La mayoría oficialista en el Congreso de Perú alteró hoy el mecanismo de participación directa creado por la Constitución de 1993, al establecer que la convocatoria de referendos requiere el respaldo de dos quintos de los parlamentarios.
El acuerdo adoptado este jueves cierra el paso a la campaña de recolección de firmas iniciada por los trabajadores petroleros para impedir la privatización de Petroperú y revela las dudas del régimen en cuanto a obtener respaldo ciudadano en ese tema.
El recurso del referendo, que la mayoría oficialista en el Congreso modificó sustancialmente al condicionar su iniciativa civil, fue propuesto por el presidente Alberto Fujimori para debilitar a los partidos, hasta entonces presuntos voceros e intermediarios de la voluntad ciudadana.
"Los partidos están obsoletos, ya no representan a la voluntad ciudadana y serán sustituídos por mecanismos de consulta popular en un sistema de democracia directa", expresó Fujimori en 1992, para justificar la ilegal disolución del parlamento que llevó a cabo con el apoyo de las Fuerzas Armadas.
El referendo fue puesto en práctica en 1993, para ratificar la propia Constitucion, y tiene como antecedente una consulta popular convocada en 1991 por Fujimori para modificar una ley de demarcación territorial en el departamento de San Martín aprobada por el parlamento durante el gobierno anterior.
En ambos casos las convocatorias fueron efectuadas por el gobierno central, encabezado por Fujhimori, para respaldar sus propias decisiones.
El ahora frustrado referendo en contra de la privatizacion de Petroperú iba a ser el primer caso de una consulta popular originada por una iniciativa opositora.
Según la Constitucion de 1993, los ciudadanos podían pronuncianciarse sobre las medidas de gobierno mediante un referendo, que para su convocatoria requería sólo del respaldo de 10 por ciento del electorado nacional, que equivale en este momento a 1,2 millones de personas.
En consecuencia, la movilización iniciada por los trabajadores de Petroperú, y secundada por otros sindicatos, las organizaciones estudiantiles y los partidos de izquierda, para conseguir dos millones de respaldo, enfrenta un problema legal.
La proyectada privatización de Petroperú despertó mayor oposición que la venta de otras importantes empresas estatales, ya efectuadas, probablemente porque el tema del petróleo tiene muchos ingredientes emocionales en la historia política peruana, a lo que se suma la oposición de sus 4.000 trabajadores.
Los trabajadores de Petroperú temen ser despedidos por la empresa que compre las refinerias, empresas subsidiarias de servicios y los derechos de explotación de los yacimientos, y señalan que en los últimos años la empresa ha despedido más de 6.000 personas "para hacer atractiva la venta".
Ante la difusión de resultados de diversas encuestas, que revelaban una inesperada oposición ciudadana a la privatización de Petroperú, la mayoría oficialista ensayó un argumento político para frustrar la convocatoria del referendo.
Los dirigentes de la bancada oficialista señalaron que la Constitución excluía los temas presupuestales y tributarios de los mecanismos de consulta popular.
El parlamentario Jorge Trelles, del movimiento Cambio 90 creado por Fujimori, sostuvo que "las privatizaciones no pueden ser objeto de referendos porque al constituir una venta, cuyos ingresos están destinados al fisco, forman parte del tema presupuestal".
El argumento no pareció suficiente, pues los sindicatos petroleros y los estudiantes siguieron activos en la recolección de firmas, de modo que este jueves el parlamento le cerró el paso definitivamente.
Las primeras reacciones han sido de opositores parlamentarios y analistas políticos independientes, y se desconoce las actitudes que asumirán el sindicato petrolero y los estudiantes de las universidades nacionales, que aseguran haber recolectado ya más de 400.000 firmas.
"El gobierno de Fujimori ha demostrado miedo a la opinión popular, porque las encuestas revelan que un 70 por ciento de los ciudadanos se opone a la privatización de Petroperú", dijo a IPS el parlamentario izquierdista Henry Pease.
Daniel Estrada, ex alcalde de Cusco y coordinador de la bancada de Unión Por el Peru, movimiento liderado por el ex secretario general de las Naciones Unidas Javier Pérez de Cuellar, anticipó una movilización popular en contra de la decisión adoptada este jueves por la mayoria oficialista.
Antero Florez, lider del Partido Popular Cristiano, señaló que aunque está a favor de la privatización de Petroperú, su partido "se opone a la liquidación del derecho ciudadano de convocar los mecanismos de consulta popular". (FIN/IPS/al/ag/ip/96)
