La nueva ley de reducción de penas en Ecuador deja sin solución el hacinamiento de los centros de rehabilitación el principal problema del sistema penitenciario en este país andino, según los especialistas.
Como "dos por uno" es conocido el sistema que se aplicará de ahora en adelante a los internos que cumplen sentencia en una de las 33 cárceles de Ecuador, que consiste en contar las noches como un día más de condena.
La reducción de las penas en 50 por ciento, según el bloque parlamentario del populista Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE) que promovió esta ley, tiene por objeto solucionar el problema del hacinamiento en las prisiones.
Sin embargo, el jurista Alberto Wray, catedrádico de la Universidad Católica de Quito, dijo a IPS que "el problema se queda sin solución".
"Más del 70 por ciento de los internos en las cárceles de Ecuador aún están en etapa procesal, es decir, no tienen condena y para ellos la nueva ley carece de efecto hasta que les sea dictada una sentencia", afirmó.
Santiago Bucaram, jefe de la bancada del PRE, dijo que con la "dos por uno" más del 30 por ciento de los reclusos irán desalojando gradualmente las cárceles "lo que aliviará en gran medida uno de los problemas más graves del sistema penitenciario nacional".
La rebaja de penas se aplicará cada semestre (junio y diciembre) a aquellos presos que el Consejo Nacional de Rehabilitación considere con buena conducta, sin tomar en consideración el tipo de delito que haya cometido.
Al igual que se tipifican los delitos de acuerdo a nociones culturales e históricas, "la reducción de penas debería contemplar una categorización", sostuvo Wray, para quien las cárceles en Ecuador "estarán repletas de personas sin sentencia y vacías de autores de delitos graves".
Desde su presentación ante el Congreso, la iniciativa de ley para la reducción de penas contó con la oposición de amplios sectores de la sociedad ecuatoriana para los cuales el problema del hacinamiento penitenciario radicaba en la lentitud del sistema.
Asimismo, el gobierno de Estados Unidos manifestó su preocupación por la situación de los procesados por delitos de narcotráfico.
Marcelo Román, quien trabajó en varias prisiones brindando apoyo sicológico a los presos, dijo a IPS que "las penas en Ecuador son muy bajas de por sí y no existe un verdadero trabajo de rehabilitación hacia la población de las cárceles".
En Ecuador, la Ley no contempla la pena de muerte ni la cadena perpetua. La mayor condena es de 16 años y en algunos casos de 25.
"Quiere decir que un homicida con problemas sicológicos puede quedar libre en ocho años, tiempo apenas suficiente para cumplir un verdadero programa de rehabilitación, si existiera", apuntó Román.
El problema de la sobrepoblación carcelaria "seguirá siendo la astilla en el pié". De los 9.000 presos que habitan en las 33 cárceles de Ecuador, 6.300 están en espera de sentencia y "unos 2.000 son inocentes", aseguró Román.
La corrupción dentro de las cárceles "es un hecho conocido y tolerado por las autoridades carcelarias y la nueva ley será una buena oportunidad para comprar reportes de buena conducta que más tarde se traducirán en libertad", añadió. (FIN/IPS/mg/ag/hd- pr/96)
