El acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria firmado el lunes en México entre representantes del gobierno y de la guerrilla de Guatemala generó críticas de organizaciones campesinas.
Juan Tiney, dirigente de la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (CONIC), dijo el martes que las invasiones de tierras continuarán, porque el acuerdo no llena las expectativas necesarias en relación a este problema.
"El documento tiene muchos vacíos y genera incertidumbre la creación de un banco de tierras, ya que las fincas latifundistas están acaparadas en pocas manos", destacó.
Agregó el dirigente campesino que si bien el acuerdo contempla algunos aspectos fundamentales del conflicto agrario, aún hace falta iniciar la solución estructural inmediata del problema agrario, que afecta a más de cuatro millones de indígenas y campesinos en extrema pobreza . Un año tardaron las partes en firmar este acuerdo, considerado el más difícil de los contemplados en el diálogo de paz iniciado hace cinco años, por tratar entre otros temas tan conflictivos como el de la posesión de la tierra.
El convenio suscrito por el gobierno y la guerrillera Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) comprende cinco temas: democratización y desarrollo participativo, desarrollo social, situación agraria y desarrollo rural, modernización de la gestión pública y política fiscal y las disposiciones generales.
El gobierno se compromete a "profundizar la democracia real" con reformas legales, alentar la participación de la mujer, mejorar el sistema educativo y de salud, fomentar el crecimiento del empleo y la construcción de viviendas, modernizar la administración pública y hacer más justa la recaudación fiscal.
En el punto referente a la situación agraria y desarrollo rural, promete impulsar una estrategia integral que abarque los múltiples elementos que conforman la estructura agraria.
Allí se incluyen el acceso a la propiedad de la tierra, para lo cual se creará un Fondo de Fideicomiso de Tierras que se conformará con tierras de baldíos nacionales y de fincas registradas a nombre de la Nación y tierras que se adquieran con recursos que el gobierno haya destinado para ese fin.
Por su parte, la URNG confirmó que a partir de la firma del acuerdo socioeconómico el lunes, se suspendió el cobro del llamado impuesto de guerra que la guerrilla aplica a los grandes terratenientes.
Juan Quiñónez, del Centro de Atención Legal de Derechos Humanos (CALDH), dijo a IPS que su organización considera globalmente positiva la firma del acuerdo, al demostrar la voluntad política de las partes. No obstante, formuló algunas objeciones.
" Nos satisface que el acuerdo establezca metas específicas respecto a la inversión social en materia de educación, salud y vivienda, pero nos preocupa algunos vacíos que deja fundamentalmente en lo relativo a la situación agraria", dijo.
Quiñónez coincide en la urgente necesidad de realizar un catastro de tierras, pero también de establecer un punto de partida para su realización.
"Si no se pone una fecha diciendo vamos a poner orden a partir de 1980 o de 1960 por ejemplo, vamos a tener un desastre, porque en Guatemala la propiedad privada no es horizontal sino vertical, se encuentran títulos de propiedad unos sobre otros sobre el mismo pedazo de tierra", indicó.
"Este acuerdo bajó de lo deseable a lo posible – admitió Quiñónez- porque una cosa es lo que desearíamos, una reforma agraria, y lo otro es lo que es posible hacer en estos momentos".
Agregó que el acuerdo está guiado por un nuevo concepto de desarrollo, que apunta a reinsertar a Guatemala en el mercado mundial partiendo por una modernización de los sectores agrícolas del país.
Pero lo que al parecer causó mayor desconfianza en sectores populares, indígenas y campesinos, fue la inmediata e inesperada reacción de aprobación y satisfacción de parte del poderoso Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF).
Según el CALDH, la alegría del CACIF se debe en parte a que ya no pagarán el impuesto de guerra, pero también a que el pacto reconoce de hecho la propiedad privada, ya que el mayor temor de los poderosos empresarios era que se hablara de ella en función social o que se limitara su concepto.
Aura Marina Otzoy, diputada indígena del derechista Frente Revolucionario Guatemalteco (FRG), dijo que no quería hacer "profesías apocalípticas" pero que este acuerdo no llena las expectativas de la población indígena y campesina.
Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional del Café, Max Quirín, convocó a las organizaciones campesinas del país a resolver las controversias de tierras en los tribunales, como un aporte al acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria.
El moderador de las negociaciones entre el gobierno y la URNG, el francés Jean Arnault, visitará Guatemala el día 22 para explicar y resolver las dudas que pudieran tener los miembros de la Asamblea de la Sociedad Civil (ASC) en relación al acuerdo.
El comandante Pablo Monsanto, dirigente de las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR), uno de los cuatro grupos que integran la URNG, dijo a la prensa en México que aunque las causas que originaron el enfrentamiento en Guatemala aún persisten, los acuerdos firmados han sentado las bases del cambio para el país. (FIN/IPS/cz/dg/ip/96)
