato de la abogada Mireiile Durocher Bertin, enemiga declarada de Aristide, el 28 de marzo de 1995, y el de uno de sus clientes, Eugene Baillergeau.
Aunque agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) investigaron estos casos en Haití por iniciativa del propio gobierno del país caribeño, los legisladores insisten en que Puerto Príncipe no ha cooperado. (FIN/IPS/tra-en/yjc- jb/pz/mj/ip/96
