La sentencia de 13 años de prisión dictada por "terrorismo" contra un presunto miembro de la guerrila zapatista de México, puso al descubierto nuevas contradicciones en un lento y frágil proceso de paz que, a 13 meses de iniciado, corre el riesgo de romperse.
El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) amenazó con abandonar las negociaciones, mientras la oposición renunció a una comisión de mediación y advirtió que suspenderá su participación en diálogos políticos nacionales si el detenido no es liberado y el gobierno no refrenda su interés en la paz.
La semana pasada un juez del estado de Chiapas sentenció por "rebelión, terrorismo y conspiración" a Javier Elorriaga, quien trabajaba como corresponsal de cadenas de televisión extranjeras y actuaba como correo entre autoridades y el EZLN durante los primeros días de gestión del presidente Ernesto Zedillo.
Aunque el gobierno niega tener responsabilidad en la decisión judicial, sustentada en los argumentos y pruebas entregadas por la Procuraduría General (PGR), la oposición y un amplio sector de analistas sostienen que la sentencia reveló "una vez más" que el Ejecutivo actúa con doble lenguaje en el diálogo de paz.
En octubre de 1995 la policía detuvo a Fernando Yáñez, supuesto miembro del EZLN, pese a que estaba vigente una ley que prohibía perseguir a los dirigentes de ese grupo. Tras gestiones de varios diputados y amenazas de la guerrilla, Yáñez fue liberado.
La cadena de contradicciones, que según el analista Luis Hernández va demostrando el gobierno en su diálogo con el EZLN, comprendería por la sentencia contra Elorriaga, la detención de Yáñez y las continuas movlizaciones del Ejército Federal en la selva de Chiapas.
El caso Elorriaga, a quien la justicia lo acusa de ser el encargado de prensa del EZLN, despertó una ola de protestas de simpatizantes de la guerrilla y gestiones de un grupo de diputados que buscan que las negociaciones de pacificación se mantengan.
"El gobierno con un mensaje de guerra nos obliga una vez más a regresar a la lucha para exigir que se deje en libertad a los supuestos zapatistas", señalaron indígenas que este martes ocuparon una radioemisora en San Cristóbal, Chiapas.
Si Elorriaga es sentenciado por "terrorismo", la dirigencia del EZLN sólo puede esperar la guerra y la cárcel cuando termine el proceso de paz, advierte la dirección del grupo armado que analiza si continúa o no dialogando con el gobierno.
Unos 200 indígenas ocupan desde este lunes una plaza de la ciudad de San Cristóbal para pedir la liberación del detenido, en la selva la guerrilla dice permanecer alerta y en la capital militantes de organizaciones humanitarias y de oposición realizan protestas frente al edificio de la PGR.
La Secretaría de Gobernación indicó este martes en un comunicado que no considera al EZLN un grupo terrorista sino "una organización de ciudadanos, mayoritariamente indígenas, que se inconformó por diversas causas y se involucró en el conflicto armado iniciado el 1 de enero de 1994".
La intención del gobierno es desvanecer las pruebas contra Elorriaga, detenido en febrero de 1995, y alentar la apelación de su sentencia, dijeron fuentes oficiales. Si esa estrategia no funciona podría pensarse en una amnistía, declaró el procurador Antonio Lozano.
Más allá de las promesas del gobierno, el proceso contra Elorriaga, quien niega pertenecer al EZLN, demuestra el "doble juego" del gobierno en Chiapas, sostiene el analista Bernardo Bátiz.
El Ejecutivo no puede "seguir el doble juego de hablar de paz y al mismo tiempo preparar la guerra con cercos, compras de armamento y procesos penales", expresó Bátiz.
Según indica la ley de Pacificación y Concordia dictada por el Congreso para encauzar los diálogos gobierno-EZLN, si las negociaciones se rompen las órdenes de prisión dictadas en febrero de 1995 contra los dirigentes de la guerrilla quedarían reactivadas.
El gobierno y la comisión de mediación del Congreso, de la que se retiró el delegado del Partido de la Revolución Democrática – tercera fuerza política del país- en protesta por el caso Elorriaga, piden al EZLN mantenerse en la negociación para evitar "graves consecuencias jurídicas".
Elorriaga fue juzgado en base a declaraciones de un supuesto guerrillero, quien nunca se presentó ante el juez a confirmar sus acusaciones.
Siempre existió "una intención política" en el proceso judicial y "en términos legales el expediente no aporta ninguna prueba, son puras ficciones", afirmó Miguel Angel de los Santos, abogado del supuesto zapatista.
El EZLN y el gobierno dialogan desde abril de 1995, dos meses después de la detención de Elorriaga. (FIN/IPS/dc/dg/ip/96).
