El gobierno de Venezuela manifestó su iiritación por los "vaivenes" políticos del nuevo Ejecutivo de España, luego que la policía internacional Interpol detuviera irregularmente a un refugiado vasco en esta capital.
El refugiado, Eugenio Barrutiabengoa, vive y trabaja en Caracas, donde el lunes policías locales lo arrestaron por orden de la ficina de enlace con Interpol, pero el gobierno venezolano lo puso el martes en libertad.
La Policía Judicial abrió una investigación sobre la detención de Barrutiabengoa, aparentemente ejecutada por el enlace de Interpol Francis Fluche sin informar previamente a los jefes de ese cuerpo de detectives ni al gobierno venezolano.
Barrutiabengoa, de 40 años, es uno de los ocho vascos que en 1984 Francia detuvo como activistas de la organización armada separatista ETA, rehusó extraditar a España y envió a Venezuela por un acuerdo entre los tres gobiernos de la época.
Otros grupos de "etarras", procedentes de Argelia y Panamá, llegaron a Caracas en 1989 y 1991, mediante acuerdos entre todos los gobiernos concernidos, y actualmete una treintena de ellos viven en Venezuela, dedicados a labores privadas y cada mes se presentan a la policía política (Disip).
Pero las causas contra varios se mantienen abiertas en tribunales españoles, cuya Audiencia Nacional ha librado órdenes de detención, una de las cuales trató de ejecutar Interpol, a 12 años de la llegada de Barrutiabengoa a Caracas.
"El Estado español tiene que respetar la soberanía del Estado venezolano", dijo el ministro de Justicia, Henrique Meier, al criticar el arresto inconsulto de Barrutiabengoa, y añadió que "llama la atención" el cambio de política en Madrid.
Según el ministro, portavoz del gabinete de seguridad que liberó a Barrutiabengoa, "si el gobierno español desea que se realice una detención preventiva o una extradición, tiene que cumplir formalmente con todos los requisitos".
"No puede ser que de la noche a la mañana España pretenda que se detenga a sus ciudadanos aquí residenciados sin cumplir los requisitos de ley", dijo Meier, pues los refugiados vascos "tienen que estar seguros como todos los venezolanos".
Recordó que radicar vascos en Venezuela fue una solicitud del ex jefe socialista del gobierno español Felipe González, acogida por los ex mandatarios socialdemócratas venezolanos Jaime Lusinchi y Carlos Andrés Pérez.
"Venezuela no puede aceptar en materia de relaciones internacionales esos vaivenes y cambios, que pueden afectar a personas que han venido con expectativas de poder vivir olvidándose de su pasado", agregó Meier.
En España gobierna desde hace tres semanas el conservador José María Aznar, quien ha sostenido que "la extradición de los etarras es una obligación del gobierno, gobierne quien gobierne".
La extradición del grupo que integró Barrutiabengoa fue negada por Francia en 1984, pero Madrid y París concertaron la búsqueda de un tercer país que los acogiese, porque consideraron que esos etarras en cárceles francesas contribuían a perturbaciones en la frontera franco-española.
Otro grupo de vascos localizados en Argel llegó a Caracas por razones similares en 1989, y en 1991 un tercero, que en condiciones semejantes a las de Venezuela fueron recibidos en Panamá, pero se habían asilado en la Nunciatura Apostólica cuando Estados Unidos invadió el país canaleño.
El ex presidente Carlos Andrés Pérez consideró "un exabrupto" que "si España solicitó a Venezuela acoger a esos ciudadanos como colaboración con su propia estabilidad política, ahora solicite su extradición".
El tema fue animado desde abril por una serie de reportajes del diario madrileño ABC, que apoya decididamente a Aznar, y en los cuales Barrutiabengoa y otros vascos residenten en Venezuela fueron descritos como "varios de los pistoleros más buscados por la Audiencia Nacional", juzgado antiterrorista español.
Según el embajador español en Venezuela, Aurelio Pérez, Barrutiabengoa "es un presunto delincuente, solicitado por cinco causas muy graves, con siete posibles asesinatos", y subrayó que en España "no hay perseguidos políticos, ni por sus ideas políticas, aún las más extremas".
Barrutiabengoa respondió que las acusaciones de la justicia española en su contra "son del tipo de declaraciones que en España se sacan en comisarías donde se tortura", y se declaró partidario de "una solución dialogada al problema vasco".
ABC criticó que los etarras "viven a cara descubierta en su santuario venezolano", en tanto el ministro del Interior de Venezuela, José Andueza, dijo que esos refugiados "siempre han observado buena conducta, y se presentan mensualmente a la Disip", que les mantiene ubicados.
Cuando recibió a los etarras, Venezuela puso como condición que se abstuviesen de activismo político desde su territorio, lo que han observado esos vascos, dedicados a labores privadas.
Fuentes de la comunidad vasca en Venezuela sostienen que con la captura de Barrutiabengoa "se probó suerte para intentar llevarlo a España" o en su defecto "crear, con vistas a septiembre, un clima de opinión adverso a la permanencia de nacionalistas vascos en este país".
Para septiembre está previsto que el presidente Rafael Caldera, de tendencia socialcristiana, visite Madrid, invitado por el rey Juan Carlos para retribuirle atenciones del mandatario cuando sus hijos visitaron Venezuela en 1995. (FIN/IPS/hm/dg/ip/96)
