La inminente detención de tres ministros en Colombia por la denuncia de aportes del narcotráfico en la última campaña electoral radicalizó las posiciones de los dos máximos protagonistas del proceso: el presidente Ernesto Samper y el fiscal general, Alfonso Valdivieso.
Después de 13 meses de iniciado el llamado Proceso 8.000 que investiga la presunta infiltración de dinero del Cartel de Cali en la campaña electoral de Samper, el proceso entró en una fase de descrontrol verbal que se extendió éste jueves a sectores del parlamento y del gobierno.
En el más fuerte ataque a la Fiscalía General, Samper hizo este martes una enérgica defensa de los tres ministros -Rodrigo Pardo, de Relaciones Exteriores, Horacio Serpa, del Interior, y Juan Turbay, de Comunicaciones- y acusó al organismo de estar conviertiendo al "Estado de Derecho en un circo romano".
Según Samper, las investigaciones a sus tres más cercanos colaboradores han estado basadas en "especulaciones originadas en testimonios interesados".
El presidente aseguró que no existen documentos, testimonios, indicios o pruebas de ninguna naturaleza que comprometan a Pardo, Serpa y Turbay en delitos que "han tenido existencia más en los medios de comunicación que en el rigor propio de las investigaciones penales".
En alusión a las declaraciones del ex ministro de Defensa Fernando Botero, Samper dijo además, que los tres ministros fueron llamados con el simple testimonio "de alguien que ha dado suficientes pruebas al país de su excepcional capacidad para fingir y mentir".
Botero, gerente del comando de campaña de Samper, se retractó el 22 de enero de sus declaraciones iniciales en las que defendía al mandatario y aseguró que éste y los ministros conocían la existencia de dinero procedente del narcotráfico.
Las afirmaciones de Samper, fueron calificadas por el fiscal general como "indignas e irrespetuosas con la justicia".
En lo que definió como la actuación "más indebida dentro de su proceso y de su período de gobierno", Valdivieso agregó que Samper dio "un lamentable espectáculo que en nada sirve a los ministros, porque ellos no necesitan defensores de oficio".
El fiscal rechazó que el expediente contra los ministros se basara en rumores y aseguró que "la Fiscalia ha actuado de conformidad con lo que obra en el expediente: con hechos, evidencias y testimonios".
Serpa, por su parte, se manifestó "indignado por la arrogancia y el atrevimiento con que funcionarios de la Fiscalía han enlodado, incluso, la imágen del Congreso" y condenó la forma como se les ha sometido "al escarnio público", al hacer apuestas sobre la hora y el día en que serán detenidos.
"Nosotros no somos delincuentes, somos ciudadanos honestos con una larga trayectoria de servicio a la patria", agregó Serpa, quien reconoció que su detención está próxima.
El presidente del Senado, Julio Guerra, defendió la intervención de Samper, al señalar que "ya era tiempo de que tuviera una oportunidad de defender a sus ministros".
Guerra atribuyó el enfremntamiento del gobierno con la Fiscalía al grado de "politización a que ha llegado el llamado Proceso 8.000", que también ha polarizado a la opinión pública.
El presidente del Senado advirtió que la polarización ha llevado a que antes de que la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Diputados emita su fallo sobre la investigación que sigue a Samper "ya haya sido descalificada por su supuesta parcialidad" en favor del mandatario.
Un telenoticiero afirmó este miércoles que ya el presidente de la Comisión de Acusaciones, Heyne Mogollón, tiene lista una resolución que pide el cierre definitivo de la investigación a Samper por falta de pruebas. (FIN/IPS/yf/ag/ip/96)
