La reintroducción el año pasado de una resolución que autoriza a la policía a abrir fuego contra sospechosos a primera vista ha provocado trágicas consecuencias en Kenia.
Los registros revelan que en 1995 la policía mató a 74 "sospechosos" e hirió a otros 34, pero en lugar de excusarse, el gobierno afirma que las acciones policiales están plenamente justificadas.
En agosto pasado, un intento de reparación de una falla eléctrica en la provincia de Rift Valley, al oeste de la capital, resultó fatal para dos funcionarios de la estatal Corporación de Energía e Iluminación.
Los ingenieros Joseph Mwende y Kipruto Arap Rotich estaban de guardia nocturna cuando recibieron un reclamo de los residentes de Elgon View. Cuando acudieron a reparar la falla, fueron baleados por guardias de seguridad que los tomaron por ladrones, y desde entonces muchas otras personas inocentes fueron abatidas.
"La policía tiene plenas facultades para proteger la vida de los kenianos", destacó ante el parlamento Julius Sankili, ministro adjunto de la Oficina de la Presidencia.
"La muerte de los 74 sospechosos el año pasado estuvo justificada, ya que la cifra es fácilmente comparable a la de personas inocentes y funcionarios policiales asesinados por ladrones", agregó.
Sankili no informó cuántos policías fueron muertos por supuestos delincuentes, pero insistió en que "la única razón por la que la policía dispara a sospechosos es para proteger la vida de los ciudadanos".
La posición del gobierno es desafiada por Njeri Kabeberi, de la Comisión de Derechos Humanos de Kenia. El uso indiscriminado de armas "pisotea la Constitución, porque no se otorga a los individuos el beneficio de la duda antes de dispararles", dijo.
"Desde el momento en que las armas remplazan a los tribunales como instrumento de justicia, se invalida la Constitución", añadió Kabeberi.
Además, las líneas telefónicas policiales creadas en octubre para permitir la denuncia de delitos o de sospechosos se han transformado en instrumento de venganza, afirmó el diputado opositor Chris Kamuyu.
Pero el argumento más comúnmente esgrimido contra el llamado "gatillo fácil" es que el daño que produce es irremediable, como en el caso de Omari Kazungu, de 36 años, que fue baleado en la espalda por tres policías de Nairobi que lo tomaron por un ladrón de autos.
"Había ido a tomar una cerveza con dos amigos que proyectaban abrir un negocio de repuestos de automóviles y me propusieron tomar parte", relató Kazungu a IPS. "Cuando volvíamos a casa oímos unos silbidos, y antes de que supiéramos de dónde venían nos dispararon dos veces, y no recuerdo nada más", agregó.
Paralizado desde el cuello hacia abajo como resultado del incidente, Kazungu vive ahora con sus padres, de quienes depende totalmente.
Generalmente los culpables salen impunes. Algunos familiares de víctimas reclamaron compensación, pero tal acción es infrecuente, porque no son muchos los que pueden pagarse un abogado, y además la corrupción interna de la policía impide que la mayoría de los casos lleguen a los tribunales.
La policía argumenta que actúa con dureza porque hay demasiadas armas en las calles, introducidas principalmente por refugiados de Ruanda, Somalia y Sudán.
Las armas de fuego se venden abiertamente en ciudades fronterizas del oeste y noreste del país. Una pistola cuesta aproximadamente 250 dólares, mientras un mercenario cobra entre 35 y 80 dólares por cada "servicio".
Sin embargo, los esfuerzos por combatir el tráfico de armas son infructíferos, en parte por la protección que algunos policías ofrecen a los traficantes. (FIN/IPS/tra-en/cw/jm/kb/ml/ip/96)
