El rápido traslado -el 12 de febrero- de dos oficiales pertenecientes al ejército rebelde serbobosnio, del lugar de su detención por el gobierno de Bosnia-Herzegovina, a la custodia del Tribunal Internacional de Crímenes de Guerra de La Haya, fue aparentemente una operación exitosa.
Sin embargo, planteó cuestiones éticas y jurídicas que no pueden ser desatendidas. En el momento en que fueron sacados de Bosnia-Herzegovina, ninguno de los dos oficiales había sido acusado formalmente por el Tribunal, si bien uno de ellos, el general Djordje Djukic, fue procesado posteriormente.
"Al saber de su detención, el fiscal pidió su arresto provisional como sospechosos y envió investigadores a Sarajevo", dijo el Fiscal del Tribunal, Richard Goldstone, el 14 de febrero.
"El traslado de los dos hombres a La Haya, y su detención en esa ciudad, fue ordenado por un juez del Tribunal Internacional después de haber sido formalmente citados por el fiscal para ser interrogados bajo las normas del Tribunal", añadió.
La regla 39 de las Reglas de Procedimiento y Prueba del Tribunal permite que el fiscal "cite e interrogue a los sospechosos, víctimas y testigos" y que "solicite esas órdenes, cuando lo estime necesario, a una Cámara o a un Juez".
La regla 40 le autoriza a "solicitar a cualquier Estado… el arresto provisional de un sospechoso", una solicitud que "el Estado involucrado cumplirá debidamente".
El general Djukic fue acusado de planear y colaborar con el bombardeo de objetivos civiles, incluso los cometidos durante el sitio de Sarajevo. No obstante, contra lo que se creyó mientras estaba detenido en Bosnia-Herzegovina, el alto oficial se negó a cooperar con el Tribunal una vez que llegó a La Haya.
Goldstone recordó que "las reglas del Tribunal no señalan límites específicos al tiempo que las personas pueden ser mantenidas bajo custodia en estas circunstancias".
Esto provoca dudas a quienes son conscientes de que la detención continuada por una finalidad relacionada con la investigación es una de las formas de coacción para obtener una confesión.
Por lo tanto, un fiscal podría justificar una prolongada detención con fines investigativos sobre la base de que tal práctica existe en algunos sistemas legales y que el detenido no ha sido sometido a abusos físicos.
Esa opción no fue utilizada en el caso del coronel Aleksa Krsmanovic, que fue arrestado junto con Djukic pero no fue procesado por falta de pruebas.
Por no prestarse a cooperar como testigo, el Tribunal le envió este jueves de regreso a la custodia de las autoridades de Bosnia- Herzegovina, que igualmente podrán someterle a juicio.
No obstante, Goldstone puede confiar en que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas le respaldará si decide volver a utilizar la flexibilidad de la regla 42.
Similar confianza puede haber sostenido sus esfuerzos para asegurar la custodia de dos oficiales del ejército serbobosnio que fueron arrestados en Serbia por su supuesta relación con los crímenes cometidos después de la caída de Srebrenica.
Esos dos hombres son Drazen Erdemovic, un bosnio de etnia mestiza serbocroata, de 24 años, y Radoslav Kremenovic, de 28, nacido en Bosnia-Herzegovina pero residente en Serbia. Ambos dijeron que deseaban dar testimonio ante el Tribunal. En el caso de Erdemovic, se trata también de un criminal de guerra.
Erdemovic confió a la cadena de televisión ABC que había matado personalmente a unas 70 personas, a balazos, en la masacre perpetrada el 20 de julio de 1995 en una finca de Pilice, cerca de Srebrenica.
Los dos hicieron contacto con ABC con la intención de contar su historia, pero pronto fueron arrestados por el Servicio de Seguridad del Estado Serbio.
Erdemovic fue acusado de crímenes contra civiles bajo el código penal yugoslavo, y se informa que se declaró culpable. En cuanto a Kremenovic, fue acusado de encubrir al anterior.
Goldstone citó a los dos oficiales bajo la regla 39 y pidió a Serbia que los enviara a La Haya. Los dos fueron entregados por las autoridades de Belgrado el 30 de marzo.
Hasta el momento ninguno de los dos ha sido procesado, y son interrogados en calidad de testigos cuyo testimonio podría servir para sustanciar el enjuiciamiento de otros serbios que son acusados en conexión con las atrocidades de Srebrenica.
Entre ellos que se cuentan el líder serbobosnio Radovan Karadzic y el jefe del ejército rebelde, general Ratko Mladic.
El fiscal adjunto Graham Blewitt hizo notar, acertadamente, que al no haber sido procesados, "no es correcto referirse a ellos como personas extraditadas".
En todo caso, en La Haya la palabra "extraditado" significa "trasladado". El Tribunal es un órgano judicial internacional, no se trata de un tribunal estatal, y la extradición no puede tener lugar entre este tribunal y estados independientes.
Por lo tanto, no tiene ninguna relevancia el hecho de que el Derecho serbio pueda impedir la extradición.
En el caso de estos militares, ellos mismos quisieron ser traídos a La Haya debido al temor que sentían por su seguridad personal, un deseo al que accedió el presidente serbio, Slobodan Milosevic, el 30 de marzo. – – – – – – – (*) John Carey es director de U.N. Law Journal. Esta nota llega a IPS a través del Instituto de Información sobre la Guerra y la Paz (IWPR), con sede en Londres, que publica WarReport y revistas judiciales. (FIN/IPS/tra-en/wr/rj/arl/ip-hd/96)
