El presidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, sostuvo como "camino correcto" su política económica, al enfrentar hoy con firmeza la manifestación de casi 3.000 industriales que condenaron las altas tasas de interés, el cambio y el desequilibrio fiscal.
"Construir una industria es tarea de generaciones" que puede ser destruída por "políticas mal conducidas" y la demora de cambios necesarios, advierte el documento "Brasil Industrial: competitividad para crecer", que los empresarios entregaron a Cardoso y a autoridades del Senado y de la Cámara de Diputados.
La reducción de los intereses es el reclamo común de todo el sector productivo, dijo el senador Fernando Bezerra, presidente de la Confederacion Nacional de la Industria, entidad que promovió la movilización empresarial.
Los empresarios señalaron que es exigir demasiado de la industria brasileña competir en la economía internacionalizada con las enormes desventajas que le provocan la política monetaria que eleva los intereses, los tributos exagerados, los costos de transporte y la falta de capacitacion de la mano de obra.
"Es dificil competir" sin transporte ferroviario, con el petróleo costando 40 por ciento más caro que en otros países y con los 'impuestos en cascada", resumió Antonio Ermirio de Moraes, superintendente de Votorantim, el mayor grupo industrial privado de Brasil.
La estructura tributaria arcaica y las altas tasas de interés hacen que en Brasil las inversiones cuesten 50 por ciento más que en los países competidores, incluso del Mercado Común del Sur (Mercosur), apuntó Jorge Gerdau, dueño de un imperio siderúrgico.
Las tasas de interés muy superiores al nivel internacional constituyen una ventaja ofrecida a la competencia externa, cuyas exportaciones se financian en condiciones favorables también en cuanto al plazo.
Esto lo reconoció el gobierno, al reducir este mes de 180 a 30 días el plazo de financiación de las importaciones textiles, procurando condiciones de igualdad para la industria nacional, una medida que provocó la reacción de Uruguay, que amenazó con boicotear los acuerdos externos del Mercosur.
Cardoso aseguró que los intereses primarios brasileños ya cayeron de 4,5 a dos por ciento mensual en los 12 últimos meses y aseguró que "seguirán bajando".
Esa reducción es la única que el Poder Ejecutivo puede impulsar, ya que en los gastos públicos ya agotó su capacidad, sostuvo.
Los industriales reclaman soluciones "definitivas y profundas" para el déficit público, para "sustituir el cambio y las tasas de interés como anclas de la estabilización".
En dos años de Plan Real, "la parte referente al sector público no se cumplió", no se hizo el ajuste fiscal, reprocha el documento de los empresarios.
Cardoso respondió que el gobierno hizo "un sacrificio inmenso" por el equilibrio en las cuentas públicas, incluso no concediendo ningún aumento salarial a sus funcionarios este año, una actitud sin precedentes.
Con las medidas adoptadas será posible reducir a 2,5 por ciento el déficit operacional de este año, contra el doble del año pasado, prometió el presidente, quien añadió que para un mejor resultado son necesarias las reformas constitucionales que se tramitan en el Congreso.
En ese punto coinciden el Poder Ejecutivo y los empresarios, que se reunieron en Brasilia también para presionar al parlamento para que apruebe con rapidez las reformas tributaria, de la seguridad social y de la administración pública, consideradas fundamentales para bajar costos e intereses.
Pero Cardoso justificó la lentitud del Congreso y destacó que la rigidez interna de los parlamentos exige a veces "siete u ocho votaciones de un mismo punto", en un sistema complejo de decisiones que requiere la democracia, especialmente cuando se trata de modificar la Constitución.
El presidente dijo que "son demasiadas las demandas sobre el Congreso, que tiene límites de absorcion", ante tantos cambios que se están sometiendo a su aprobación desde el año pasado.
Pero algunas medidas para reducir el "costo Brasil", que pone en desventaja a las empresas brasileñas, son atribuciones del Poder Ejecutivo, recordó Bezerra.
Los industriales reclamaron mayor rapidez también en el proceso de privatización, que incluye concesiones de servicios y obras públicas, exención fiscal y crédito más fácil para exportaciones, un cambio menos sobrevaluado, aranceles más estables y combate a prácticas desleales de comercio.
Además, defendieron mejoras en la enseñanza y calificación de mano de obra para la competitividad nacional, y mecanismos de consulta al sector privado, cuya ausencia ha debilitado la capacidad negociadora del país en sus relaciones externas, según el documento. (FIN/IPS/mo/ag/ip-if/96)
