Tras reconocer que la familia panameña enfrenta una crisis estructural, funcionarios y líderes de organizaciones no gubernamentales procuran definir estrategias de desarrollo humano y social para el próximo siglo.
Ana Hernández, directora ejecutiva del Consejo Nacional de la Familia y el Menor, manifestó a IPS que a nivel presidencial son emprendidas acciones y proyectos específicos para atacar las causas de la desintegración familiar.
Hernández precisó que aunque la mayor parte de las familias en Panamá son de tipo nuclear, con un promedio de 4,4 miembros, existe un 22,3 por ciento de los hogares regidos por mujeres en los que falta la figura paterna, y por lo tanto, no se trata de núcleos tradicionales consolidados.
El Censo de Poblacion de 1990 registró 526.456 hogares, de los cuales 25 por ciento tenían un ingreso mensual de 175 dólares. El costo de la canasta básica de alimentos se situaba en esa época en 404 dólares en áreas urbanas y en 102 dólares en las zonas rurales.
"Hasta hace poco no había una política explícita de familia, pero con la entrada en vigencia del código que rige esta materia, a partir del 3 de enero de 1995, se demostró que hay voluntad gubernamental de contribuir a resolver los problemas sociales que afectan a la población", aseguró la funcionaria.
El Código de Familia consigna los derechos de la familia a recibir seguridad, trabajo y salario suficiente, así como acceso a una vivienda digna y la adecuada protección jurídica para todos, incluidos los niños, las mujeres, ancianos y minusválidos.
No obstante, estudios socioeconómicos oficiales confirman que la pobreza absoluta alcanza a más de 50 por ciento de los 2,5 millones de panameños y, según la Iglesia Católica, provoca "estados de angustia y desesperación familiar".
Valery López, presidenta de la Asociación pro Valores Cívicos y Morales, dijo a IPS que los esfuerzos de promoción de la unidad de las familias deben privilegiar la orientación de los jóvenes, quienes carecen de modelos positivos y están abrumados por conflictos y situaciones de violencia en el hogar.
López opinó que es necesario movilizar a toda la sociedad civil en defensa de los valores morales que propicien la unidad familiar, "ya que es imposible el desarrollo de un país con una base social socavada o sometida a constantes presiones de un ambiente hostil".
Al respecto, Hernández indicó que las autoridades educativas iniciaron en 1995 un programa de orientación en las escuelas con apoyo de organizaciones no gubernamentales para fortalecer los valores familiares y la difusión de ejemplos de vida sana en las comunidades.
Agregó que la educación "tiene carácter estratégico" para arribar al práximo siglo con una sociedad civil "moralmente robustecida y con una base firme".
Según Hernández, los alarmantes índices de violencia juvenil, desamparo y desintegración de los hogares deben producir un estado de alerta y movilizacion de la sociedad civil para generar un ambiente de bienestar colectivo.
Miguel Cuéllar, oficial del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, afirmó por su parte que ese organismo está dispuesto a apoyar la formulación de un Plan de Acción que promocione y eleve la calidad de vida de la familia panameña.
Proyecciones demográficas oficiales estiman que la población panameña llegará a los tres millones de personas en el 2003, y será necesario contar con instrumentos adecuados para asimilar el crecimiento en las zonas urbanas, donde se concentran los principales problemas sociales y de desintegración familiar.
Cuéllar destacó a IPS que es indispensable concentrar esfuerzos de diversos sectores de la sociedad organizada, incluidos los medios de comunicación, para actuar con una visión de futuro sobre las condiciones socioeconómicas que influyen sobre la familia.
Según un estudio de UNICEF, Panamá ocupa junto con Chile, y sólo antes de Brasil, el penúltimo lugar en América Latina en materia de distribución del ingreso. El 20 por ciento más rico obtiene en Panamá ingresos 45 veces mayores que el 20 por ciento más pobre.
Cuéllar subrayó que es necesario sentar las bases de una concertación de la sociedad civil para construir un futuro con equidad y atender las necesidades de los grupos menos favorecidos, que tienen derecho a disfrutar de una existencia decorosa.
Asimismo, recordó que UNICEF respalda la divulgación del Código de la Familia y el Menor y promueve acciones de apoyo a la lactancia materna y destinadas a resaltar el papel de la madre en el hogar. (FIN/dc/ff/pr/96).
