Venezuela necesita medidas urgentes ante la "dramática situación" de las cárceles, declaró una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras visitar media docena de prisiones en este país sudamericano.
Consideradas la más grave materia pendiente en materia de derechos humanos, las 33 cárceles de Venezuela son virtuales depósitos de 25.000 personas, sólo un tercio con sentencia, donde muere casi un preso cada día por violencia o enfermedad, pese a que la pena de muerte está abolida desde 1863.
La CIDH identificó ocho problemas comunes y colocó en primer lugar la "falta de celeridad procesal, elevado número de procesados sin condena y otras deficiencias en los órganos del Estado".
Luego mencionó la sobrepoblación carcelaria, la violencia generalizada, la tenencia ilegal de armas, la deficiente atención médica, los malos tratos a los internos, la falta de higiene y seguridad, y "problemas relativos al traslado de los presos".
Los guardianes y otros funcionarios cobran a los presos por llevarlos ante los tribunales, como parte de lo que el criminólogo Elio Gómez llama "la industria del preso", pues los detenidos deben pagar "por su seguridad, por comer, por recibir visitas y hasta por el aire y ver la luz del día".
La CIDH pidió a Venezuela que cumpla con la Convención Interamericana de Derechos Humanos, de la que es Estado parte, y recomendó como primera medida la reorganización del sistema de administración de las prisiones "a fin de reducir la pérdida de vidas humanas".
Acogió como buena la propuesta del presidente Rafael Caldera de perdonar a todos los procesados ya encarcelados por lapsos que excedan las penas máximas aplicables según la ley.
Recomendó medidas que favorezcan el trabajo, el recreo y la educación de los presos, en un contexto de "adopción de medidas urgentes para superar la dramática situación" que pudo comprobar esta visita de la CIDH. (FIN/IPS/hm/ag/hd/96)
