Venezuela apenas comenzó a encajar los ajustes económicos que la devuelven a la senda neoliberal, pero mientras la población digiere ese "trago amargo" el gobierno anunció que a esas medidas seguirán nuevas restricciones.
El ministro de Planificación, el socialista Teodoro Petkoff, ordenó a sus colaboradores preparar un plan de mediano plazo para reducir, de 1,3 millones a 800.000 personas, la nómina de empleados y obreros al servicio del Estado.
El precio de la gasolina fue quintuplicado desde el día 16, un alza sin precedentes en Venezuela, y cinco días después se anunció que ese valor seguirá ajustándose según un pacto entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Pilares del ajuste son libertad cambiaria, con apreciación del dólar de 42 por ciento (de 290 a 500 bolívares), tasas de interés libradas al juego del mercado en un marco inflacionario de 78 por ciento anual, nuevos impuestos y alza de la gasolina y de tarifas de servicios públicos.
Los objetivos son reducir el déficit fiscal de siete a dos puntos del Producto Interno Bruto (de un tercio a un décimo del presupuesto 1996), abatir la inflación y reanimar la economía.
El ciudadano venezolano común permanecía estupefacto ante anuncios como que el pescado duplicará su precio y las tarifas de electricidad subirán 40 por ciento, mientras los fabricantes de medicinas proponían 97 por ciento de aumento para los fármacos.
El transporte urbano de pasajeros se beneficia de un subsidio directo del gobierno, como compensación por los nuevos precios de la gasolina, pero el alza en fletes presagiaba un alza muy brusca en los precios de alimentos y materiales de construcción.
Ese choque llega a los venezolanos como el segundo desde que en 1989 se les sometió a otro programa de ajustes pactado con el FMI, y al cabo de dos años de prédicas, por el gobierno de Rafael Caldera, en favor de la gradualidad y en contra de las políticas de "schock".
Pero además llega como inicio de un programa de reformas apenas esbozado y que avanzaría sobre medidas de ajuste que se profundizarían o serían acompañadas de otras, igualmente severas.
Por ejemplo, no se ha aplicado una congelación de salarios o de la contratación colectiva, medida estudiada por el gobierno aunque temporalmente desestimada a pedido de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, según dijo su secretario general, Carlos Navarro.
En cambio, el anuncio de que la gasolina subiría de precio una sola vez este año ya fue borrada por Petkoff, quien dijo que "cada cierto tiempo" se ajustará el valor del combustible.
Ello porque el pacto con el FMI establece que la gasolina se venda en el mercado doméstico a 85 por ciento de su valor de exportación, pero los precios del día 16 comenzaron a rezagarse con la devaluación de una semana después.
La medida es emblemática, porque Caldera, un socialcristiano de 80 años que fue partidario de recetas económicas populistas, criticó siempre la "insensibilidad social" del FMI y defendió la gasolina barata y subsidiada durante su campana electoral de 1993 y al asumir el poder en febrero de 1994.
Ahora el FMI anunció respaldo a la "agenda" de Caldera y la firma dentro de pocas semanas de un préstamo a Venezuela por 1.400 millones de dólares, después que el mandatario desechó el gradualismo e incluyó la gasolina en su paquete de ajustes.
El combustible también provocó la primera discrepancia pública en el gabinete económico que Caldera remozó en marzo, porque su ministro de Energía, Erwin Arrieta, dijo este lunes que gasolina y electricidad sólo aumentarán una vez, mientras Petkoff informaba de lo contrario a inversionistas.
Petkoff también destacó que Venezuela, de 22 millones de habitantes, "alberga un Estado monstruoso, de 1.300.000 funcionarios", mientras que Estados Unidos, potencia industrial que decuplica esa población, tiene 2.300.000 funcionarios.
"En un tiempo prudencial la nómina debe reducirse a 800.000 personas, aunque eso no puede hacerse de la noche a la mañana", dijo Petkoff.
Según el ministro, el programa de reducción trascendería este gobierno -al que restan tres años- e implica "unas batallas tremendas con el sector sindical", donde habría "mafias que utilizan la bandera de los derechos de los trabajadores para defender a un montón de zánganos".
En Venezuela, cuya población económicamente activa es de unos ocho millones de personas, el desempleo abierto es de 11 por ciento según el gobierno y 19 por ciento según los sindicatos, en tanto 52 por ciento de quienes laboran lo hacen en el sector informal de la economía. (FIN/IPS/hm/dg/if/96)
