La decisión de la Fiscalía de Colombia de no detener a tres ministros investigados por la presunta participación del narcotráfico en la financiación de la última campaña electoral representa "una luz al final del túnel", según Luis Nieto, abogado del presidente Ernesto Samper.
La fiscalía se abstuvo de ordenar la detención de los ministros Rodrigo Pardo, de Relaciones Exteriores, Horacio Serpa, del Interior, y Juan Turbay, de Comunicaciones, pero los conminó a cumplir con los requerimientos que les haga el tribunal por presunto encubrimiento.
Pardo, Serpa y Turbay fueron acusados por Fernando Botero, gerente financiero de la campaña de Samper y Santiago Medina, tesorero, de conocer la presunta infiltración de dinero del narcotraficante Cártel de Cali en la campaña electoral samperista.
El abogado de Samper, Luis Nieto, afirmó que con la decisión de la fiscalía "comienza a clarificarse la situación política del gobierno" y va "despejando lo que será el panorama para el debate en el Congreso".
Nieto explicó que la medida de cominación es "una especie de advertencia" a que deben estar prestos a "atender cualquier llamado que les hiciere la justicia".
En opinión de Nieto, la decisión es importante "porque va situando las cosas en su sitio" y aclara que las especulaciones sobre "la supuesta conspiración y manipulación desde la campaña presidencial para buscar dinero de origen ilícito y para utilizarlos" no son sustentables.
Según las declaraciones de Botero, gerente de la campaña de Samper, y Medina, su tesorero, Serpa, quien se desempeñaba como jefe de debate, tuvo injerencia en la recaudación y distribución de 3,2 millones de dólares aportados por el Cártel de Cali para las tesorerías regionales.
Pardo fue acusado por Medina y Botero de haber ordenado el pago de avisos para la campaña con dinero del narcotráfico y de haber participado en reuniones en las que se habrían trazado estrategias para "encubrir lo sucedido durante la campaña y obstruir el desarrollo de las investigaciones".
Turbay, secretario general de la campaña, fue acusado de haber participado en reuniones en las que se habrían definido los mecanismos para evadir la ley electoral que señalaba para el debate topes máximos de cuatro millones de dólares.
Para Nieto, la decisión de la fiscalía despeja en parte las prevenciones que existen en algún sector de la opinión pública acerca de la investigación que sigue la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Diputados (cámara baja) al presidente Samper.
En la opinión pública, indicó, existe la sensación "de que la Comisión no ha sido capaz de realizar la investigación con el rigor necesario" y por eso "se esperaba con tanta expectativa la decisión de la Fiscalía", que tiene mayor credibilidad.
"Con esto queda demostrado que no es que la Comisión hubiese fallado en su investigación" sino que realmente "no hay un sustento probatorio del cual pueda agrarrarse ninguna persona para hacer las imputaciones de enriquecimiento ilícito", afirmó Nieto.
Entre los investigadores de la Comisión de Acusaciones, Heyne Mogollón, y Rodrigo Arcila, existen diferencias en relación con el proyecto de resolución que deben presentar sobre la ingadación a Samper.
Mogollón es partidario del cierre de la investigación, que significaría una absolución a Samper por falta de pruebas, mientras que Arcila propone que se enjuicie al mantadario por indignidad.
Para Eduardo Montealegre, abogado del ministro de Comunicaciones, tras la decisión de la Unidad de Fiscales, los tres funcionarios quedan con algunas restricciones.
En caso de viajes al exterior, los ministros deben ser autorizados por la Fiscalía, deben comprometerse a concurrir al proceso cuando sean citados y a no cambiar de residencia sin previo aviso de la autoridad competente.
La decisión causó sopresa en los medios de comunicación, que pronosticaban la detención por lo menos en el caso de Serpa.
Según algunos analistas, la detención de los funcionarios, considerados los más cercanos colaboradores de Samper, habría desestabilizado de manera grave al gobierno.
Para Alejandro Pedraza, presidente encargado de la Central Unitaria de Trabajadores (mayoritaria), la decisión de la fiscalía "es una excelente noticia para el país porque le devuelve buena parte de su tranquilidad y reafirma la confianza en la justicia".
Pedraza, quien reemplaza en la CUT a Luis Obregón, actual ministro de Trabajo, indicó que la decisión "le permitirá a Samper tener un poco más de tranquilidad para seguir con su plan de gobierno". (FIN/IPS/yf/jc/ip/96)
