Millares de pasajeros quedaron bloqueados hoy en los aeropuertos de Venezuela, porque sus principales aerolíneas comerciales paralizaron los vuelos domésticos en protesta por un recorte de tarifas ordenado por el gobierno.
"Lamentamos el efecto sobre los usuarios, pero no podemos operar por debajo de los costos", dijo Jorge Alvarez, director de la Cámara de Transporte Aéreo, que reúne a las siete aerolíneas que mueven más de 95 por ciento del pasaje en el país.
Apenas dos vuelos de pequeñas aerolíneas despegaron poco después del amanecer desde el aeropuerto caraqueño Simón Bolívar, rumbo a Barinas, en el suroeste del país, y la nororiental isla de Margarita, mientras la mayoría de los pasajeros de las principales empresas optaban por regresar a sus hogares.
Dueños de 176.000 camiones paralizaron o disminuyeron el trabajo de sus unidades para imponer nuevas tarifas y los pesqueros amenazan con detener sus faenas si no baja el precio del gasoil.
Por su parte, los transportistas del este del país hicieron una huelga porque consideran insuficiente su subsidio por concepto de gasolina.
Los comerciantes del pan y el pescado, en cabeza de los detallistas de alimentos, permanecen entretanto enzarzados en una pelea con harineros y mayoristas, por el reparto de costos, culpas y sacrificios que podrían contener los precios.
Los precios de los alimentos subieron un promedio de 30 por ciento en dos semanas y en Caracas se presagiaban alzas mayores porque de los centenares de camiones que cada día llegan a su principal mercado, al menos 80 optaron por dirigirse a plazas menos distantes de los centros de acopio agrícola.
Todas esas medidas son reacciones ante medidas económicas de ajuste que el presidente Rafael Caldera ordenó el día 15: quintuplicación del precio de los combustibles, devaluación y libre cambio de la moneda y liberación de las tasas de interés.
La parálisis empresarial, en el sector transporte, toma relevo de los conflictos de obreros, empleados y profesionales al servicio del Estado, así como de los docentes, que mantuvieron en vilo al país durante el último mes y medio.
Este sábado, reuniones entre el gobierno y los sindicatos daban toques finales a un acuerdo que acaba con la huelga de 188.000 maestros y permitirá reanudar las clases el lunes.
Mientras tanto, varios organismos atendían un conflicto que cerró el hospital Universitario de Caracas, uno de los principales del país.
Hace una semana, el gobierno desactivó con concesiones la huelga con la que amenazaban un millón de otros trabajadores del sector público.
El gobierno buscó desmantelar los conflictos laborales antes de que comience a sentirse el impacto de las medidas, de efecto inmediato sobre los precios, en un país que ostenta la inflación más alta de América Latina.
Dicha inflación anualizada fue de 78 por ciento y de ocho por ciento intermensual en el primer trimestre de 1996.
Las medidas procuran abatir la inflación a lo largo del segundo semestre de 1996 limitando el déficit fiscal, para lo que se buscaron mayores ingresos por la vía de la gasolina y un aumento en el impuesto a las ventas, pendiente de sanción parlamentaria.
Estas medidas se tomaron en el marco de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que prestará 1.400 millones de dólares para apuntalar las reservas y servirá como aval para solicitar más dinero a otros organismos multilaterales.
A cambio, Caldera echó por la borda dos años de reticencias e indefiniciones y con una "terapia de shock" regresó el país a la senda económica neoliberal.
En ese clima, las empresas de servicios reaccionaron moviendo sus tarifas, pero el marco regulatorio obliga a que varias, como las proveedoras de luz eléctrica, deban solicitar autorización oficial para ajustar el precio del fluido.
Las aerolíneas decidieron hace una semana duplicar los precios de sus pasajes, con base en una resolución gubernamental de 1991 que les autoriza a cambiar los precios cuando se alteren los de insumos como combustible, la paridad cambiaria o las tasas de interés, dijo Alvarez.
Un boleto para ir de Caracas a Margarita, a 35 minutos de vuelo, pasó a costar 68 dólares, mientras que cuesta 150 un viaje ida y vuelta a San Antonio, en la frontera con Colombia y a cerca de una hora de vuelo.
Pero el gobierno ordenó el viernes que los pasajes sólo podían incrementarse 60 por ciento sobre los precios del día 22, cuando entró en vigor la liberación cambiaria, que significó una devaluación lineal cercana a 70 por ciento.
La respuesta de las aerolíneas fue inmediata, y este sábado paralizaron sus labores para presionar por una rectificación, "y porque no podemos trabajar a pérdidas para arruinar nuestras empresas", subrayó Alvarez.
Recordó además que las aerolíneas que trabajan tanto dentro de Venezuela como hacia Estados Unidos encaran exigencias de calidad y seguridad de parte de las autoridades estadounidenses, que han colocado a este país sudamericano bajo observación. "Eso requiere inversiones en divisas", recalcó.
Domingo Uzcátegui, director del aeropuerto Simón Bolívar, dijo que afortunadamente el movimiento de pasajeros es pequeño los sábados, dándose por descontado que el gobierno deberá encarar la huelga empresarial antes del lunes. (FIN/IPS/hm/dm/if/96)
