Incidentes fronterizos con heridos y muertos, altos ingresos ilegales a Estados Unidos y la cercanía de reuniones regionales sobre el tema plantean la urgencia de encarar el fenómeno migratorio a fondo, según analistas mexicanos.
El investigador Rodolfo Tuirán Gutiérrez, experto del Consejo Nacional de Población, dijo a IPS que el proceso electoral estadounidense, donde el asunto se usa con fines proselitistas, no debe demorar un enfoque totalizador del problema.
"Con acusaciones mutuas no avanzaremos un paso en el tratamiento de un proceso inevitable que puede ser manejado provechosamente", destacó.
Tuirán Gutiérrez senaló que la creación en 1995 de un organismo bilateral de especialistas de ambos países para analizar problemas migratorios fue buena señal, pero aún no hay un estudio global.
El tercer trimestre del año habrá en Puebla, 127 kilómetros al sureste de la capital mexicana, una reunión técnica sectorial para dar seguimiento a acuerdos alcanzados a mediados de marzo en aquella ciudad por los diez países del norte y centro de América.
Un 70 por ciento de la migración a Estados Unidos corresponde a mexicanos mientras el resto se distribuye entre centroamericanos y, en menor medida, personas provenientes de América del Sur y Asia.
La línea adoptada en Puebla, más allá de condenas y promesas sobre derechos humanos, mostró el predominio del "legalismo" del gobierno de Estados Unidos, básicamente represivo, al priorizar como fundamental un rígido castigo al tráfico de indocumentados.
Vicecancilleres y responsables migratorios se reunirán nuevamente en Panamá los primeros meses de 1997, oportunidad en que serán invitados como observadores algunos países sudamericanos.
Según el cónsul mexicano en Los Angeles, José Pescador, al ritmo actual los migrantes foráneos ingresados a Estados Unidos después de 1970 y su descendencia llegarán a 130 millones en el año 2050, un tercio de su población total, que será de 390 millones.
El informe dice que siete millones de personas nacidas en México radican en territorio estadounidense. De ellas 5,5 millones son residentes legales (algunos de ellos naturalizados), en tanto que más de 20.000 mexicanos al año adquieren la nueva ciudadanía.
La población de origen latinoamericano es en Estados Unidos superior a 25 millones, aproximadamente diez por ciento del total, y crece a mucho mayor ritmo que el promedio nacional.
Las cifras de migrantes ilegales en Estados Unidos están sujetas a evaluaciones disímiles, ya que surgen de un procedimiento de análisis indirecto al tratarse de un fenómeno semiclandestino.
Por ejemplo, la autoridad migratoria de Estados Unidos da cifras mayores de indocumentados que las mexicanas, puesto que los estima en 2,5 millones (un millón más), y evalúa su ingreso anual en medio millón, contra 300.000 que calcula el gobierno de México.
Hay definiciones distintas de lo que es un migrante ilegal, ya que muchos trabajadores indocumentados entran y salen por la frontera común de 3.200 kilometros al ritmo de la demanda laboral.
La campaña presidencial estadounidense para la elección de noviembre potenció la fobia antinmigrante, que radicaliza el racismo derechista, sobre todo republicano, y endurece al gobierno demócrata de Bill Clinton, en busca de renovar su mandato.
Además, incidentes con violaciones de los derechos humanos de los indocumentados, algunos videograbados, causaron numerosos heridos y algunos muertos, motivando diferendos diplomáticos, con intercambio de notas de protesta y explicaciones.
El Congreso de Estados Unidos dictó una ley que niega servicios básicos, como educación y salud, a los ilegales y su descendencia.
Los migrantes hacen trabajos rechazados por los estadounidenses, con salarios y prestaciones sociales mucho mayores que en sus países de origen pero considerablemente inferiores a lo establecido por ley, lo que beneficia a los empleadores al reducir costos.
Cada año los indocumentados envían a México giros familiares por 4.000 millones de dólares, hecho que se repite con diversas cifras en América Central y es una de las fuentes principales de divisas.
Ademas de endurecer la acción policial, la política migratoria estadounidense acentúa el control de documentos de trabajo, reduce incentivos, agiliza deportaciones, restringe fraudes en solicitudes de asilo, automatiza el seguimiento y pena a firmas infractoras.
Según El Colegio de la Frontera Norte, entidad académica con sede en la ciudad limítrofe de Tijuana, los migrantes mexicanos en Estados Unidos generan productos por valor de 30.000 millones de dólares y reciben salarios equivalentes a 16.000 millones.
Su análisis, conocido estos días, calcula que cada año hay un millón de intentos de ingreso ilegal a Estados Unidos, en gran parte frustrados, y una población flotante de 3,5 millones que se desplaza por ciclos en ambas direcciones a través de la frontera.
El estudio revela que la distribución por actividades de los migrantes sufrió cambios sustanciales los últimos años.
Mientras la década pasada la mayoría se dedicaba a tareas del campo, actualmente 32 por ciento se emplea en la industria, 29,8 en el sector comercio y servicios y sólo 16,3 por ciento en el agro.
Un 85 por ciento de los que regresan a México esperan obtener en el futuro un nuevo empleo en Estados Unidos, lo que explica su reincidencia: siete de cada diez migrantes cruzaron o intentaron cruzar la frontera al menos en cinco ocasiones. (FIN/IPS/emv/dg/pr- ip/96)
