A 20 años del golpe de Estado que marcó el inicio de una feroz represión militar en Argentina contra civiles, Francia, Suecia, Italia y ahora también España mantienen sus reclamos de justicia por la desaparición de ciudadanos de sus países en los años 70.
Sin embargo los familiares de las víctimas, resignados a la impotencia jurídica argentina por leyes e indultos que protegieron a los militares involucrados en la llamada "guerra sucia", apuntan ahora a conocer toda la verdad del horror y sobre todo el destino final de sus seres queridos.
La demanda no puede ser desoída por la justicia argentina, ya que el derecho a conocer la verdad no caduca aún cuando los asesinos estén libres por decisión política.
En ese reclamo los familiares encontraron una veta que les permite mantener encendida la llama de la historia.
A fines de abril, al tiempo que asumía José María Aznar la jefatura del gobierno español, diputados de la opositora Izquierda Unida decidieron acompañar la demanda de una comisión de familiares de desaparecidos españoles en Argentina para que se juzgue en Madrid a los militares.
El periodista argentino Rogelio García Lupo, corresponsal en Buenos Aires del semanario Tiempo de España, manifestó a IPS su impresión de que entre los miembros del GAL -los grupos paramilitares creados para combatir el separatismo vasco- pudo haber militares argentinos actuando como asesores.
García cree que el juez Baltasar Garzón, que investiga la causa de los GAL y ahora también la de los desaparecidos españoles en Argentina, habría encontrado datos que darían relevancia y actualidad a las denuncias de los familiares de las víctimas.
Se trata de 27 españoles y más de 200 argentinos con la doble nacionalidad que son asumidos como ciudadanos de ese país a pesar de que la embajada hispana en Buenos Aires sólo presentó hábeas corpus por los 27 nacidos en España.
Los legisladores izquierdistas consideraron que el juez Garzón deberia procesar a los militares, pero los familiares creen que más que la justicia con su lucha permanente conseguirán por fin conocer toda la verdad, y que nunca se olvide el trágico destino de unas 30.000 personas.
En diálogo con IPS, Consuelo Castano Blanco, una española que logró sobrevivir a su secuestro durante el último régimen militar (1976-83), relató la historia de la desaparición de su esposo, su propio cautiverio y el de sus hijas de tres, cuatro y cinco años.
"Estaba sola con mis hijas esperando a mi esposo, entraron a mi casa unos 20 hombres, me encapucharon, me golpearon, me arrojaron al suelo, y, como no me preguntaban por él, enseguida me di cuenta de que ya lo tenían. Era en 1979 y ya se sabía de los secuestros", recordó Consuelo.
Estuvo desaparecida 45 días hasta que la presión de sus padres en medios periodísticos y organismos humanitarios internacionales permitió que fuera trasladada a una cárcel común y juzgada por un insólito Consejo de Guerra que la condenó a 18 años de prisión.
La salvó la democracia en 1983. Sólo entonces, tras cuatro años de arbitraria condena, fue puesta en libertad. Su esposo, Regino González, permanece desaparecido.
Regino había sido candidato a diputado por el gobernante Partido Justicialista en 1973. Consuelo es maestra.
En 1988 ella escribió un libro en el que relata su calvario. Se llama "Más que humanos" y nunca fue presentado en España pese a haber sido editado por el Instituto de Cooperación Iberoamericana.
"Lamentablemente España no hizo nada por sus desaparecidos. Recién ahora, por presión del Parlamento Europeo, que decidió realizar en Madrid en febrero un seminario sobre impunidad en América Latina, parece haber despertado", manifestó Consuelo.
Dionisia López, de 68 años, se confunde con su pañuelo blanco entre las madres de Plaza de Mayo. Sólo cuando habla se reconoce su acento gallego. Su hijo Antonio, nacido en El Ferrol de Galicia, desapareció a los 23 años, en 1976, junto a su joven esposa, ambos trabajadores de un barrio pobre.
Tanto ella como Consuelo desconfían de que se vaya a juzgar a los militares en España, pero si creen que los procesos ayudarán a que se conozca toda la verdad. "Por más doloroso que sea, yo quiero saber dónde están los restos de mi hijo y de su esposa", asegura Dionisia a IPS.
La misma demanda moviliza a los familiares de dos monjas francesas desaparecidas en Argentina.
En Francia, el capitán Adolfo Astiz, responsable del secuestro y crimen de las religiosas, fue condenado en ausencia y ahora tiene pedido de captura internacional, pero en Argentina está libre por la ley de obediencia debida que exculpó a los violadores de derechos humanos.
Del mismo modo, en Italia comenzó la semana pasada una audiencia que debe definir si se procesa o no a los militares argentinos por la desaparición de ciudadanos italianos en este país durante el régimen militar. Los fiscales ya estuvieron buscando pruebas y recogiendo testimonios en Argentina.
Por último, la televisión sueca emitió en la segunda semana de este mes un programa con nuevos testimonios sobre el crimen de la joven sueco-argentina Dagmar Hagelin, secuestrada de su domicilio también por Astiz en 1976.
Las revelaciones del ex capitán Adolfo Scilingo, quien hace poco más de un año confesó que muchos detenidos eran arrojados vivos al mar, permitieron conocer que Dagmar fue incinerada en la Escuela de Mecánica de la Armada, donde funcionaba el más grande centro clandestino de detención.
Los abogados de la familia pidieron que la justicia haga un allanamiento para conocer si ese fue el sitio donde terminó sus días la joven. En el programa, un amigo de Astiz -Juan Aberg Cobo- admitió que Hagelin había sido secuestrada por error, porque figuraba en la agenda telefónica de una "guerrillera". (FIN/IPS/mv/dg/ip-hd/96)
