El ex primer ministro de Israel Yitzhak Rabin no lo supo, pero un simple "sí" dado al presidente de Costa Rica, José María Figueres, para concretar un negocio de armas, abrió paso a un proceso que ha teñido de dudas la actuación del gobierno costarricense en materia de seguridad.
Rabin aprobó la venta de armas a Costa Rica en noviembre, tan solo un mes antes de ser asesinado, en diciembre pasado, pero la noticia trascendió en Costa Rica recién en mayo, cuando el Ministerio de Seguridad pidió el permiso correspondiente a la Contraloría General de la República.
El costo total de equipo que Costa Rica compraría a la Industria Militar de Israel (TAAS) se estima en unos 5,2 millones de dólares, de los cuales una parte se pagaría con armas y pertrechos en desuso.
El permiso fue negado, no por razones de naturaleza política, sino porque los fondos provenían de una institución cuyo campo de acción no era precisamente la seguridad del país.
Un mes después de conocerse la noticia, el silencio rodea el caso. Aunque una transacción de esa naturaleza es difícil de tapar, el gobierno de Costa Rica lo está logrando. Ni siquiera la Asamblea Legislativa sabe si la compra se ha concretado o no.
La estrategia seguida por la administración Figueres fue simple pero de alto costo político. El mandatario y su ministro de Seguridad, Juan Diego Castro, decretaron que la transacción constituye secreto de Estado.
Amparado en ese decreto, cuya legalidad los diputados cuestionan -aún los del gobernante partido Liberación Nacional-, el ministro Castro ha recurrido a otras instancias legales para finiquitar la operación.
El fin de semana, la Proveeduría Nacional aprobó el trueque de armas viejas por nuevas, con base en una ley vigente desde el 1 de mayo y que regula las contrataciones del Estado. Las armas fueron embarcadas hacia Miami, el 1 de junio.
Sin embargo, se desconoce si la negociación con Israel admite que pueda efectuarse sólo la parte del trueque o si, por el contrario, éste está sujeto a la compra de las demás armas.
El debate en torno a la compra de armamento ha girado, fundamentalmente, en torno al carácter secreto que le ha imprimido el Ejecutivo.
"No estamos en contra de la compra de armas policiales, pero sí contra la prepotencia y contra los mecanismos oscuros", dijo la semana pasada el jefe del opositor Partido Unidad Social Cristiana (oposición), Rodolfo Brenes.
Detrás de esta oposición a la declaratoria de secreto de Estado subyacen algunas preguntas: ¿qué tipo de armas son?, ¿cómo corroborar que cuestan la suma que el Ejecutivo dice?, ¿se contempla el pago de comisiones?.
En respuesta a estas interrogantes, el ministro Castro aseguró que no se trata de tanques ni de armas de guerra y que las armas son absolutamente necesarias para combatir la delincuencia que azota a este país y que se constituye en una de las angustias más fuertes de la población.
En el debate intervino el ex presidente Oscar Arias, quien dio al problema una dimensión que ya existía, pero que los detractores de la administración Figueres no habían podido sintetizar. Arias calificó la actuación del Ejecutivo en este caso como "anomalías autoritarias".
Premio Nóbel de la Paz 1987, Arias dijo el lunes que la limitación de las libertades públicas -como la información- sólo puede invocarse en situaciones "verdaderamente excepcionales" de peligro para la democracia.
En el caso de la compra de armas a Israel no cabe, según el ex gobernante (1986-1990), el secreto de Estado, porque se trata de una adquisición de equipo para una institución pública, similar a las que se han hecho en el pasado sin recurrir a esa figura.
Arias enumeró varias "anomalías autoritarias" cometidas por la administración Figueres y que "serían síntomas de una política sistemática de fortalecimiento de los cuerpos represivos con el propósito de alejarlos de su carácter civil y sustraerlos al control popular".
Entre esas "anomalías" mencionó la expulsión del país, en junio de 1994, de un grupo de venezolanos asaltantes de bancos, sin que fueran juzgados por los tribunales costarricenses.
Arias también fustigó la constitución de una guardia presidencial de estructura castrense, en cuya conformación intervinieron expertos chilenos, así como las extralimitaciones de los cuerpos policiales frente a manifestaciones populares.
El ex presidente advirtió sobre el peligro de que la norma que desde 1949 prohibe el ejército sea interpretada sólo como la declaración constitucional de que los cuerpos armados deben estar bajo el control de las autoridades civiles.
"Esa norma va mucho más lejos y de ella se deriva que la República de Costa Rica deba ser la encarnación de un Estado cuyos órganos, incluidos los de seguridad, sean estrictamente civiles y no sólo controlados por los civiles", advirtió.
Como solución a estos problemas, Arias propuso que el Congreso nombre una comisión permanente en asuntos de seguridad pública y determine con mayor claridad cuándo se puede emplear el recurso del secreto.
El poder Ejecutivo reaccionó el mismo día acogiendo la propuesta de Arias, pero negó que se esté apartando de la una actitud democrática en el manejo del tema de la seguridad ciudadana. (FIN/IPS/mso/dg/ip/96).
