El gobierno de Colombia recibió con alivio la decisión de la Fiscalía General de no ordenar la detención de tres ministros, pero sectores opositores y empresariales consideraron hoy que la situación del presidente Ernesto Samper continúa incambiada.
Los ministros de Relaciones Exteriores, Rodrigo Pardo, de Interior, Horacio Serpa, y de Comunicaciones, Juan Turbay, no irán a la cárcel pero fueron conminados por el presunto delito de encubrimiento, en la investigación por la denuncia de aportes del narcotráfico a la campaña electoral de Samper.
La actitud de la Fiscalía fue recibida con sorpresa en medios políticos, donde se esperaba al menos la orden de detención domiciliaria para los ministros.
"La medida le da una buena dosis de oxígeno a Samper ahora que se inicia el debate en la Cámara de Diputados, pero aún no puede cantarse victoria", comentó Jesús Ortiz, editor político del diario El Tiempo, el de mayor circulación a nivel nacional.
Según Ortiz, la Unidad de Fiscales adoptó la más leve de las medidas posibles, pero no descartó que la investigación "conduzca gradualmente a otras decisiones más duras".
Jaime Arias, dirigente del Partido Conservador, segunda fuerza política colombiana, consideró que los ministros salieron bien librados con la decisión de la Fiscalía, pero a nivel judicial el caso está "en tablas", pues no se los ha exonerado.
El presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, Juan Ospina, declaró que no comparte la interpretación del gobierno en el sentido de que los ministros fueron exonerados, ya que tras la decisión de la Fiscalía "adquieren la condición de sindicados de delitos muy delicados".
El presidente de la Asociación Bancaria, César González, dijo que la situación sigue siendo muy grave, porque los ministros han sido acusados, aunque no se les haya privado de libertad.
La Sociedad de Agricultores y la Asociación Bancaria integran el Consejo Gremial Nacional, entidad que ha pedido la renuncia de Samper como salida a la crisis desatada por la presunta financiación de su campaña con dinero del narcotráfico.
Luego de conocerse la decisión de la Fiscalía, la Presidencia aseguró en un comunicado que era el "punto de partida de la recta final de un proceso que debe terminar, para bien de Colombia, en la determinación de responsabilidades individuales" sobre lo sucedido en la última campaña electoral.
La tesis de la defensa de Samper consiste en que el dinero del narcotráfico que estaba dirigido a la campaña fue desviado para las cuentas personales del ex ministro de Defensa Fernando Botero y de Santiago Medina, gerente y tesorero respectivamente del comando de campaña del mandatario.
Samper ratificó en sus cargos a Pardo, Serpa y Turbay, quienes habían presentado su renuncia este martes, tras conocer la determinación de la Fiscalía.
"No estamos ni arrogantes ni retadores, estamos tranquilos como lo estuvimos durante estas semanas que no fueron fáciles", declaró Serpa.
Pardo, por su parte, manifestó su confianza en que en lo que resta del proceso se acopien mayores elementos probatorios que permitan descartar definitivamente la acusación de encubrimiento que aún tienen pendiente. (FIN/IPS/yf/ag/ip/96)
