La violencia y el asesinato están entretejidos en la cultura política de Kenia, deformando el rostro de la frágil y conflictiva democracia de este país.
En marzo pasado, por ejemplo, el secretario general del movimiento Liberar a los Prisioneros Políticos (RPP), Karimi Nduthu, fue encontrado muerto en su casa de Nairobi, a golpes de hacha.
El RPP es un grupo formado por ex detenidos políticos, que surgió poco después del teórico retorno del país a la democracia pluralista en 1992.
"Tenemos grandes sospechas de que las autoridades saben quién ejecutó un acto tan bestial, e incluso de que la propia policía pueda estar involucrada", dijo a IPS Njeri Kabeberi, importante miembro del RPP.
Nduthu fue un militante político de larga ejecutoria. En 1986, cuando era dirigente de la Organización Estudiantil de la Universidad de Nairobi -que más tarde fue ilegalizada-, fue sentenciado a 14 años de prisión por supuesta actividad subversiva bajo el régimen de partido único.
Quienquiera que se encuentre detrás de la muerte de Nduthu, el solo hecho de que el dedo acusador pueda dirigirse fácilmente hacia el gobierno del presidente Daniel arap Moi es revelador de grandes dudas acerca de sus credenciales democráticas.
En el pasado, el comportamiento de Kenia en materia de derechos humanos solía ser motivo de regulares censuras internacionales. Y actualmente, la aceptación poco entusiasta del pluralismo político por parte de Moi no se ha traducido en una mayor tolerancia hacia los disidentes.
El temor general al gusto del partido gobernante -la Unión Nacional Africana de Kenia (KANU)- por la dureza política, y la desigualdad del terreno en que se realiza el juego, han dado base a la exigencia de una radical reforma política y constitucional de cara a las elecciones generales del año próximo.
Detrás de esa exigencia se encuentran, por un lado, una oposición política dividida, y por el otro, las organizaciones no gubernamentales que defienden los derechos humanos.
La violencia, las desapariciones y el acoso a la oposición parlamentaria y extraparlamentaria son el pan de cada día en el escenario político de Kenia.
Tal vez traduciendo su íntima visión del concepto de democracia, Moi exclamó en 1990 que "para un africano, la pluralidad de partidos significa luchar físicamente".
La brutalidad de la reacción oficial ante cualquier forma de oposición quedó ejemplificada el 10 de abril, cuando policías uniformados se lanzaron blandiendo bastones sobre los votantes del distrito de Starehe, donde se celebraba una elección parcial.
La oposición dijo que se había tratado de un intento de intimidar a sus partidarios, en un baluarte contrario a la KANU.
La violencia política no está reservada, sin embargo, sólo al partido oficialista. A principios de abril, Richard Okullu fue atravesado por una espada dentro del recinto de la Catedral de Todos los Santos de Nairobi, cuando se enfrentaron en el lugar dos facciones del partido opositor FORD-Kenia.
Okullu era partidario del combatido presidente del partido, Kijana Wamalwa, cuya posición es desafiada por Raila Odinga.
Lo mismo que muchas de las figuras destacadas de la oposición, Wamalwa perteneció a la KANU. En su calidad de vicepresidente de FORD-Kenia, se hizo cargo de la presidencia a la muerte del líder del partido Oginga Odinga, con la inmediata oposición del hijo del veterano político, Raila.
Prisionero político durante 14 años bajo el gobierno de Moi, Raila opinó que "la violencia a la que asistimos en este momento es el resultado de años de represión política, y la KANU no puede escapar a las culpas".
Ngengi Muigai, militante del Partido Democrático, sostuvo que "el gobierno podría, si quisiera, poner fin a esta violencia, porque para ello tiene los medios materiales, pero como sus manos están manchadas de sangre, no puede hacerlo".
No se trata de algo nuevo en Kenia. En 1969, el país se vio sacudido por el asesinato del legislador populista Tom Mboya, siendo acusado del hecho el entonces presidente, Jomo Kenyatta. Fue un choque entre dos comunidades étnicas rivales -los luo de Mboya y los kikuyu de Kenyatta- que se enfrentaron en las calles.
En 1975 fue asesinado otro político popular, Mwangi Kariuki, siendo igualmente atribuida la culpa al entorno gobernante de Kenyatta.
Lo que diferencia al régimen de Moi del que dominó la figura de su predecesor Kenyatta -al que acompañó como vicepresidente- es sólo la escala de la violencia y, en cierto sentido, el grado de aceptación del fenómeno, ahora convertido en cultura política.
Según Manindu Mutsembi, profesor de Economía de la Universidad de Nairobi, detrás de la cultura de violencia que predomina en Kenia se encuentra una competencia por las prebendas del poder y por el control de los limitados recursos del país. (FIN/IPS/tra-en/cw/oa/arl/ip/96)
