El "deshielo" diplomático de los últimos 18 meses casi no produjo progresos tangibles en el tratamiento del gobierno de Uzbekistán a los derechos humanos, publicó hoy la organización Human Rights Watch/Helsinki (HRW).
La suspensión de las libertades civiles básicas, como las de expresión y reunión, ha creado "una atmósfera en general represiva que afecta diversos aspectos de la vida cotidiana", destaca el informe, titulado "Uzbekistán: Violaciones a los derechos humanos y perspectivas de progreso".
"Pese a existir una mejor receptividad del gobierno respecto de los temas de derechos humanos desde 1994, es posible que hoy haya más prisioneros de conciencia que al comienzo del 'deshielo' diplomático", dice el informe.
La comunidad musulmana de las principales ciudades del Valle Farghona y la capital, Tashkent, constituye el objeto más frecuente de detenciones arbitrarias, desapariciones y otros abusos, destacó HRW.
Añadió que los hombres musulmanes "son detenidos arbitrariamente para ser interrogados e intimidados, y a menudo se los retiene varios días sin acusación (…) por supuesta insubordinación", mientras otros son molestados o detenidos por usar barba o "no elogiar al gobierno en sus oraciones".
El informe cita el caso de cinco hombres musulmanes que fueron detenidos y acusados de "traición a la patria" cuando intentaban viajar a Afganistán para visitar una institución de altos estudios islámicos antes de realizar un peregrinaje a La Meca.
Los cinco musulmanes fueron hallados culpables y sentenciados a penas de prisión que varían entre cinco y 10 años.
La represión de los musulmanes que asisten a mezquitas no estatales y escuelas religiosas se deriva de la preocupación del gobierno sobre "influencias militantes" de fundamentalistas islámicos en los vecinos Afganistán y Tajikistán, según el reporte.
"El gobierno ha enviado un claro mensaje de intolerancia a todo aquello que no constituya lealtad explícita al islamismo estatal", y por ello prohibió los partidos políticos islámicos y desaparecieron altos líderes religiosos, sostiene el informe.
Pero los musulmanes no son las únicas víctimas del autoritarismo gubernamental. HRW sostiene que sus propios observadores fueron objeto de abusos cuando investigaban la situación de los derechos humanos en la república poscomunista.
"Durante dos años y medio, nuestros representantes no podían entrar al país o eran expulsados, nuestras cartas no recibían respuesta, nuestras solicitudes de entrevista con funcionarios de gobierno eran ignoradas y la prensa nos catalogaba como 'enemigos del pueblo"', señaló Holly Cartner, directora ejecutiva de HRW/Helsinki.
"Desde el año pasado, sin embargo, el gobierno mejoró su tratamiento hacia nosotros notablemente" y hasta expresó su apoyo a la apertura de una oficina regional de HRW en el país, destacó Cartner.
No obstante, la "atmósfera de cooperación" creada por el gobierno no se extiende a los activistas locales, que son tratados con rudeza o indiferencia, puntualizó HRW.
El grupo exhortó al Ministerio del Interior a "cesar inmediatamente la persecución, la vigilancia y la intervención telefónica contra ciudadanos pacíficos" y a "investigar los informes sobre policías que colocan estratégicamente drogas y armas para incriminar a determinados individuos".
HRW atribuye el progreso realizado por el gobierno a su necesidad de atraer inversión y ayuda extranjera, así como de cultivar "una atmósfera de cooperación". (FIN/IPS/tra-en/pz/fah/ml/hd/96)
