Trinidad y Tobago se prepara para ser el primer país de la Comunidad Británica de Naciones en tener una ley que regule la libertad de información.
Un proyecto de ley a presentarse en breve en el parlamento brindará a los ciudadanos del país caribeño lo que el fiscal general Ramesh Maharaj describió como "el derecho de acceder a la información oficial retenida por los ministros y los departamentos de gobierno".
La difusión del proyecto de ley para comentario público parece cumplir la promesa del Congreso Nacional por la Unidad (UNC), el cual en su plataforma electoral incluyó la aprobación de legislación sobre libertad de información.
El UNC es el mayor grupo de la coalición bipartidista que asumió el gobierno tras las elecciones de noviembre.
La propuesta legislación sigue a una reciente polémica entre el gobierno y los medios, la cual condujo a la huelga del editor responsable, el jefe de redacción y una docena de periodistas del Trinidad Guardian, un períodico con 79 años en la calle.
Los periodistas protestaron contra lo que consideraron un intento del gobierno por controlar el contenido editorial del periódico, aunque sus propietarios lo han negado.
El principal objetivo de la ley es "extender, lo más posible, el derecho al acceso a la información de archivos en posesión o bajo control del gobierno".
Maharaj sostiene que la ley "hará al gobierno más abierto y transparente", lo cual resultará en mayores niveles de imparcialidad y racionalidad en las decisiones administrativas, mejorando la calidad de un servicio público efectivo.
Pero un editorial del Guardian señaló que el proyecto no confiere privilegios especiales para los medios, "los cuales, según parece, deberán utilizar los mismos canales que el público para obtener información".
Maharay sostiene que, bajo la ley, aquellos que ejerzan el poder administrativo tendrán que hacerlo legal, limpia y razonablemente, ya que sus acciones podrán caer bajo el escrutinio público.
El proyecto prevé el establecimiento de un Consejo de Información que otorgue acceso a los datos, y un Tribunal de Informaciones para ocuparse de las apelaciones de las decisiones del consejo.
El Consejo será la agencia que procesará las solicitudes de personas que deseen obtener información de una autoridad. Deberá asistir al solicitante en la obtención de la información y hacerlo "al menor costo razonable".
No obstante, Maharaj advirtió que el acceso a la información no puede ser absoluto. "Debemos hacernos cargo del hecho de que, en ciertos casos, la revelación de información específica podría contravenir el interés público", dijo.
La excepciones incluyen información que podría dañar la defensa del país, las actividades legales de los servicios de seguridad e inteligencia, o los intereses del país en su política de relaciones internacionales.
Otras excepciones incluyen la invasión de la privacidad, la información de archivos sobre salud, violaciones a la confianza depositada en los periodistas por las fuentes, e información que cause daño significativo a la economía, como resultado de la revelación prematura de medidas fiscales o impositivas del gobierno, o a los intereses financieros del país.
La constitución de Trinidad y Tobago garantiza la libertad de prensa. (FIN/IPS/tra-en/gj/cb/lp/hd/96)
