La guerrilla zapatista de México se declaró en "alerta roja" y suspendió su participación en el diálogo de paz con el gobierno debido a las sentencias por terrorismo dictadas contra dos supuestos guerrilleros y a la "abierta movilización" de militares en zonas de selva.
Las unidades del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) permanecen en sus posiciones y la dirigencia vigilante y alejada de la negociación, dijo este domingo en el sureño estado de Chiapas el "comandante David".
El dirigente zapatista hizo esta declaración tras denunciar que decenas de militares están penetrando en las comunidades.
El proceso de paz en Chiapas vive momentos difíciles desde que un juez condenó hace dos semanas a 13 y seis años de prisión a los supuestos guerrilleros Javier Elorriaga y Sebastián Etnzin, quienes permanecen detenidos desde hace 15 meses.
En la capital mexicana, los mediadores del diálogo, iniciado en abril de 1995, intensificaron este lunes sus esfuerzos para salvar el proceso de paz y mantienen reuniones con autoridades en las que se estaría analizando el posible indulto o amnistía de los sentenciados.
"Expresamos profunda preocupación por la forma en que, sin llegar a la ruptura, está afectado el diálogo entre el gobierno y el EZLN", señaló el obispo Samuel Ruiz, presidente de la Comisión Nacional de Intermediación.
La guerrilla, que suspendió el fin de semana reuniones con los mediadores argumentando "falta de garantías", se mantendrá alejada de la negociación mientras no sean liberados "o se busque una salida adecuada y justa a los casos de Elorriaga y Etnzin", dijo David.
Denunció que los militares "se mueven abiertamente y en varios municipios han aumentado la vigilancia con gente vestida de civil", con lo que el gobierno pretende justificar una ofensiva.
El Ejército Federal sostiene que su trabajo en Chiapas es normal y que sus movimientos son para combatir al narcotráfico.
Organizaciones políticas, humanitarias y sindicales de Alemania, Argentina, Australia, Canadá, Estados Unidos y Holanda enviaron los últimos días cartas al presidente Ernesto Zedillo pidiendo la liberación de Elorriaga y Etnzin, y manifiestan el temor ante la reanudación de enfrentamientos armados en Chiapas.
El caso de los dos supuestos zapatistas, sentenciados en base a declaraciones de una persona que nunca se presentó ante el juez a ratificar los cargos, despertó en México una serie de protestas y movilizaciones de indígenas simpatizantes del EZLN y de grupos políticos opositores.
Elorriaga, un corresponsal de televisoras extrajeras que actuó como correo entre autoridades y el EZLN durante los primeros meses del gobierno de Zedillo, fue detenido al mismo tiempo que Etnzin y otras 20 personas, en su mayoría indígenas.
Dos meses después de su detención, enmarcada en una ofensiva militar contra el EZLN en la que se denunciaron torturas, el Congreso dictó una ley amnistía para los dirigentes de la guerrilla y permitió iniciar las negociaciones de paz.
El senador Heberto Castillo, quien renunció a la comisión mediadora del Congreso tras conocerse las sentencias, afirmó que el gobierno está "jugando a la guerra" con el EZLN.
En tanto, el gobierno rechaza las acusaciones y sostiene que las polémicas sentencias, basadas en las pruebas y argumentos presentados por la policía, son exclusiva responsabilidad de la justicia.
La tensión creada entre el EZLN y el gobierno por el caso de los acusados de terrorismo se vio abonada los últimos días por choques armados en zonas rurales de Chiapas entre grupos políticos opositores y bandas paramilitares, que dejaron un saldo de seis muertos.
Los enfrentamientos han dado lugar a interpretaciones contradictorias sobre las responsabilidades de las partes.
Sergio Sarmiento, un conocido comentarista de televisión y prensa, afirmó que las sentencias contra Elorriaga y Etnzin "son una excusa más" del EZLN para alargar el diálogo de paz, ya que ha hecho de "la negociación interminable una forma de vida".
Otro analista, Eduardo Montes, señaló al gobierno como único responsable de los problemas presentados y aseguró que las sentencias son "o un acto de extraña astucia estatal o una acción de torpeza inaudita de los operadores políticos".
En febrero las partes firmaron un acuerdo sobre derechos indígenas que, según el EZLN, no tendrá ninguna trascendencia si no se crea una comisión de seguimiento.
A más de un año de iniciados los diálogos de paz en Chiapas "los indígenas viven peor que antes, el Ejército ha ampliado su cerco en torno a las comunidades y el gobierno insiste en poner de rodillas al EZLN", afirmó Julio Moguel, asesor de la guerrilla en las negociaciones de paz. (FIN/IPS/dc/ag/ip/96)
