Las próximas decisiones del gobierno español presidido por José María Aznar confirmarán su vocación centrista o el retorno a posiciones conservadoras sustentadas por la derecha clásica.
Las primeras señales son contradictorias. Por un lado, Aznar está cumpliendo su promesa electoral de discutir la política económica y social con los empresarios y los sindicatos. Por otro, anunció importantes recortes en el gasto público.
Aznar recibirá el próximo lunes a José María Cuevas, presidente de la poderosa Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).
También recibirá a los secretarios generales de las dos centrales sindicales mayoritarias, Antonio Gutiérrez, de Comisiones Obreras (CCOO, procomunista), y Cándido Méndez, de la Unión General de Trabajadores (UGT, pro socialista).
El Banco de España (emisor, máxima autoridad monetaria) informó este viernes que la economía española creció dos por ciento en el primer trimestre. Ese aumento es inferior al promedio registrado en 1995 y levemente superior al promedio correspondiente a la Unión Europea (UE).
Cuevas, Gutiérrez y Méndez ya se reunieron y concordaron en que "cada vez es más evidente que el crecimiento económico no crea los empleos que debía generar". El desempleo es considerado el problema más grave por la mayoría de los españoles, según todas las encuestas realizadas.
Méndez sugirió lo que puede constituir un acuerdo con los empresarios: "Tenemos que ser las organizaciones sindicales y la patronal quienes resolvamos los problemas de las empresas y los que afectan al mercado laboral".
En su primera reunión de trabajo, el consejo de ministros analizó este viernes una reducción de 1.700 millones de dólares del gasto público. En primer lugar, dispuso la eliminación de 33 por ciento de los altos cargos de la administración.
El vicepresidente y ministro de Economía, Rodrigo Rato, explicó a continuación que ese recorte no afectará a los gastos en seguridad social, al subsidio de desempleo y ni los salarios del personal de la administración pública.
El ex ministro de Obras Públicas y diputado socialista José Borrell comentó que "el déficit no se reduce con milagros y sin afectar el gasto", por lo que entiende que peligran esos gastos sociales.
Mientras, el nuevo ministro de Industria y Energía, Josep Piqué, un independiente próximo al nacionalismo catalán moderado, anunció que piensa privtizar todas las empresas públicas en esta legislatura. Es decir, antes de finalizar el siglo.
España se encuentra ante la necesidad de sanear sus finanzas para asegurar su ingreso en el primer nivel de la Unión Económica y Monetaria de Europa, según señalan la mayoría de los partidos políticos con representación parlamentaria .
Esa unión se expresará en la emisión de una moneda única, y el tratado respectivo prevé dos etapas. La primera comenzará en 1998, con los países que cumplan los criterios de convergencia, entre los que se destacan la reducción de la deuda pública y de la tasa de inflación.
El gran problema para el gobierno de Aznar, como ironizó Borrell, será cumplir sus compromisos de mantener el estado de bienestar y al mismo tiempo reducir el gasto y el déficit público.
Si logra "el milagro" al que se refirió Borrell, podrá mantener su definición de centro derecha. En ese caso, podría evitar que los sindicatos saquen a los trabajadores a la calle e, incluso, hasta podría aspirar a contar con un cierto apoyo.
Pero si la necesidad de cumplir con los criterios de convergencia lo lleva a un "ajuste duro" que recorte las prestaciones en sanidad, educación, desempleo y seguridad social, Aznar se vería obligado a eliminar de su definición la palabra centro.
Una palabra que, hoy por hoy, parece ser la clave de la gobernabilidad y la estabilidad en España. (FIN/td/ff/ip/96).
