El nuevo gobierno conservador de España mantiene la política de sus antecesores socialistas de demandar justicia en el caso de Carmelo Soria, un diplomático español asesinado por los cuerpos represivos en Chile en julio de 1976.
Así lo informó este lunes Carmen Soria, hija del funcionario de Naciones Unidas (ONU), tras entrevistarse con Jaime Naranjo, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, a quien planteó que el crimen no debe ser amnistiado.
La joven señaló que el nuevo gobierno español, liderado por el derechista José María Aznar, manifestó su más "irrestricto apoyo" a la familia Soria en sus gestiones para que el proceso judicial llegue a buen término.
Aznar dará continuidad así a la posición del anterior gobierno socialista encabezado por Felipe González, quien ejerció presiones diplomáticas hasta conseguir que en 1993 se reabriera el proceso, archivado por la dictadura del general Augusto Pinochet en 1978.
Soria fue secuestrado el 15 de julio de 1976 por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), policía secreta de la dictadura, que lo torturaron hasta causarle la muerte y luego arrojaron el cadáver dentro de su automóvil a un canal de regadío en los alrededores de Santiago.
En diciembre de 1993 el juez Marcos Libedinsky estableció que el crimen fue obra de una brigada operativa de la DINA integrada por el coronel Pablo Belmar y otros dos altos oficiales del Ejército aún en servicio activo.
Libedinsky fue de la opinión, sin embargo, de que el caso debía ser sobreseído (cerrado) sin establecer responsabilidades penales, de acuerdo al decreto-ley de amnistía que la dictadura de Pinochet expidió en marzo de 1978.
La Corte Suprema de Justicia dispuso en cambio que continuara la investigación a cargo de un nuevo magistrado, Eleodoro Ortiz, quien se apresta ahora a dictar sentencia, no descartándose que aplique la amnistía.
La familia Soria y la ONU sostienen que la amnistía de 1978 no es aplicable a este caso, de acuerdo a tratados suscritos por el estado chileno sobre la protección de funcionarios de organismos internacionales.
Naranjo, del Partido Socialista, respaldó esa tesis, sumándose a pronunciamientos similares en los últimos días de senadores y altos dirigentes tanto de su partido como de la Democracia Cristiana, la mayor fuerza política del país.
La amnistía del caso Soría sería "extremadamente grave", dijo Naranjo, explicando que "el Poder Judicial le haría un flaco favor al Estado chileno, ya que esto indudablemente generaría una situación muy compleja en términos internacionales" para el país.
El diputado apuntó que el auditor (fiscal) del Ejército, Fernando Torres Silva, admitió la responsabilidad de su rama en el crimen al reclamar la amnistía y comentar que "los tratados internacionales se interpretan de acuerdo a la legislación interna".
Naranjo advirtió también que cuando los dirigentes políticos se pronuncian contra la amnistía son acusados de presiones contra el Poder Judicial por quienes han guardado silencio ante las demandas de Torres Silva.
El ex vicecomandante del Ejército y senador designado Santiago Sinclair y la derechista Unión Demócrata Independiente sostuvieron que existen presiones de partidos oficialistas sobre el juez Ortiz para impedir la amnistía del caso Soria. (FIN/IPS/ggr/ag/hd/96)
