Una ola de detenciones y la imputación contra otro general de la Guardia Civil por haber participado en la guerra sucia contra la organización separatista vasca ETA obligará al nuevo gobierno de España a asumir su primer gran decisión política sobre el "caso GAL" en un clima enrarecido.
El juez Baltasar Garzón acusó formalmente este martes al general Andrés Cassinello, ex jefe de Estado Mayor de la Guardia Civil (policia militarizada), de haber "participado de forma activa" en la formación de un grupo de efectivos "cuya misión era hacer frente de forma violenta a ETA".
Casinello logró evadir la cárcel debido a su avanzada edad y estado de salud, pero deberá presentarse todos los meses en el juzgado y le prohibió salir de España sin permiso previo.
El juez consideró que los hechos que se le imputan, su participación en el caso "Oñederra", primer asesinato de los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación) constituyen "delito de integración en banda armada", previsto en el Código Penal vigente en 1983.
Horas después, otro juez, Javier Gómez de Liaño, acordó prisión incondicional e incomunicada para el teniente de la Guardia Civil Pedro Gómez Nieto, por haber prestado "una colaboración eficaz", en el secuestro, torturas y asesinato de los etarras José Ignacio Zabala y José Antonio Lasa en 1983.
En la fecha en que desaparecieron Lasa y Zabala, Gómez Nieto era miembro del Centro Superior de Informaciones de la Defensa (CESID) y jefe de los grupos Omega, conocidos popularmente como los "pata negra".
Esos grupos fueron creados por el ex director de la Guardia Civil, Luis Roldán, actualmente también en prisión.
A esta actuación Gómez Nieto sumó este miércoles el auto de procesamiento de los ex guardias civiles Enrique Dorado Villalobos y Felipe Bayo, a quienes acusa de ser los autores materiales del secuestro, torturas y asesinato de Lasa y Zabala.
El defensor de ambos procesados, Jorge Argote, abogado del Ministerio del Interior, también se encuentra imputado en la causa.
La jueza Ana María Pérez Marugan, que investiga el uso irregular de los fondos reservados del Estado durante el gobierno del socialista Felipe González, dispuso este miércoles que se revisen las cuentas privadas de tres altos funcionarios.
Los investigados son el ex secretario de Estado para la Seguridad del Estado Rafael Vera, el ex director general de la Seguridad del Estado Julián San Cristóbal y el ex ministro del Interior José Luis Corcuera.
Vera fue citado, además, por Gómez Liaño para declarar como imputado en el caso Lasa y Zabalza, el viernes próximo. Por la misma causa comparecerán el ex general Enrique Rodríguez Galindo y el abogado Argote.
Con los resultados de las actuaciones judiciales en la primera plana de todos los diarios y en los informativos de radio y televisión, el Consejo de Ministros deberá decidir el viernes si desclasifica o no una serie de 18 documentos que reclamó el juez Garzón y que le han sido denegados hasta ahora.
Se trata de informes que fueron declarados secretos después de 1991, aunque los hechos sucedieron todos entre 1983 y 1987.
Hasta 1995, Garzón solicitó insistentemente al CESID y al ex ministro de Defensa Gustavo Suárez Pertierra la entrega de los documentos, pero siempre recibió una negativa por respuesta.
Incluso el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción dio la razón al anterior gobierno y sentenció que un juez no puede reclamar documentos secretos, sino que debe pedir previamente al Ejecutivo su desclasificación.
Garzón, que concretó formalmente su pedido el día 16, recibió el apoyo del fiscal Pedro Rubira, de su colega Gómez Liaño y de los abogados de la acusación popular.
Pese a que el jefe del gobierno, José María Aznar, ha declarado que en la "trama de los GAL" dejará actuar a la justicia con absoluta libertad, los magistrados han comenzado a encontrar algunos obstáculos.
Uno de ellos parece estar precisamente en los documentos reclamados.
El ministro de justicia, Eduardo Serra, encargó esta semana un dictamen sobre la desclasificación que reclaman los jueces al general Bruno Otero, jefe de la Asesoría Jurídica de la Defensa, quien se pronunció en contra de las anteriores peticiones hechas por Garzón durante el anterior gobierno.
La decisión de Serra de involucrar al mismo jurista en el caso ha causado malestar en el ambiente judicial.
Entretanto, dentro del gobierno hay discrepancia respecto a la decisión a adoptar.
La ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, se manifestó a favor de la entrega de los documentos, pero esta opinión no sería la predominante este viernes en el Consejo de Ministros. (FIN/IPS/af/ag/ip/96)
