El presidente de Argentina, Carlos Menem, respaldó hoy con énfasis al ministro de Defensa, Oscar Camilión, que el Congreso tiene "contra las cuerdas" por el escándalo de la venta ilegal de armas a Ecuador durante el conflicto bélico con Perú a principios de 1995.
A su regreso de América Central, Menem se puso al corriente de las investigaciones realizadas en Fabricaciones Militares, empresa dependiente del Ministerio de Defensa que habría vendido las armas, y expresó su total apoyo al Camilión.
"Bajo ningún punto de vista voy a aceptar presiones para el reemplazo de Camilión, uno de los hombres que mejor cumplió con mis requerimientos", declaró Menem este lunes luego de reunirse con el ministro.
No obstante, admitió que esperara conocer las actuaciones judiciales para decidir las acciones a seguir una vez que señale a los responsables de la operación ilegal por la que se violó el embargo internacional de armas en Ecuador.
Camilión deberá comparecer este martes ante la Comisión de Defensa del Senado y el miércoles ante los diputados. En tanto, se aguarda la decisión del juez Jorge Urso, a quien la Cámara Federal recomendó que cite al ministro.
Pero este lunes se negó a hacer declaraciones y dijo que sólo volverá a hablar con la prensa después que informe a los parlamentarios.
Según declaró el propietario de la empresa ecuatoriana Prodefensa, Roberto Sassen Van Elsloo, el ex interventor en Fabricaciones Militares Luis Sarlenga y su segundo, el coronel Eduardo De La Vega, gestionaron con él la venta de armas, una revelación que descarta la triangulación.
La operación era por 75 toneladas de municiones y 8.000 fusiles FAL, pero el pedido no se pudo completar por la denuncia de prensa conocida en marzo de 1995, lo que motivó un severo reclamo de Prodefensa en el mismo mes de este año.
Sassen denunció, además, que los pertrechos que le llegaron eran obsoletos y nunca se completaron los envíos, pese a que se pagaron por adelantado. Sarlenga y De la Vega le ofrecieron armas iraníes para saldar la deuda, dijo el empresario que ahora asegura haber recibido amenazas de muerte.
El presidente y tres de sus ministros, incluído Camilión, firmaron en 1995 una serie de decretos secretos que autorizaban la venta de armas a Venezuela, pero ese país nunca compró los pertrechos, que fueron a dar a Ecuador, lo que reveló una serie de irregularidades en la tramitación.
El jefe de la Aviación, brigadier Juan Paulik, declaró ante la justicia que comunicó al ministro sus sospechas de que los vuelos con las armas estaban haciendo una escala en Guayaquil, pero Camilión desestimó la advertencia del militar cuando se estaba produciendo el segundo de los cuatro embarques.
Sarlenga, actualmente procesado, es un hombre muy cercano a Menem y cuando en 1994 Camilión pretendió relevarlo por su participación en una frustrada operación no autorizada de venta de armas a Liberia, un pedido al ministro impidió su salida del cargo.
Esa solicitud habría llegado de un emisario del senador Eduardo Menem, según admitió un ex funcionario de Defensa, pero el hermano del presidente niega haber apadrinado la permanencia del funcionario en la fábrica militar.
Sarlenga fue presidente del Banco de La Rioja durante un año mientras Menem fue gobernador de esa provincia.
"Fue un hombre recto que trabajó bien", declaró Menem este fin de semana.
Los senadores de la oposición esperan preguntarle este martes al ministro quien le pidió que se abstuviera de relevar a Sarlenga en 1994 y algunos ya anticiparon el sábado que Camilión estaría encubriendo nada menos que al presidente.
Entretanto, el gobierno de Perú decidió enviar a la presidenta del Congreso de ese país andino, Martha Chávez, con una carta del mandatario Alberto Fujimori dirigida a su par argentino.
Perú había sido un tradicional aliado de Argentina, en particular durante la guerra con Gran Bretaña por las islas Malvinas.
Por otro lado, el diario estadounidense The Washington Post acusó este fin de semana al presidente Bill Clinton de haber tolerado la venta de armas argentinas y húngaras a Bosnia y Croacia en 1993, a través de una red que implicó a Arabia Saudita, Malasia, Brunei y Pakistán.
Los armamentos habrían llegado durante el embargo de la Organización de las Naciones Unidas a los países de la ex Yugoslavia, según revelaron dirigentes bosnios.
La información se relaciona con denuncias conocidas en Argentina desde 1995 respecto de otra operación ilegal realizada por Fabricaciones Militares con un envío supuestamente destinado a Panamá, pero que en realidad fue a Croacia. (FIN/IPS/mv/ag/ip/96)
