El Fondo Monetario Internacional (FMI) define un crédito a Venezuela que podría devolver a este país la bendición de los mercados mundiales, mientras las naciones industralizadas estudian cómo lidiar con crisis similares a la producida en México en 1994.
El director gerente del FMI, Michel Camdessus, dijo en la reunión anual de la entidad financiera y el Banco Mundial que un nuevo crédito "stand by" de 1.400 millones de dólares a Venezuela podría ser aprobado el próximo mes por la junta ejecutiva y "restaurar la confianza internacional" en el país.
El préstamo podría ser respaldado con, al menos, otros 1.600 millones de dólares que serían suministrados en los próximos 12 meses por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El esperado anuncio fue efectuado mientras el Grupo de los 10 (G-10) países más industrializados difundieron un estudio que insumió 10 meses de trabajo sobre cómo abordar una crisis financiera similar a la que devino en el colapso del peso mexicano en diciembre de 1994.
El G-10 sostuvo que tanto los países deudores como los acreedores no deberán esperar otras grandes intervenciones internacionales para apoyar el valor de sus monedas, como el paracaídas de 50.000 millones de dólares aportado el año pasado a México.
El FMI ensambló en febrero un paquete de créditos de emergencia sin precedentes que reunió recursos propios, del Tesoro de Estados Unidos y procedentes de un fondo financiero que cuenta con contribuciones del G-10.
"Ni los países deudores ni sus acreedores deben prever que serán protegidos en caso de una crisis a través de financiamiento oficial a gran escala", según un informe del G-10.
Al mismo tiempo, el G-10 abrió la puerta a la posibilidad de que en crisis similares se apruebe un congelamiento de los pagos de deuda. "En casos excepcionales, una suspensión temporaria de los pagos de deuda podría ser inevitable como parte del proceso de solución de una crisis", según el informe.
Ello se produciría "como forma de ganar tiempo hasta establecer un programa de ajuste creíble", agregó.
La posibilidad de un acuerdo de "paralización" ("standstill") en ese sentido fue denunciado la semana pasada por una asociación de casi 200 de los más importantes bancos del mundo, según los cuales el FMI y el G-10 no deberían afrontar una operación de rescate extraordinaria como la de México.
El director del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF), Charles Dallara, dijo en Washington que una operación por el estilo no era "deseable ni repetible".
El IIF sostuvo que la asistencia a México se debió a la proximidad del país latinoamericano con Estados Unidos y a "la percepción del mundo de que su reforma económica lo convertía en un mercado emergente ejemplar".
"La repetición de estas circunstancias parece altamente improbable, por lo cual la solución de algún caso sobre la base del mexicano es equivalente a pelear una guerra perdida", según el instituto.
El IIF agregó que "nuevos procedimientos que puedan interferir con el funcionamiento del mercado y minar obligaciones contractuales son totalmente innecesarios".
El propio instituto reclamó al FMI que presione a los países para que suministren mayor información y en forma más puntual a los inversionistas sobre sus comportamientos económicos. Ello reduciría las posibilidades de una crisis de liquidez como la que sufrió México, según funcionarios del FMI y el IIF.
El FMI aprobó este lunes un nuevo plan para mejorar la calidad y puntualidad de la información económica al fijar criterios que regirán en adelante los reportes mensuales y trimestrales, e incluirán datos sobre deuda externa, reservas y gasto público que algunos países se resisten a aportar.
El anuncio del retorno de Venezuela al FMI se produjo tras meses de esfuerzos intensos de la entidad y el gobierno del presidente Rafael Caldera para establecer un plan de austeridad.
Los negociadores previeron que estas medidas no provoquen inquietud civil y disturbios como los que se produjeron con el último ajuste importante realizado en Venezuela, en 1989, durante la presidencia de Carlos Andrés Pérez.
Un componente clave del plan acordado incluye grandes aumentos del precio del combustible, que cuesta alrededor de tres centavos de dólar el litro en este país riquísimo en recursos petrolíferos.
Durante su campaña para la elección de 1993, Caldera prometió intervención del gobierno para mantener los precios bajos, en especial los de productos básicos. Pero el país sufrió fuga de capitales y una gran crisis bancaria, lo cual le obligó a una marcha atrás.
Durante el año pasado, el gobierno liberó sus controles sobre sectores clave de la economía y se acercó al FMI.
El financiamiento del Banco Mundial y el BID se destinará, en primer término, a aliviar el costo del ajuste sobre la población pobre a través de proyectos sociales, la reforma del sistema bancario y proyectos de infraestructura en materia de energía y transporte. (FIN/IPS/tra-en/jl/yjc/mj/if/96)
