Cuarenta y cinco prisioneros murieron en una cárcel de Ruanda a consecuencia de un ataque con armas pesadas de rebeldes hutus con base en Zaire, que intentaban liberar a sospechosos de participación en el genocidio de 1994.
Una fuente oficial informó este miércoles que el ataque se produjo el domingo en la sudoccidental provincia de Cyangugu y fue lanzado por soldados del ejército hutu derrotado en la guerra civil de hace dos años y por la milicia "interahamwe".
También fue asaltada el sábado de noche otra prisión de Cyangugu, una provincia fronteriza con Burundi y Zaire. Setenta y un reclusos escaparon, aunque 22 fueron recapturados por las fuerzas de seguridad.
Según la Agencia de Noticias de Ruanda, en los dos casos los atacantes entraron en Ruanda vía Burundi, donde también operan grupos hutus armados.
Funcionarios de la misión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ruanda (HRFOR) llegados el martes a la localidad de Bugarama, escenario del ataque del domingo, comunicaron haber hallado siete cadáveres y cinco prisioneros heridos en la cárcel bombardeada.
Así mismo, Marie Van Elst, portavoz de la HRFOR, confirmó a IPS el episodio del sábado, verificado en la comuna de Karengera, donde también fueron atacadas las oficinas municipales.
Una cantidad indeterminada de asaltantes fueron capturados en Bugarama, de acuerdo con la información oficial. Un detenido identificado como Daniel Ruticumugambi declaró que la fuerza atacante partió de Zaire con instrucciones de "matar a los dirigentes" de la localidad.
"No soy soldado, y sólo tuve un mes de entrenamiento. Un capitán nos reclutó en Bukavu (Zaire) para atacar y liberar prisioneros en Nyakabuye, Karengera y Bugarama", habría confesado Ruticumugambi.
Los extremistas hutus, que tienen sus bases de operaciones en campamentos de refugiados ruandeses en Zaire, también intentaron hace tres semanas arrancar a los prisioneros de una cárcel de Gisenyi, en el noroeste de Ruanda.
El ejército hutu y la milicia interahamwe dieron muerte a más de 500.000 personas entre abril y julio de 1994 antes de su derrota a manos del Frente Patriótico Ruandés (FPR), que está controlado por dirigentes de la minoría étnica tutsi.
Según los analistas, el propósito de los ex soldados y milicianos hutus consiste en sumar efectivos a sus tropas. Las prisiones de Ruanda presentan terribles condiciones de reclusión y los detenidos estarían dispuestos a sumarse a cualquier grupo que se propusiera derribar al gobierno del FPR.
La HRFOR informó la semana última que 42 reclusos murieron en abril a causa de malaria, tuberculosis y enfermedades respiratorias. Las cárceles ruandesas albergan a 71.392 presos, según el Comité Internacional de la Cruz Roja.
Philippe Lazzarini, ex representante de la Cruz Roja en Ruanda, advirtió que la población carcelaria excede la capacidad de los centros de reclusión.
"Exhorto a la comunidad internacional y al gobierno de Ruanda a no olvidar sus responsabilidades en materia de derechos humanos", dijo Lazzarini.
La Cruz Roja destacó que su ayuda a Ruanda contribuyó en 1995 a "reducir significativamente la alarmante mortalidad" en las cárceles, pero el hacinamiento de los reclusos representa tovaía un grave problema.
El gobierno pidió asistencia al exterior para ampliar las prisiones y construir otras. "Pero no todos los países han sido generosos", puntualizó un funcionario del Ministerio de Justicia que pidió conservar el anonimato.
"La solución más eficaz sería comenzar el juicio a los sospechosos de genocidio", señaló el funcionario.
Los procesos no se formalizan debido a que el Poder Judicial permanece desmantelado desde la guerra civil. "Necesitamos financiación para reconstruir el sistema de justicia. El actual gobierno heredó un país en ruinas, con las arcas vacías", declaró Protais Mutembe, consejero legal de la Presidencia.
"Además, los mecanismos legales existentes antes del genocidio eran inadecuados para la situación creada por la tragedia" de 1994, advirtió Mutembe.
"La adaptación de la estructura legal" a las nuevas condiciones" resultaba imperativa, ya que, de otro modo, los criminales podrían escapar fácilmente a la justicia", agregó.
Ruanda contaba en marzo de 1994 con 800 jueces, pero sólo 200 quedan ahora. Los otros fueron asesinados, escaparon a países vecinos o son sospechosos de participación en el genocidio, cuyas víctimas fueron tutsis y hutus moderados.
La organización no gubernamental belga imparte capacitación a 90 fiscales, 300 jueces y 250 investigadores.
Según Mutembe, la rehabilitación del Poder Judicial de Ruanda está próxima a completarse. La Corte Suprema de Justicia ya está en funciones y ha designado jueces para todos los niveles del sistema.
El gobierno anunció que los procesos por el genocidio comenzarán tan pronto como pueda contarse con normas internacionales para la defensa de los acusado, aunque puntualizó que los problemas financieros pueden bloquear el trabajo de los tribunales. (FIN/IPS/tra-en/jbk/kb/ff/ip hd/96)
