El proceso electoral en Ecuador que culminará el próximo día 19, como muchos otros efectuados en los últimos años en América Latina, expone una serie de contradicciones y condicionantes que desvirtúan y arriesgan un fundamento de la democracia moderna.
En efecto, las elecciones, que indudablemente representan una expresión mayor de la democracia, han abierto una amplia puerta hacia la cual convergen de manera descontrolada elementos extraños que atentan contra la voluntad popular y el derecho a una participación real de todos los integrantes de la sociedad.
Es decir, el derecho a elegir y ser elegido, que tanto le ha costado a las sociedades latinoamericanas y que nos asiste a cada uno de sus miembros, está afectado por condicionantes que contrarían la esencia misma de este principio democrático, universalmente aceptado y establecido.
Pero, cuáles y de qué manera se presentan esas condicionantes que contradicen y enturbian la fiesta electoral de nuestros pueblos, poniendo en virtual riesgo la vigencia de sus instituciones democráticas.
Son múltiples, sin duda, pero por la gravedad que revisten y las consecuencias fatales que atrae, consideramos que aquellas se derivan de los excesos en las campañas electorales y de la ausencia de efectivos mecanismos de control y fiscalización.
Decirlo así no resulta aventurado, pues efectivamente, y tal como lo demuestra la historia reciente de la región, el proceso que antecede al ejercicio eleccionario mismo ha sido vinculado con fenómenos criminales como el narcotráfico.
Lo que acontece en Colombia es quizá al momento lo más palpable de lo enunciado. Encontramos aquí algo que constituye una aberración para la democracia, como el hecho de que su presidente esté acusado por utilizar en su campaña dinero proveniente del narcotráfico.
Consecuentemente, que quien ostenta la máxima representación de la soberanía popular enfrente el conflicto de imponer el poder constitucional y el mandato de su pueblo al poder oculto y exigencias de la organización criminal que, indefectiblemente, buscará a cambio de su aporte económico la devolución de favores.
Esto último también es aplicable a lo que acontece cuando grupos de poder económico se parapetan tras las candidaturas con grandes cantidades de dinero, no para apoyar de manera desinteresada un proyecto político de beneficio común sino como una inversión para recuperar ingentes recursos y amplios réditos.
Otro elemento que desvirtúa la práctica democrática electoral es el referido al abuso en la utilización de los medios masivos de comunicación por parte de quienes promocionan sus candidaturas.
Este abuso por un lado constituye una verdadera agresión en contra de los potenciales votantes, pero al mismo tiempo deja al descubierto la falta de órganos reguladores que dejan en completa desprotección a la comunidad.
Por otra parte, los excesos de propaganda en los medios de comunicación marginan a amplios segmentos sociales de una posible opción a lograr un cargo público, ya que encarece el derecho a ser elegidos.
Es indudable entonces que la capacidad, la honestidad y el afán de servicio son cualidades que no bastan para merecer una candidatura, pues peligrosamente han sido relegadas por el insospechado poder que brinda el dinero.
Por tanto, es evidente que el derecho a ser elgido, principio amparado en la Constitución, está siendo menoscabado por una irracional práctica que en muchos de los casos es carente de ética y que con frecuencia presenta tintes de violencia social.
Todo lo descrito hace necesario que el conjunto social a través de sus instituciones democráticas introduzca mecanismos que permitan un control de los excesos de campaña, tanto del gasto económico como de la desmedida e irreal oferta electoral que igual daño causa a la democracia y a su institucionalidad.
De esa forma se puede evitar que los expertos en el marketing político extraigan el cúmulo de necesidades de la población y a partir de ello produzcan un mensaje que no guarda relación con sus ideologías, principios y las posibilidades ciertas de cumplir promesas electorales.
Visto de esta manera el proceso electoral, cabe plantear una reflexión final sobre la necesidad de que la sociedad cuente con un instrumento legal, que al igual que otorgue derecho a elegir por votación popular directa, garantice a "deselegir" de la misma manera a quien incumpla sus ofertas de campaña. (FIN/IPS/jdp/ag/hd/96))
(*) Secretario Ejecutivo de ALDHU
