Cinco años después de los llamados "enfrentamientos étnicos" previos a las primeras elecciones multipartidarias de Kenia, nada se ha hecho para castigar a los responsables, destacaron grupos defensores de los derechos humanos.
Activistas por la paz advirtieron que, dada la tensión política existente a causa de las próximas elecciones generales de 1997, esta impunidad podría conducir a un nuevo brote de violencia, quizá en mayor escala.
"Ya no se tratará de tribus contra tribus, sino de clanes contra clanes", afirmó Eric Ole Kesoi, coordinador de programa de la Comisión de Paz y Justicia de la Iglesia Católica, que desde los choques de 1991 trabaja por la reconciliación de las comunidades.
Miembros de las tres mayores etnias de Kenia (gikuyu, luo y luhya) fueron expulsados hace cinco años de sus hogares en la provincia predominantemente kalenjin de Rift Valley, donde nació el presidente Daniel Arap Moi, y en la primera mitad de 1992 unas 2.000 personas fueron asesinadas y varios miles quedaron sin hogar.
Otro hecho menos conocido es que muchos kalenjin también fueron atacados en un intento de creación de zonas de votación tribales, previamente a las elecciones de 1992.
"Dos semanas antes de los enfrentamientos, llegaron soldados en camiones y nos advirtieron que si no votábamos por (la gobernante Unión Nacional Africana de Kenia) KANU tendríamos que irnos. Por supuesto que no les creímos, pero ocurrió", afirmó Cleophas Budi, un sobreviviente de la violencia en Kapsakwani, una aldea de Rift Valley.
Como nadie ha sido juzgado por estos hechos, "a nivel de las comunidades las personas que participaron de los enfrentamientos no temen hacerlo nuevamente porque se sienten políticamente protegidas, por lo tanto debemos estar alertas", advirtió Kesoi.
Ciertos informes que respaldan las declaraciones de los sobrevivientes han sido ignorados, y aún el reporte resultante de una investigación financiada por el gobierno fue rechazado por las autoridades.
"El problema es que una comunidad fue presentada como la agresora y las otras como víctimas", explicó Kesoi. "Hubo una falta de seguimiento de las investigaciones que refutan la supuesta naturaleza tribal de los enfrentamientos", añadió.
Antes de los comicios de 1992, el presidente Moi, que se resistía a las reformas políticas, advirtió repetidamente que el multipartidarismo sólo serviría para promover los conflictos tribales.
Varios informes, incluso el financiado por el gobierno, implican a miembros del gobernante KANU como instigadores de la violencia, en un intento por hacer cumplir la profecía de Moi.
Un estudio de la Unidad de Vigilancia de Elecciones Nacionales señaló que "a muchos kenianos se les negó el derecho a participar en los comicios por medio de los llamados enfrentamientos étnicos y la declaración de ciertas partes del país (especialmente Rift Valley) como 'zonas KANU"'.
"Divide y gobierna", un informe de Human Rights Watch/Africa, fue aún más lejos al afirmar que KANU ordenó el movimiento de tropas hacia Rift Valley para expulsar a los residentes considerados hostiles al partido.
Aunque algunas víctimas respondieron con violencia, su respuesta fue espontánea y desorganizada en comparación con la de las milicias. Human Rights Watch estimó que 300.000 personas resultaron desplazadas por los enfrentamientos. (FIN/IPS/tra-en/lmw/oa/ml/ip/96)
