Hábitat II ha sido un gran éxito y contribuorá al diseño de un nuevo contrato social, en un proceso que está cambiando las instituciones nacionales e internacionales, afirmó el secretario general de la Conferencia, Jorge Wilheim.
"Se está redefiniendo el papel del Estado, que quizás se fortalezca, pero ya no será el mismo", dijo a IPS el organizador de esta segunda Conferencia de Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos (Hábitat II) mostrando su satisfacción por los resultados ya asegurados en Estambul.
Una "reorganización social, con una nueva división de tareas y poderes", caracteriza al proceso iniciado con la preparación de la conferencia, que impulsó nuevas formas de participación en la vida pública, explicó.
Wilheim se dedicó, durante las negociaciones iniciadas el día 3, al Comité II, encargado de las audiencias con los "nuevos actores", que comprenden desde los alcaldes o autoridades locales a parlamentarios, organizaciones no gubernamentales, sindicales, profesionales y académicas.
Algunos de esos voceros de la sociedad civil reconocieron que esta vez pudieron entrar "por la puerta y no por la ventana", recordando que en conferencias anteriores dependían de la buena voluntad de gobiernos para presentar sus ideas.
Reconocidos como actores cruciales del desarrollo urbano, los gobiernos locales saldrán de Estambul con la expectativa de un nuevo papel, una mayor descentralización del poder e incluso su reconocimiento como interlocutores institucionales de la comunidad internacional.
Los alcaldes, que decidieron unir sus cuadro federaciones internacionales en una sola coordinación, probablemente empezarán por participar en el sistema de Naciones Unidas en el marco de la Comisión de Asentamientos Humanos, señaló Wilheim.
La Comisión, integrada por 56 países, podría acoger también organizaciones como la Organización Internacional del Trabajo, donde ademas de gobiernos están representados los trabajadores y los patrones.
Pero los mayores cambios, que Hábitat ayudará a impulsar, se dan a nivel del poder nacional, observó el urbanista brasileño, de larga experiencia en la planificación y administración en Sao Paulo, antes de asumir el reto de organizar Hábitat II.
Los Comités Preparatorios nacionales contaron con la participación de gobiernos locales, organizaciones no gubernamentales, científicos y otros actores, incluso comunidades de base. "Eso tuvo muchas consecuencias", indicó Wilheim.
Un reflejo de ello, por ejemplo, es que Hábitat II recibió 140 informes nacionales, en un total de 190 países. En las cumbres anteriores, como la de medio ambiente de Río de Janeiro, en 1992, y la de mujeres en Beijing, en 1995, se presentó un promedio de 40, recordó.
Ese crecimiento fue producto de presiones ejercidas por los nuevos actores en los comités, que tienden a hacerse permanentes para seguimiento de los planes nacional y mundial de acción y los compromisos asumidos por los gobiernos en Habitat II.
También a diferencia de cumbres anteriores, los nuevos interlocutores no sólo participaron institucionalmente en la formulación de diagnósticos y planes y en la elección de las mejores prácticas traídas a Hábitat II, como también tendrán un papel directo y a veces decisivo en la ejecución.
Participación y descentralización fueron los términos más reiterados en los documentos de Estambul. Eso involucra los alcaldes, ONG, los técnicos y también el movimiento social urbano, o comunidades de base, por primera vez incluídos con identidad propia en el Foro de las ONG.
En la Cumbre Ambiental de 1992 el gobierno "asumió" las banderas enarboladas por las ONG, que en Estambul, como en las conferencias precedentes, tenían sobre todo un papel reivindicativo.
Tambien las ONG tendrán que cambiar para adecuarse a su nuevo papel de corresponsables, advirtió Wilheim.
La evolución llega igualmente al sistema de Naciones Unidas. Uno de los puntos polémicos de estos días finales de Hábitat II, que se clausurará el viernes, es el destino del organizador de la cumbre, el Centro de Asentamientos Humanos, que tiene sede en Nairobi.
Estados Unidos defiende la reducción de sus funciones, mientras los países en desarrollo, reunidos en el Grupo de los 77, aspiran a por lo menos mantenerlo y si es posible ampliar sus recursos y tareas. La crisis financiera de Naciones Unidas es un escollo para ese objetivo.
Para financiar el sistema de la ONU, una de las posibilidades que se podría discutir, según Wilheim, es aplicar un impuesto de 0,01 por ciento sobre los negocios financieros en el mundo, que crecieron de forma espectacular. Sumaron 800.000 millones de dólares en 1990 y pasaron a 43 billones en 1993.
El resultado de esa tributación mínima representaría dos presupuestos bianuales de la ONU, calculo el secretario adjunto de Hábitat II. (FIN/IPS/mo/dg/pr/96)
